El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de tres años de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de Pontevedra a un funcionario de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra que pedía "regalitos" a cambio de supuestos favores a la hora de conseguir papeles para ciudadanos extranjeros.
Aún cuando las cantidades percibidas por el ahora condenado habían sido más bien pequeñas, los hechos resultan una absoluta falta de ética profesional por parte del investigado.
Así lo entendió el fiscal del caso, Augusto Santaló, y el Jurado Popular que, el 25 de junio, emitió un veredicto de culpabilidad. El Supremo opina lo mismo. La la sentencia, que implica una pena efectiva de tres años de cárcel, que afecta a Francisco Javier M.B., un empleado público que pedía cantidades económicas a ciudadanas extranjeras que, a cambio, pedían una agilización de los papeles necesarios para regularizar su situación.
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La pena incluye, además, el pago de una multa de 5.400 euros, la devolución de las cantidades cobradas ilícitamente y la inhabilitación para ejercer cualquier empleo o cargo público por un período de siete años. El juez le considera autor de un delito continuado de soborno.
La sentencia explica que el acusado "sen dereito a recibir retribución de ningún tipo por parte da intervinte no expediente, durante a súa tramitación e para realizar as funcións propias do seu cargo, solicitou 150 euros, que ela lle entregou en dúas ocasións: 100 na oficina e os 50 restantes na rúa".
El dictamen añade que en un segundo caso "solicitou un agasallo" con idénticos argumentos. Son solo dos ejemplos del proceder de este indivuduo, que es condenado en firme y al pago de las costas.
