El juzgado de lo penal número 3 de Pontevedra ha condenado a dos años de cárcel y ocho de inhabilitación al expresidente de la Diputación de Pontevedra Rafael Louzán, del PP, por los delitos de prevaricación y fraude.
La sentencia concluye que Louzán, actual presidente de la Federación Gallega de Fútbol, concedió una subvención de 86.311 euros para realizar unas obras en el campo de fútbol de Moraña que, en su mayor parte, ya habían sido ejecutadas con anterioridad.
La misma condena ha sido impuesta a la exalcaldesa de Moraña y actual delegada de la Xunta en Pontevedra, Luisa Piñeiro, y al entonces director del servicio de Infraestructuras de la Diputación de Pontevedra, Manuel Ángel G.J.
Ambos han sido considerados por la jueza como cooperadores necesarios del delito de prevaricación y autores de un delito de fraude.
A la misma pena de prisión, dos años, ha sido sentenciado el administrador y un empleado de la adjudicataria del proyecto, la constructora Eiriña, así como el arquitecto que lo firmó; todos ellos inhabilitados para obtener subvenciones y ayudas públicas durante cuatro años.
La magistrada, por su parte, ha condenado a un año de prisión y a dos años de inhabilitación para obtener ayudas públicas a cada uno de los dueños de las dos constructoras que accedieron a participar en el procedimiento negociado sin publicidad sabiendo que se trataba de un "mero trámite" para adjudicar la obra a una determinada empresa.
OBRAS EN EL CAMPO DE FÚTBOL. En la sentencia, la titular del juzgado de lo penal número 3 de Pontevedra considera probado que la constructora a la que la Diputación había adjudicado en 2011 la instalación de hierba artificial en el campo de fútbol de Moraña y otras obras en edificaciones anexas aumentó su coste en 86.816 euros debido a una certificación.
Al tratarse de una obra ejecutada con subvención, la legislación impedía rebasar el importe subvencionado, por lo que, según la sentencia, "se ideó un sistema artificioso, en fraude de ley, tendente a abonar a la empresa el importe que reclamaba".
La magistrada destaca que, para hacer frente a ese pago, se adjudicó "de forma irregular" otra obra a la misma constructora por ese importe, en concreto, las mejoras en el vestuario y las gradas del campo de fútbol, a pesar de que parte de ellas ya habían sido realizadas.
Una vez denegada la posibilidad de aumentar el coste de las obras iniciales "se buscaron alternativas para pagar esa certificación, creándose el proyecto de mejora en vestuarios y graderío del campo de fútbol", indica la jueza en su fallo.
Esta cuestión, apunta la magistrada, queda demostrada por las escuchas a varios de los acusados y la documentación aportada por la Fiscalía.
Añade que el entonces presidente de la Diputación, Rafael Louzán, "sabía de primera mano", por haber visitado el campo con motivo del anterior proyecto, también subvencionado por la Diputación, "que cuanto menos la mayoría de las obras para las que aprobó una nueva subvención ya estaban ejecutadas".
Esa conducta de Louzán, según la jueza, "evidencia una voluntad manifiesta en contra de la legalidad", porque sabía que la subvención que estaba concediendo para estas obras era "claramente arbitraria y contraria a derecho".
El juzgado pontevedrés condena a Luisa Piñeiro, entonces alcaldesa de Moraña, porque pidió dicha subvención "a sabiendas de que las obras para las que la solicitaba, en su mayor parte, ya estaban ejecutadas".
COOPERADORES NECESARIOS. En cuanto al director de infraestructuras de la Diputación, la jueza sostiene que él fue quien "buscó el encaje de la operación", indicando incluso a qué arquitecto como firmante del proyecto debían acudir, el cual "se limitó a firmar el proyecto y certificaciones".
La jueza señala que el administrador de la constructora Eiriña debe ser condenado porque intervino como "beneficiario último de la subvención", mientras que uno de sus empleados fue "quien ejecutó o mandó ejecutar las actividades necesarias para la culminación del proyecto".
En la sentencia, la magistrada pontevedresa ordena el decomiso de los 86.311 euros cobrados por Eiriña con motivo del proyecto de mejora de gradas y vestuarios del campo de fútbol, así como de la cantidad cobrada por el arquitecto.
La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante la Audiencia de Pontevedra.
