"Incredulidad" e "impotencia". Son dos de las sensaciones que esgrimen colectivos de personas con discapacidad intelectual cuando analizan la situación de la residencia construida por la Asociación Juan XXIII, cerrada a cal y canto a pesar de tener una alta demanda y llevar más de un año terminada y equipada.
Eladio Fernández, presidente de la Federación Gallega de Asociaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (Fademga), explica que el parón se debe a un mero "trámite interno" de la Consellería de Política Social e Xuventude, que para financiar este tipo de centros debe cambiar la fórmula de los contratos públicos por el método del concierto, en cumplimiento de un decreto aprobado hace más de dos años.
Fernández asegura que este bloqueo también afecta, al menos, a otros dos centros construidos en Vigo y Carballiño por entidades sociales. Y añade que, debido a la falta de avances en este cambio de contratación, las asociaciones que asisten a las personas con discapacidad en residencias, centros de día y centros terapéuticos llevan varios años "con una pérdida adquisitiva anual de cerca del 15%", lo que hace que muchas digan que "no aguantamos más".
Presiones
Fruto de la situación, Fademga acaba de enviar un escrito a la Consellería solicitando agilidad en este asunto y emplazando al PP a "hacer valer su peso ante los funcionarios que puedan estar obstaculizando esta puesta en marcha". Fernández puntualiza que existía un acuerdo tácito de que el asunto se resolvería como máximo hace seis meses y que muchos contratos van por la tercera prórroga "porque ya están finalizados".
A falta de recibir respuesta, el presidente de Fademga considera que la no apertura de la residencia de Pontevedra "es un despilfarro" y un ejemplo de "falta de compromiso para sacar adelante los recursos que necesitan nuestros hijos". "Es inconcebible y muy grave que por un inconveniente que pueda haber en la Consellería haya cientos de personas en Pontevedra y otros concellos que estén sin recibir la atención que necesitan. No tiene justificación ninguna", defiende.
Por su parte, la gerente de la Asociación Juan XXIII, Nuria Luque, dice sentir "impotencia" por no poder abrir un centro que está listo para entrar en funcionamiento y que "necesitan muchas familias". Las instalaciones, que cuentan con 24 plazas de residencia y 11 de centro de día, presentan una alta demanda sin llegar a abrir sus puertas y, según precisa, hay muchas personas que "no entienden" por qué no se da el paso.
La gerente asegura, a este respecto, que no conoce "ninguna previsión por parte de Política Social", pero sí demanda que el problema del concierto se resuelva cuanto antes. Sobre todo, porque no es el único trámite pendiente para iniciar la actividad, sino que de esto también depende la contratación de personal. De hecho, el volumen de plantilla todavía está por concretar. "Tenemos todo listo, solo estamos esperando a que nos den las plazas, pero a nivel de personal todavía no podemos comprometernos con nadie, porque no sabemos cuándo se va a proceder a la apertura", concluye la gerente de Juan XXIII.
Este periódico ha solicitado información a Política Social, pero los responsables consultados no han ofrecido datos al respecto.
Sin concierto, las plazas costarían 2.400 euros
El concierto que se demanda a Política Social es clave para que la residencia de Juan XXIII pueda iniciar su actividad, sobre todo en términos económicos. La asociación Juan XXIII calcula que sin financiación pública el coste de cada plaza residencial se aproximaría a los 2.400 euros mensuales en el caso de los grandes dependientes, una cifra inasumible para la mayoría de las familias.
La residencia Juan XXIII se empezó a construir en el año 2017 y su inversión alcanzó los 2,5 millones, de los que un porcentaje importante fueron aportados por la propia asociación. Los trabajos concluyeron en junio del 2022 y, según las fuentes consultadas, "se han realizado todos los trámites necesarios" para impulsar el concierto.
La residencia de Amencer-Aspace, también pendiente
La residencia habilitada por Amencer-Aspace en el antiguo colegio de la Once, con capacidad para 32 plazas, también necesitará la firma de un concierto con Política Social. La gerente de la entidad, Mónica Touriño, precisa que el Concello "ya ha cedido el espacio" y que ahora falta por obtener "licencia municipal y el certificado final de obra" para solicitar el concierto de las plazas.
