El juez investiga si la cúpula de la compañía cometió o no el presunto delito de estafa que han denunciado más de 30 proveedores y subcontratas, que calculan una deuda conjunta de "entre cinco y seis millones de euros".
Entre los investigados que fueron llamados a declarar se encuentran el propio promotor de la compañía, Pablo Valiñas, y su padre, José Luis Valiñas, conocido en el sector por ser el fundador de Sercoysa, otra empresa del sector del ladrillo que acabó cerrando sus puerta tras entrar en concurso de acreedores en 2013 a causa de una deuda de 16 millones.
Ambos se acogieron a su derecho de no declarar este jueves en A Parda, aunque según defendieron en su momento, antes de poner rumbo a Panamá (donde supuestamente tenían otros negocios), los dos dejaron de tener relación con Nexia en enero de 2020, cuando vendieron la empresa a una sociedad con sede en el sur de la provincia, denominada Realcom Maquinaria.
Fuentes próximas aseguraron entonces que la venta había sido "transparente" y que en ese momento la compañía se encontraba "al día" en sus obligaciones fiscales, pero lo cierto es que la operación suscitó recelos desde un principio. La firma tenía adjudicadas varias obras públicas que ya entonces estaban paralizadas o retrasadas por impagos y falta de material. El Concello capitalino ya había emitido en esa fecha varios apercibimientos por la demora en la ejecución de varias obras en Lourizán, en Poio estaban suspendidas tres obras proyectadas en A Caeira, A Seara y Raxó; en Vilagarcía se había rescindido el contrato de la humanización de Vázquez Leis y en Pontecesures la creación de un parque infantil ya estaba a esas alturas totalmente empantanada.
INVESTIGADOS. El juez también llamó a declarar al siguiente administrador de la empresa, José Luis Martínez, un empresario más conocido al sur de la provincia por su faceta política y empresarial, y por su investigación en un caso de contratos supuestamente amañados en el Concello de O Porriño en el que ya aparecía el nombre de Nexia.
El empresario, que también se acogió a su derecho de no declarar, aterrizó con la aparente voluntad de reflotar la empresa, aunque fue una intención fugaz. El 11 de febrero de 2020, cinco días después de anunciar un plan de viabilidad, confirmaba a este periódico la solicitud de un preconcurso para rehuir "el bloqueo de bancos y proveedores" y el 5 de marzo de ese mismo año decía que se desvinculaba de la empresa (aunque oficialmente siguió como administrador hasta verano, cuando entró el administrador concursal).
En ese intervalo de tiempo la compañía era supuestamente propiedad de otro agente implicado, (F.G.L.D.) que también se negó a declarar el jueves ante el juez y que presuntamente vendió la compañía hace cuestión de un año a dos empresarios portugueses. El juez citó a ambos, pero sin lograr información al respecto. Uno de ellos no pudo ser notificado y el segundo, que había pedido declarar por videoconferencia, finalmente no compareció.
El único que testificó fue I.M., el anterior propietario de Realcom, una sociedad que terminó comprando Nexia tras varios años de inactividad.
PROCESO. Fuentes consultadas indican que la instrucción del caso se atisba "compleja" por la cantidad de personas investigadas, el entramado societario y la dificultad para consultar cierta documentación. Esta fase del proceso será clave para cuantificar las deudas y para dirimir si hay indicios reales de estafa, lo que supondría someter el caso a juicio.
Al mismo tiempo, el concurso de acreedores sigue su curso. El administrador judicial ya ha remitido a los juzgados de lo Mercantil documentación relativa a las deudas contraídas por Nexia con empresas y trabajadores. Además, ordenó revocar la venta de la planta de asfalto de Marcón, el único activo que tiene ahora mismo la empresa y que los propietarios lusos decían haber vendido por un precio inferior al mercado.
Los afectados, que llegaron a constituir la Asociación de Afectados por Nexia Infraestructuras (Asocane) esperan que se cumpla justicia, aunque ven "difícil" recobrar las cantidades adeudadas, que llevaron a algunos al borde de la ruina y a otros a solicitar préstamos.
Por lo de pronto, la sentencia más reciente y que atañe a Nexia es la que emitió en febrero el Juzgado Contencioso-Administrativo, en la que el juez niega a la compañía el cobro de los 352.000 euros que pedía al Ayuntamiento de Porriño por los trabajos de limpieza realizados entre 2016 y 2018 sin contrato ni concurso público de por medio.
El Concello de Pontevedra se vio obligado a parchear las obras iniciadas en Lourizán y, según fuentes consultadas, su intención es iniciar ahora un nuevo contrato para acabar los trabajos y ampliar el ámbito de actuación (una vez que la situación administrativa lo permita). En Poio la construcción de un nuevo vial en A Caeira y la humanización de A Seara se adjudicaron a otra empresa, mientras la mejora del entorno de la calle Caneliñas está en proceso de licitación.
Plantilla
Los 67 trabajadores que integraban la plantilla de Nexia fueron dados de baja de forma forzosa por la Seguridad Social en feberero de 2020, a raíz de una inspección que confirmó la falta de actividad.
