La invasión de Ucrania por parte de Rusia está focalizando la atención de las instituciones mundiales y alterando sus ritmos habituales en un sinfín de escenarios. Una de ellas es la Comisión Europea, que ha aparcado numerosos asuntos pendientes para darle prioridad a la resolución de los daños colaterales del conflicto bélico.
Entre esas cuestiones a la espera de un inminente pronunciamiento se encuentra el expediente que Bruselas abrió a España el pasado mes de septiembre tras una denuncia de la plataforma En Colectivo, debido a que la extensión del peaje de la AP-9 hasta el año 2048 por parte del Gobierno de José María Aznar (PP) no se hizo de acuerdo a la legislación europea.
El Gobierno de PSOE-Unidas Podemos reaccionó presentando en enero, "las aclaraciones oportunas dentro del plazo establecido", según indicó la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, aunque sin llegar a desvelar en qué consisten sus argumentos, pues los considera "información reservada".
Una sorprendente falta de transparencia de la que no se libran ni los propios promotores de la denuncia, que tampoco han tenido acceso a las explicaciones oficiales, por lo que desconocen si Bruselas ha reclamado más información a Madrid o si, por el contrario, está cerca de emitir un dictamen definitivo.
Lo único que ha trascendido en fechas recientes es que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha iniciado aún ninguna acción para revertir la concesión de la AP-9. En una respuesta parlamentaria de la pasada semana, el Ministerio de Transportes reconoce que nada ha cambiado desde el tirón de orejas de las autoridades comunitarias. Un inmovilismo alrededor de la autopista que coincide con la congelación en el Congreso de la petición del traspaso de la AP-9 del Estado a la Xunta, sin que por el momento existan ni un calendario ni una intencionalidad claros por parte Ejecutivo central.
PEAJES BONIFICADOS. Mientras tanto, el Balance 2021 de bonificaciones de la AP-9 revela que uno de cada dos (el 51%) usuarios se beneficia de las bonificaciones en los peajes puestas en marcha el pasado verano, por lo que se han ahorrado 17,9 millones de euros en poco más de cinco meses desde que comenzaron a aplicarse (desde 29 de julio hasta el 31 de diciembre de 2021).
Las rebajas para vehículos ligeros suponen el 84,7% del total, con 15,2 millones, mientras que los vehículos pesados han dejado de pagar 2,7 millones.
En total, hasta 9,6 millones de tránsitos han sido bonificados en los cinco primeros meses.
En un día laboral tipo, de media se beneficiaron de las rebajas el 51% de los usuarios. Esto es, más de 34.000 vehículos cada jornada de los más de 67.000 automóviles que circulan por la AP-9 cada día.
Por provincias, un 45% de los importes bonificados fue en A Coruña, mientras que el 55% restante en Pontevedra.
