El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) ha confirmado la pena de tres años de prisión y siete de inhabilitación para un médico de Pontevedra que cobraba por emitir certificados de defunción, un trámite administrativo gratuito.
El fallo de la Sala de lo Civil y Penal del alto tribunal gallego confirma así la sentencia de primera instancia de la Audiencia de Pontevedra y rechaza el recurso presentado por el doctor.
Un jurado popular consideró al facultativo, que cometió los hechos entre 2016 y 2018, cuando ejercía en un centro de atención primaria de Pontevedra, culpable de un delito continuado de cohecho.
Para los magistrados resulta "indudable" que la expedición de certificados de defunción es competencia de cualquier médico, pero no se puede cobrar por ellos.
Los testimonios aportados en la causa por familiares de los fallecidos "apuntalan la principal prueba de cargo" contra este médico que, según el TSXG, son las declaraciones de los agentes funerarios a los que éste les pedía el dinero.
Todos ellos afirmaron ante el tribunal que el acusado les exigía determinadas cantidades de dinero como condición para la expedición de los correspondientes certificados de defunción.
El médico acudía al domicilio del fallecido para confirmar el deceso, pero se marchaba sin firmar documento alguno, instando a funerarias o familiares a acudir al centro de salud en el que trabajaba para solicitarlo, en donde les pedía el dinero por el certificado.
Las víctimas, ante la premura de un certificado que necesitaban para enterrar al fallecido, acababan abonando el dinero requerido, entre 30 y 100 euros según el caso
JUICIO. El fiscal del caso, Jesús Calles, había ratificado en sus conclusiones definitivas su petición inicial de tres años y medio de cárcel, así como la inhabilitación de este facultativo para el ejercicio de la medicina durante siete años y medio. Durante la vista oral el médico de familia pontevedrés negó haber percibido pagos por expedir estos documentos y su abogado solicitó la libre absolución del galeno, señalando a los empleados de las funerarias como responsables de los cobros.
A lo largo de las dos sesiones del juicio prestaron testimonio en la sala de vistas de la Audiencia de Pontevedra familiares, responsables y empleados de distintas empresas funerarias de Pontevedra, Cotobade, Chantada o Mazaricos, que aseguraron que este médico les exigía cobrar sobornos por expedir certificados de defunción.
La pauta que se repetía en estos casos era que estos decesos fueron por causas naturales y que se producían en días festivos o durante el fin de semana, cuando el acusado estaba trabajando de guardia como médico de urgencias del PAC. Entonces el acusado acudía con el 061 a los domicilios, pero abandonaba pronto el lugar sin dejar ningún tipo de documento en la vivienda que acreditase el deceso, imposibilitando de ese modo que las funerarias pudieran manipular el cadáver.
Para lograr este certificado este médico pedía a los agentes funerarios que se pasasen por su consulta para tramitar la documentación, por la que les exigía el pago de ciertas cantidades que, según declararon, oscilaban entre los 30 y los 100 euros.
