La criminalidad de Pontevedra es siete puntos inferior a la media del Estado

Se mantiene la eficacia policial a la hora de esclacerer los delitos y se incrementan los arrestos de personas buscadas por la Justicia
Un agente de la Policía Local. ARCHIVO
photo_camera Un agente de la Policía Local. ARCHIVO

La tasa de criminalidad en la provincia de Pontevedra al término del año 2022 fue de 37 infracciones penales por cada 1.000 habitantes, casi siete puntos por debajo de la media del Estado.

Las cifras delictivas del pasado año fueron analizadas este miércoles en la Junta Provincial de Seguridad, en la que participaron la subdelegada del Gobierno, Maica Larriba, y los máximos responsables de Guardia Civil y Policía Nacional.

La representante del Ejecutivo analizó los datos de 2022, que revelan que Pontevedra "sigue siendo una de las provincias más seguras" del Estado, al presentar una tasa delictiva de 37 infracciones penales por cada 1.000 habitantes frente a las 43,8 del conjunto español.

"La provincia es segura y nuestras ciudades y villas son seguras a pesar de momentos puntuales con pequeños repuntes de delitos muy llamativos en la ciudadanía por su efecto sobre las propiedades personales", declaró Larriba.

El informe revela que las infracciones penitenciarias "siguen estrechamente vinculadas al aumento de los delitos leves" como los pequeños hurtos, los daños o las lesiones. Esta tendencia es consecuencia "de la recuperación de la actividad social normal tras la pandemia y, en muchas ocasiones, relacionados con el ocio nocturno".

También se mantienen al alza los ciberdelitos, que se cometen tanto en el ámbito rural, competencia de la Guardia Civil, como en las zonas urbanas, responsabilidad de la Policía Nacional.

Ciberdelitos

De este modo, el 29% de los delitos que atiende la Guardia Civil son cometidos a través de Internet, porcentaje que descienden al 20% en las cifras de la Policía Nacional.

Además, la tasa de esclarecimiento de delitos se mantuvo en niveles similares a las de 2021, con un leve repunte inferior al 1% "a pesar de la ciberdelincuencia" que, como explicó Larriba, se trata de casos que se generan "en muchas ocasiones desde países muy lejanos y suponen estafas de cantidades pequeñas de dinero".

Otro de los aspectos destacados por la Subdelegación es el número de personas reclamadas por los distintos juzgados que fueron puestas a disposición de los tribunales, una cifra que aumentó un 12% en el caso de la Policía y un 15% en la Guardia Civil.

"Esta acción dio como fruto que casi 1.000 personas con órdenes de reclamación se pusieran delante de un juez, lo que supone una reducción, en muchos casos, de la delincuencia reiterada que se dedica en gran medida a pequeños hurtos", apuntó Larriba.

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