El grupo de asesores jurídicos de la Xunta y las administraciones públicas gallegas incide en que los puertos no se rigen por la Ley de Costas, sino por la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante e indica que esta normativa contempla la creación de espacio para determinados usos portuarios en los que cree que puede encajar Ence. Concretamente, alude al epígrafe d del artículo 72 de la Ley, que cita "usos complementarios o auxiliares" de compañías dedicadas a la logística y de "empresas industriales o comerciales" que están en el puerto "por su relación con el tráfico portuario, el volumen de tráficos marítimos que generan o los servicios que prestan a los usuarios del puerto".
El Consello, cuyos miembros son elegidos por el Consello de la Xunta y las fuerzas políticas con representación en el Parlamento, considera "xustificada" la ampliación de superficie que demanda el Puerto de Marín para este tipo de usos, ya que tiene en cuenta las "necesidades actuais" de más espacio para la rada y la hipotética disminución del tráfico portuario que supondría la salida de Ence (cuya actividad que representa el 19% de los movimientos del Puerto y hasta el 60% del tráfico no contenerizado).
El Consello estima que la solicitud de adscribir los terrenos de Ence al Puerto sigue "criterios obxectivos, transparentes e non discriminatorios" y que, por extensión, no cabe calificar la justificación de la ampliación como "irrazoable, arbritraria ou ilóxica". Además, defiende que la distancia entre el puerto y la parcela de la fábrica "non constitúe un óbice (impedimento)" y que la sentencia de la Audiencia Nacional que viene de anular la prórroga de la pastera tampoco es obstáculo para tramitar la adhesión.
Los asesores recuerdan que el veredicto aún no es firme y que, en el supuesto de que finalmente los tribunales pongan fin a la concesión, la incorporación de los terrenos dejaría intacto el contenido de la sentencia. De hecho, es un supuesto que contempla la propia Autoridad Portuaria, que prioriza la continuidad de Ence, pero que también contempla la posibilidad de asumir esos terrenos sin la pastera para poder dar cabida a todas las empresas que están solicitando abrirse un hueco en el Puerto de Marín, sobre todo firmas que necesitan almacenar mercancía antes de salir a la mar o una vez llegado a tierra.
El Consello Consultivo considera que la inclusión de los terrenos de Ence se puede llevar a cabo mediante la "modificación" de la zona de servicio del recinto portuario, pero hoy siguen existiendo serias dudas sobre la efectividad de la estrategia.
oposición. Comisiones Obreras, promotor de la adscripción, y la Xunta consideran que es la fórmula más viable para garantizar la continuidad de la empresa en Lourizán si finalmente el Supremo tumba la prórroga. Sin embargo, el que tiene la última palabra es el Ministerio de Transición Ecológica, que solo contempla una fórmula para garantizar que Ence se quede en Galicia: el traslado.
En la reunión celebrada el pasado jueves en Madrid la ministra Teresa Ribera compartió con Feijóo que Ence debe quedarse dentro de la comunidad autónoma, pero a la hora de fijar ubicación reinó el desacuerdo. El "popular" insistió en que la solución más factible es la adscripción al Puerto y la socialista respondió emplazándole a "colaborar con la empresa en la búsqueda de posibles ubicaciones alternativas".
Ribera se comprometió a analizar el informe del Consello Consultivo con los asesores jurídicos del Estado. Sin embargo, instó al presidente gallego a "facilitar terrenos viables para la reubicación de la fábrica" y, por si quedaran dudas, fuentes ministeriales insistieron este viernes en que "es la Xunta quien debe buscar un emplazamiento nuevo".
El Ministerio reiteró que sigue dispuesto a "apoyar económicamente el traslado de la pastera y la implantación de un nuevo proyecto industrial que permita mantener el empleo en el territorio". Además, ha iniciado los trámites para contratar un estudio sobre las posibles ubicaciones para la nueva Celulosas, "recogiendo la petición" cursada en la última Mesa de Diálogo. Otra cosa es que la maniobra surta efecto. Ence ya ha dicho que su continuidad en Galicia solo admite la opción de seguir en Lourizán y que, si la concesión caduca, la plantilla será objeto de un ERE. La fábrica cerrará sus puertas y la producción se desviará a Navia, donde tiene previsto construir una nueva planta de fibras textiles.
