El pleno del Parlamento gallego ha acogido este miércoles un intenso debate sobre la situación de la fábrica de Ence en la ría de Pontevedra, que ha llevado al BNG a llamar "delincuentes" a los populares, quienes, a su vez, afirmaron que "un mono con dos pistolas tiene menos peligro que Pedro Sánchez en el Gobierno".
Los grupos han confrontado sus argumentos sobre la continuidad de la pastera en los terrenos de Lourizán, afectada por una prórroga que concedió el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy, medida que fue recurrida por el Ayuntamiento pontevedrés, la Asociación Pola Defensa da Ría y Greenpeace en un procedimiento del que ahora se ha allanado el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Sin acuerdo, la iniciativa del Bloque, contrario a la permanencia de la planta, no ha salido adelante pese al apoyo total de En Marea y parcial del PSdeG (que se abstuvo en un punto), mientras que otra proposición no de ley que presentó el grupo mayoritario, crítico con la actitud del Gobierno socialista, sí salió adelante, aunque únicamente con su voto favorable y el rechazo de toda la oposición.
Mientras, a las puertas del Parlamento, desde las 11.00 horas aproximadamente, unos 200 trabajadores de la compañía han llevado sus reivindicaciones para que Ence no deje la ría de Pontevedra. Al grito de consignas como 'Ence no se marcha, no nos moverán', han llegado a cortar la circulación por momentos en la Rúa do Hórreo.
[Jacobo Moreira charla con los trabajadores de Ence a las puertas del Parlamento. PEPE FERRÍN]
"MENTIRAS Y TRAMPAS". En su turno, el nacionalista Luís Bará ha censurado las "mentiras y trampas" del PP en este asunto, al que ha acusado de "tener la cara de cermento armado" por estar "jugando con los trabajadores y engañándolos".
La prórroga concedida por un Gobierno en funciones "ronda lo delictivo", ha precisado después de que el presidente de la Cámara le obligase a retirar la expresión "son unos auténticos delincuentes", lo que provocó el malestar en las bancadas populares y motivó una llamada al orden a Miguel Tellado por sus protestas.
A juicio de Bará, con la pastera se está "cometiendo una ilegalidad manifiesta" y "si no lo tumba el Supremo lo tumbará Europa". Además, ha criticado que el PP "ahora intenta confundir con que esto también va a afectar a las conserveras y a las bateas".
Por su parte, ha comprometido estar "siempre en defensa del sentido común, la justicia, la legalidad, del trabajo en la ría y el trabajo digno en los montes", pero también "para acabar con esta que es la mayor agresión ambiental y democrática" a Galicia.
"INAUDITO". Para el popular Jacobo Moreira, el anuncio de allanamiento en el recurso contra la prórroga de Ence es "inaudito en las formas y en el fondo", toda vez que existía un informe favorable de la Abogacía del Estado durante el mandato de Mariano Rajoy "y en 2018 llega Sánchez y (la Abogacía) cambió su criterio y declara que la prórroga todo lo contrario".
En este contexto, ha advertido de la "crisis reputacional" de la comunidad ante los inversores y ha subrayado que están "amenazados" los puestos de trabajo y que "la empresa ya congeló inversiones y las desvió a fuera de Galicia".
La modificación del reglamento de Costas, asimismo, la ha interpretado como "una maniobra de escape" y ha avisado de que "afecta" a conserveras, cocederos, equipamientos públicos y demás instalaciones.
Y ha defendido que el PP, por su parte, está con los empleados de Ence porque "son trabajadores gallegos" y tienen "todo" su apoyo. La industria de Galicia, ha remachado, tiene un "problema" con "dos nombres: PSOE y Pedro Sánchez".
"CONNIVENCIA" CON ENCE. En su intervención, el diputado de En Marea Marcos Cal ha destacado que la postura de su grupo "siempre fue la misma a diferencia del PP" y ha abogado por "conservar la ría medioambientalmente" y "dinamizar" los sectores extractivos relacionados con la ría.
Con una enmienda, la formación rupturista planteaba dos opciones: el traslado de la factoría o la retirada de su actual ubicación "e impulso de un plan de empleo" para que "absorba" los puestos de trabajo existentes en la actualidad y los redirija al ámbito "de las energías limpias".
Por su parte, Cal ha criticado que los populares "solo" llevan al Pazo do Hórreo textos en defensa de los trabajadores de Ence, en contraposición con otras plantillas que temen por sus puestos de trabajo, "porque tienen una connivencia" con la empresa "como todo el mundo sabe".
"ESPERAR" A LA JUSTICIA. Mientras, la socialista Patricia Vilán ha hecho un relato de diferentes posicionamientos del PP en el pasado, como cuando en 2012, siendo Feijóo presidente de la Xunta y Rajoy del Gobierno central, la Abogacía del Estado emitió un dictamen que "decía que debe prevalecer el plazo que marca la ley", con un "máximo de duración de 75 años, prórrogas incluidas".
En 2013, según ha recordado, Rajoy "cambió la ley de costas y permitió pedir prórrogas", mientras que la Xunta de Feijóo "no decía nada sobre Ence" en un informe correspondiente a la comunidad autónoma.
Así las cosas, ha apostado por "esperar" a lo que determine la Audiencia Nacional sobre el futuro de la factoría y ha terminado con otro reproche a los populares, al asegurarse sabedora de que "son de controlar las salas segundas" de los tribunales.
En declaraciones a Europa Press, el presidente del comité de la fábrica, Ignacio Acuña, de CC.OO., ha subrayado que su intención es exigir a la "mediocre clase política" que deje de "instrumentalizar" su caso y aparte "lo legal de lo político".
"El tema está judicializado y habrá que esperar a lo que la justicia diga. No obstante, queremos dejar bien claro y visibilizar todos los puestos de trabajo que genera nuestra empresa, los de las empresas auxiliares y dejarle bien claro a esta mediocre clase política que nos ha tocado padecer que tienen que ser conscientes de que ellos están para resolver los problemas de los ciudadanos, no para crearlos", ha sostenido.
En este sentido, ha pedido a los grupos parlamentarios "que dejen de debatir y se pongan a trabajar", ya que, a su juicio, la "solución" a su conflicto "pasaría por apartar lo legal de lo político" y "por permanecer donde está" la planta, en los terrenos de Lourizán, "por mejorar todo lo que se pueda mejorar e incrementar el trabajo, su calidad y todo lo que ello conlleva".
Además, ha remitido a las cofradías de pescadores de la zona, que, según ha señalado, "han sido elocuentes cuando han dicho que su trabajo y el de Ence son compatibles".
Este jueves, según ha informado, "los compañeros del transporte y del sector forestal tienen prevista una gran camionada, una concentración de camiones por los alrededores de la ciudad de Pontevedra para evidenciar que ellos también están en peligro sus puestos de trabajo". El resto de medidas de la plantilla las decidirán también este jueves en asamblea, según ha apuntado.
Por su parte, la presidenta del comité de oficinas, Ana Cedeira, también de CC.OO., ha incidido en que están "convencidos" de que más allá "de que lo hayan planteado a nivel judicial, esto" se circunscribe "claramente" en el ámbito político. "Justamente se allanan en periodo de campaña electoral", ha reprobado.
Ya por último, ha avisado de que la decisión afecta al sector forestal, al transporte, plantaciones, asociaciones, suministradores de madera, las empresas que transportan la pasta... "Miles de puestos no solo en Pontevedra, sino en toda Galicia", ha remachado.
