Un pacto por el agua. Los tres partidos con representación en la Corporación municipal de Pontevedra votaron este martes a favor de crear una entidad que gestione de forma conjunta los recursos hídricos de los concellos de la ría. El Gobierno local, dirigido por el BNG, también obtuvo el respaldo de la oposición (PP y PSOE) al informe técnico que establece una serie de requisitos para que la capital provincial entre a formar parte del nuevo organismo supramunicipal.
"Foi ratificado por unanimidade", destacó el concejal de Obras, Cesáreo Mosquera, al término de la comisión informativa que debatió sobre este asunto, que será aprobado en el Pleno municipal de este mes.
La postura del Ejecutivo que preside el nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores se ve así reforzada de cara a la negociación del futuro consorcio. Pontevedra planteará una serie de condiciones para sacar adelante el proyecto, del que empezó a hablarse en 1983 y que nunca salió adelante por falta de entendimiento.
El primer requisito es que la mancomunidad no generará ningún gasto adicional en el actual servicio de abastecimiento, del que se encarga el Concello capitalino, que capta agua del Lérez y del embalse de O Pontillón do Castro y la distribuye, previa potabilización, a todo el término municipal y a las localidades de Poio, Marín, Sanxenxo, Bueu y al polígono industrial de Ponte Caldelas. Vilaboa, que entrará a formar parte de la futura mancomunidad, aún no recibe el agua en alta de Pontevedra al no haberse adherido aún a este suministro.
El Gobierno pontevedrés no quiere que la creación de un ente de este tipo suponga un coste mayor. Ni para la concesionaria del servicio, Viaqua, que tiene contrato hasta 2039, ni para el bolsillo de la ciudadanía.
El informe técnico, elaborado por los directores xerais de Urbanismo y Mobilidade, establece como segunda condición que Pontevedra mantenga los derechos adquiridos en las captaciones del río Lérez y del río Rons. Este último es el que nutre a la única presa de la comarca, situada en la parroquia de Verducido.
La tercera línea roja de Pontevedra es que el Concello no renunciará a las instalaciones que ha pagado con fondos propios o con cargo a las concesiones del agua, como el arreglo de la potabilizadora del Lérez, los distintos depósitos que garantizan la traída a las parroquias del rural o la estación de captación del Lérez, situada en Monte Porreiro.
Otro de los asuntos incluidos en el documento técnico, que se llevará al próximo Pleno municipal, tiene que ver con la exclusión del suministro al polígono industrial de A Reigosa. El Concello recuerda que el abastecimiento al parque empresarial de Ponte Caldelas, que está pegado al de O Campiño, situado en la parroquia pontevedresa de Marcón, es objeto de un convenio entre ambos ayuntamientos. La intención es que este acuerdo siga como hasta ahora y no se varíe con la puesta en marcha de una entidad supramunicipal, que Xunta y la empresa estatal Acuaes quieren impulsar a lo largo de 2024.
