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El consultorio del 'catastrazo' atendió a 225 pontevedreses

Vista aérea de la ciudad de Pontevedra. JAVIER CERVERA-MERCADILLO
Vista aérea de la ciudad de Pontevedra. JAVIER CERVERA-MERCADILLO
La oficina habilitada el mes pasado por el Concello tuvo como objetivo resolver las dudas sobre la inspección realizada por el Gobierno central en 2018, en la que se destaparon 6.501 inmuebles que no pagaban el IBI. Las nuevas altas y los cuatro años de carácter retroactivo los cobrará la hacienda municipal

El 'catastrazo' sigue trayendo de cabeza a muchos vecinos de Pontevedra. Y así lo ponen de manifiesto los datos de la oficina que el Concello habilitó el mes pasado en la Casa da Luz para resolver las dudas sobre la inspección catastral realizada por el Gobierno central en 2018. En los diez días que estuvo abierto, este consultorio atendió a 225 pontevedreses. Todos ellos habían recibido la correspondiente notificación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por propiedades por las que hasta ahora no pagaban.

El remitente de estas comunicaciones procede del propio Concello, que es la administración que cobrará las nuevas altas y los cuatro años de carácter retroactivo por el impago de esta tasa. En muchos casos, las liquidaciones afectaban a más de un bien sin declarar.

La revisión catastral también conllevó el incremento del coste del recibo para otros vecinos, que en la actualidad siguen recibiendo las notificaciones de la oficina municipal del cobro de la denominada 'contribución'. El consultorio temporal que puso en marcha el Concello también ayudó a asesorar a afectados por estas inspecciones en la presentación de alegaciones.

LA INSPECCIÓN

La campaña impulsada por la Dirección General del Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda, comenzó oficialmente en diciembre de 2016. El objetivo era encontrar propiedades con piscinas, galpones o construcciones agrícolas que no estaban dadas de alta en 19 concellos de la provincia. Entre ellos estaba Pontevedra.

La inspección en la capital provincial comenzó el año pasado. La hizo una empresa privada contratada por el Catastro, que recorrió el municipio en busca de cualquier tipo de construcción irregular.

Algunos de los vecinos que acudieron a la oficina municipal sobre la revisión catastral tenían más de una propiedad oculta al fisco

Una vez finalizada esta tarea llegó el momento de comunicar a los vecinos las propiedades afectadas. Para ello se echó mano del reparto masivo de cartas. En ellas se explicaba a los contribuyentes que debían pagar una tasa de regularización, lo que supondría el paso previo a la inscripción de su inmueble en el censo municipal.

A mayores, el 'catastrazo' incluía el pago de una infracción de 60 euros por cada propiedad oculta al fisco. Para librarse de esta sanción, muchos vecinos presentaron alegaciones. Y el Concello les facilitó esta tramitación a través de una oficina abierta en el Pazo da Cultura. En ella, una empresa externa contratada por la Administración local se ocupó de revisar los casos uno por uno.

Las opciones de librarse de la multa eran pocas y se reducían, básicamente, a posibles errores en las inspecciones. A mayores de la penalización de 60 euros, el Catastro cobró los atrasos del IBI de los últimos cuatro años a los vecinos con inmuebles ocultos al fisco. Se les giró, por tanto, recibos con carácter retroactivo.

LOS AFECTADOS

El 'catastrazo' destapó 6.501 inmuebles que no pagaban el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en Pontevedra. La inspección realizada en 2018 por el Gobierno central localizó 6.025 nuevas construcciones y 476 ampliaciones y rehabilitaciones de viviendas que evadían el pago de la contribución en el municipio. En esta revisión no se detectó ninguna piscina oculta al fisco.

El IBI es el impuesto que mayor morosidad genera al Concello. Su cobro supone el 39% de los ingresos de las arcas públicas de la ciudad

Aunque el IBI lo cobran los ayuntamientos, las reglas básicas de quién paga y quién no las dicta el Ministerio de Hacienda. El Estado no cobra este impuesto ni a edificios públicos ni a los bienes comunales. Tampoco pagan este tributo la Iglesia, Cruz Roja o los bienes destinados a centros de enseñanza. Los monumentos o jardines históricos de interés cultural también gozan de amnistía.

En el caso de Pontevedra, los inmuebles de naturaleza urbana con una cuota fiscal inferior a seis euros y los situados en suelo rústico de menos de doce euros tampoco pagan IBI, que es el impuesto con mayor morosidad. Su cobro supone el 39% de los ingresos de las arcas públicas de la ciudad.

El consultorio del 'catastrazo' atendió a 225 pontevedreses
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