La práctica totalidad de los colectivos judiciales (salvo los abogados y los forenses) se encuentran en pleno conflicto laboral con la Administración y aunque difieren en el origen del mismo, sí coinciden en la medida de presión: una huelga que en los próximos días aplazará juicios, recursos, trámites, notificaciones y registros. Será la tercera vez en lo que llevamos de año en que la Justicia se bloquea, con el lógico trastorno para el ciudadano.
Los funcionarios han retomado la beligerancia que paralizó la Justicia gallega durante casi cuatro meses (de febrero a junio), en esta ocasión para rechazar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que se está tramitando en las Cortes. Enrique Araújo, de STAJ, explica que "o que pretenden é acabar cos concursos de traslados dentro do mesmo concello, algo que vulnera o principio básico da función pública en España, como é a inmobilidade dos funcionarios ó antoxo da Administración".
También, agrega, acabaría con el carácter vitalicio de las plazas de funcionario, "porque poderían moverte sen máis explicacións que a carga de traballo nun momento puntual". Otras consecuencias de esta modificación es que "reducirá drásticamente o nomeamento do persoal interino" y que se prohíbe el refuerzo de personal en juzgados a los que llegue un segundo magistrado para aliviar la carga de asuntos, "co cal, os mesmos traballadores terían que asumir o dobre de traballo".
Por todo ello, los trabajadores han convocado una huelga general para el próximo viernes.
Tres días después, el lunes, serán los jueces y los fiscales quienes paralizarán su actividad, como protesta por "los reiterados incumplimientos del Gobierno" a sus peticiones de modernizar una Justicia "anticuada, obsoleta, insuficiente y lenta, salvada únicamente por el esfuerzo diario de quienes trabajamos en ella".
Por su parte, el 53% de los secretarios judiciales de la provincia (según datos del TSXG) secundaron este martes una huelga de dos horas para reclamar una subida salarial acorde al aumento de funciones asumidas desde 2009.
El sindicalista asegura que tanto el PSOE como Podemos comparten su disposición a anular el apartado que establece un solo centro de destino del personal en cada municipio, "pero o tema agora depende do PP, que non parece estar moito pola labor".
