¿Cuánto cuesta una agresión a la autoridad?

Las personas que hacen uso de la fuerza para repeler a policías, guardias civiles o funcionarios de prisiones suelen salir bien paradas de los juicios 
Ataque directo a guardias civiles en las inmediaciones de O Vao de Arriba ocurrido hace algunos meses.
photo_camera Ataque directo a guardias civiles en las inmediaciones de O Vao de Arriba ocurrido hace algunos meses.

El Código Penal contempla penas de hasta cuatro años de cárcel que pueden ser incluso más elevadas ante casos especiamente graves de atentado a agente de la autoridad. Sin embargo, las condenas que finalmente se imponen a quienes arremeten contra los agentes difícilmente superan el año, casi nunca los 24 meses. El ejemplo más cercano en el tiempo (y mediático) que sale de juzgados de Pontevedra son las penas de entre tres y 21 meses de cárcel para los acusados del doble ataque a guardias civiles y policías locales de Poio, que acabaron emboscados en O Vao de Arriba en pleno confinamiento. Ninguno de ellos volverá a prisión. Aunque algunos de los 16 encausados sí estuvieron en A Lama de forma preventiva, el resultado no ha sido encajado con satisfacción en el seno de las víctimas que, en acto de servicio, fueron objeto de la violencia por parte de una turba de individuos.

Otro ejemplo reciente que acaba de obtener respuesta judicial tiene que ver con el caso de dos individuos que agredieron a los policías nacionales que habían acudido en auxilio de la madre de ellos. Ocurrió en Marcón. Iban a ser desahuciados, y los condenados pretendían llevarse enseres que, al parecer, pertenecían a su progenitora en una furgoneta. Ante la duda, los agentes decidieron descargar los objetos del vehículo. En ese momento, los acusados "comienzan a grabar la actuación de los policías con sus teléfonos móviles". Ya les habían recibido de malos modos, negándose en un principio a identificarse. La secuencia acabó con uno de los investigados tirando al suelo de un fuerte empujón a uno de los policías y con un forcejeo para evitar ser detenido. Tras el juicio, el saldo final fue una condena de nueve meses de prisión por atentado y un mes de multa por lesiones leves contra el individuo que arremetió contra el agente, y de tres meses de cárcel para el otro. Ninguno pisará la cárcel por ello.

Un caso similar ocurrió en Loureiro Crespo a finales de 2019, cuando una patrulla de la Comisaría acudía a un punto concreto de la calle ante el aviso de que se estaba produciendo un fuerte altercado. Una vez en el lugar, uno de los implicados intentó abandonar el lugar, siendo seguido por los agentes. Tras ser interceptado y ante su falta de documentación, le instaron a acompañarles a la Comisaría Provincial a efectos de identificarle. El investigado mostró su disconformidad y, cuando al fin estaba entrando en el coche patrulla, aprovechó el instante en el que uno agente le indicaba que dejase de manipular su teléfono móvil para empujarle al suelo y emprender la huida a la carrera.

Se da la circunstancia en este caso de que este individuo ya había sido condenado por un delito de resistencia y por otro de atentado. Su reincidencia, que fue tenida en cuenta a la hora de la individualización de la pena, solo sirvió para una pena de diez meses de prisión. La Audiencia de Pontevedra acaba de confirmar la sentencia, dictada por el Juzgado de lo Penal 2 de A Parda.

Un gremio que se halla desprotegido ante este tipo de ataques es el de los funcionarios de prisiones, que no son considerados agentes de la autoridad como tales, lo que complica el encaje jurídico de los hechos cuando se producen.

La prisión de A Lama, que, como casi todas, es escenario de esta clase de hechos de forma más o menos habitual, albergó una secuencia de estas características que acaba de tener su respuesta judicial. Ocurrió en el interior de una de las celdas, en la que un interno "levantó los puños en posición de púgil y comenzó a amagar con golpear a los funcionarios diciendo que les iba a reventar", hasta que lanzó un directo contra uno de ellos. Se inició un forcejeo que no concluyó hasta la llegada de más funcionarios. El resultado, seis meses de cárcel y pequeñas penas de multa para el autor de hechos que se saldaron con un trabajador de Instituciones Penitenciarias lesionado.

Con este escenario, se abre un debate. Por una parte, corrientes que apuntan a que existen miembros en el seno de las fuerzas de seguridad que se exceden en el ejercicio de sus funciones. Por otra, las que señalan que esos mismos miembros de las fuerzas del orden están desprotegidos. Las condenas que se imponen por estos hechos en Pontevedra parecen buscar una suerte de equilibrio en la balanza que, sin embargo, se rompe con sentencias como la de O Vao.