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Un delito "claro y manifiesto" acaba archivado por la "falta del coaccionado"

Un momento de las votaciones del 26 de abril en A Parda. OLGA FERNÁNDEZ
Un momento de las votaciones del 26 de abril en A Parda. OLGA FERNÁNDEZ

El fiscal jefe cierra la investigación de lo ocurrido en las votaciones de la huelga en Xustiza

Solo uno de los cuatro testigos que comparecieron ante el fiscal jefe ratificó lo que allí había sucedido. El resto sufrieron una extraña amnesia que les impedía recordar ya no solo los insultos y vejaciones perpetradas contra ellos aquella mañana, sino también las identidades de quienes los proferían, perfectamente conocidas por ellos. El miedo de los testigos a decir la verdad impidió a Juan Carlos Aladro seguir adelante con la investigación contra un grupo de individuos que, según las imágenes registradas en varios vídeos, coaccionaron a trabajadores de la Administración de Justicia el día en el que se decidía a través de las urnas la posibilidad de llegar a un acuerdo que pusiese fin a las hostilidades. Tres de los partidarios del no, que fueron denunciados ante la Fiscalía Superior de Galicia por un tercero que no se hallaba en la sala, llevaron a cabo maniobras que, si se lee entre líneas, podrían estar más cerca de la búsqueda de resultados en las (inminentes) elecciones sindicales que de defender los intereses de todos los empleados.

El fiscal, que decretó el archivo al no contar con la ratificación del presunto delito por parte de las víctimas, señala en un relato que se publica en la web del sindicato STAJ Galicia que "los integrantes de la mesa (en la que se realizaban las votaciones el pasado 26 de abril) fueron insultados, llamándoles vendidos y traidores, además de cabrones y sinvergüenzas. De los videos aportados se colige que algunas personas, todas ellas vestidas con camisetas azules, impedían el normal desarrollo de una votación democrática, con gritos constantes a los integrantes de la mesa donde se encontraba la urna, saltando unos, gritando otros y algunos gesticulando frente a la misma, diciendo que no les representaban, llegando incluso a golpear la urna de votación".

PRESIÓN. Aladro añade, además, que "los integrantes de la mesa impávidamente resistían la presión sin decir nada, sin enfrentarse a todos aquellos, que en aquel momento ejercían lo que visualmente parece una clara coacción".

El fiscal explica que la duración de la huelga (que entonces se prolongaba durante tres meses) podía provocar "una situación de nerviosismo", pero asegura que "lo que se observa en los videos reviste algo más, pues en ellas se advierte una clara coacción orquestada y organizada donde un grupo uniformado y dirigido trataba de forma secuencialmente ordenada de evitar la votación, a la que deberían acudir todos los integrantes del censo; sin embargo, allí no se ve votar a nadie, pese a que en la urna sí se advierte que hay numerosas papeletas, y es difícil pensar que a aquella votación pudieran acudir otros distintos a los uniformados".

PRUEBA INSUFICIENTE. Pese a ello, el fiscal expone que "los videos no son por sí mismos suficientes para poder formar un criterio sobre esta cuestión, pues en toda coacción es esencial la figura del coaccionado, de ahí que se recibiera en declaración a las personas que podrían haberlo sido".

El testimonio del individuo que presentó la denuncia es solo referencial, pues no se hallaba en el lugar de las votaciones en aquel momento. En cuanto a las cuatro personas que declararon, "solo una dio cuenta de la existencia de un cierto nivel e intensidad coercitiva, no así los demás".

Por otra parte, ningún trabajador de los que tenía derecho a voto presentó denuncia alguna. "Ignoramos si no denunciaron por miedo, habida cuenta de que los que allí se encontraban eran sus compañeros con los que al día siguiente se verían obligados a convivir, o sencillamente porque tal coacción no existió". En todo caso, los testimonios de las presuntas víctimas y la ausencia de otras denuncias impiden al fiscal seguir con el proceso. "Pese a que los vídeos ponen de manifiesto la existencia de todos los requisitos (para que exista el mencionado delito de coacción), no consta la existencia de coaccionado alguno", por lo que el jefe del Ministerio Público se vio obligado a decretar el archivo de las actuaciones.

Antecedentes. Conflicto entre sindicatos
La huelga que afectó a los funcionarios de la Administración de Justicia en Galicia entre febrero y abril del presente año acabó con un gran cisma entre los sindicatos. El motivo del conflicto fue el preacuerdo alcanzado con la Xunta de Galicia, que incluía importantes subidas salariales, por parte de una parte de los representantes de los trabajadores (cuatro de los grupos), que fue llevado a votación. Fueron algunos de los miembros de los sindicatos opuestos al citado preacuerdo quienes, según se ve en las imágenes, dificultaron la celebración de un proceso con todas las garantías democráticas, profiriendo gritos e insultos contra compañeros suyos que, pese a todo, no interpusieron denuncia alguna por lo sucedido.

Los denunciados, tras conocer el archivo, cargaron contra el fiscal jefe, acusándole de tomar partido por los denunciantes y de prolongar en exceso una decisión que, sin embargo, fue adoptada mucho más rápido de lo habitual.

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