La Audiencia Nacional acaba de hacer pública la sentencia procedente de la operación Houdini, una investigación llevada a cabo en 2010 por la Agencia Tributaria que desemboca en el mayor decomiso de la historia del narcotráfico gallego. 115 propiedades inmobiliarias pasarán a manos del Estado (y, en segunda instancia, a beneficio del Plan Nacional Sobre Drogas) como parte de los bienes incautados a los herederos de Manuel Abal Feijoo, Patoco, el lanchero más conocido de las Rías Baixas hasta el momento de su muerte en un accidente de tráfico en 2008. Los bienes, valorados en más de 50 millones de euros, incluyen valiosísimos locales comerciales en Pontevedra y Sanxenxo, pisos de lujo en las Rías Baixas, A Coruña y hasta en Marbella, una decena de vehículos y otras tantas embarcaciones, y superan en mucho a los decomisados hasta la fecha a Laureano Oubiña, Juan Carlos Martín 'Culebras' o Marcial Dorado, por citar los nombres más sonados. El 'botín' que obtienen las arcas públicas es también superior al que recibirán (en el caso de que la sentencia sea condenatoria) cuando sean juzgados por blanqueo Manuel Charlín y Sito Miñanco, los últimos grandes capos que aún deben comparecer por el lavado de sus beneficios.
Patoco inició el engranaje de blanqueo, según relata la sentencia de la Audiencia Nacional, al lado de quien fue su socio en el narcotráfico, José Antonio Fernández Blanco. "Ya desde 1998 comienzan una relación tendente al blanqueo de los pingües beneficios que produce la droga. Esta relación comienza inicialmente a través de la sociedad Illeira a través de un pub (en el casco histórico de Portonovo) y una discoteca (Pirámide, entre la villa marinera y la vecina Sanxenxo). En el año 2004 se esciende la sociedad, construyéndose dos entramados distintos con testaferros que corresponderían a Patoco y a Fernández Blanco", explica el dictamen.
Una y otra red crearon sociedades tituladas por amigos y familiares (se procesó a más de 30 personas, de las cuales 25 han sido condenadas). La AN entiende que los dos líderes fueron quienes más dinero de la droga aportaron para hacerse con el patrimonio del que ahora se les priva, valorado en más de 50 millones de euros.
Entre los bienes objeto de investigación, además de la citada discoteca Pirámide, destaca el decomiso definitivo del hotel Punta Lucero, un tres estrellas ubicado en pleno paseo marítimo de Portonovo, o la inclusión en el listado del número 28 del Paseo de Silgar, un gran local adquirido por el entramado por casi dos millones de euros en primera línea de la playa más concurrida del Norte de España y en el que en la actualidad se ubican numerosos negocios (que, en principio, no deberían tener nada que ver con los hechos).
En Pontevedra los Patocos compraron varios locales comerciales, entre ellos uno muy céntrico y amplio en el que se instaló hace algunos años un bazar oriental. Como curiosidad, en el listado que pasará al fondo estatal hay una vivienda ubicada en la plaza Fermín Bouza Brey que, tras las futuras obras, quedará encuadrada en plena ciudad de la justicia de A Parda.
El tribunal condena a 25 personas por blanquear los ingentes beneficios que amasó el narcotraficante entre 1998 y 2008
Terrenos, garajes, plazas de amarre, chalés, apartamentos y pisos, la mayoría en Sanxenxo, pero también en Ribeira, Vilagarcía, Poio, Ribadumia, Cambados y hasta en Marbella, conforman el resto del lote, que también incluye 33 depósitos bancarios de distintas entidades y una quincena de vehículos, especialmente motocicletas, coches de gama alta y embarcaciones planeadoras, para ser exactos (empleadas para introducir cocaína en las rías), valorados en cientos de miles de euros más.
Tampoco pasaron por alto los investigadores de la Agencia Tributaria los movimientos económicos hacia el extranjero, con una cuenta del Ocean Bank de Miami y sociedades con sede en Panamá como telón de fondo.
Junto al negocio inmobiliario y de la hostelería, la red de Patoco se adentró en el mundo del transporte e incluso adquirió licencias para obtener energía eléctrica mediante la empresa Minicentrales 2000, firma que, junto a varias más, deberá disolverse en virtud de la actual sentencia.
En cuanto a las penas de cárcel para los 25 condenados, son menores por la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas. Los años transcurridos desde los hechos hasta la actual sentencia, unidos a la confesión (tardía, eso sí) por parte de los procesados, obligó al juez a imponer un año y medio de prisión al único cabecilla vivo, Fernández Blanco (Patoco vio extinguida su responsabilidad penal al fallecer), nueve meses de cárcel a 22 de los procesados, seis meses a otros dos y tres meses al último. Entre todos ellos destacan los familiares más directos de ambos (con la viuda de Patoco a la cabeza).
