"Se ha producido un incremento que nos tiene sorprendidos, desde hace algún tiempo hemos visto una gran progresión en este tipo de delitos, de abuso y de agresión sexual". El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Juan Carlos Aladro Fernández, está preocupado por el incremento exponencial de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual que, si bien se ha producido en todo el territorio gallego y nacional, se aprecia de forma especialmente notoria en Pontevedra.
El máximo responsable del Ministerio Público, que acostumbra a asumir en primera persona la acusación en supuestos muy complicados (la prueba directa es casi siempre inexistente), señala que "no acertamos a encontrar el factor criminógeno", en delitos que se dan en escenarios lejos de las miradas, de manera deliberadamente clandestina, pues los autores buscan la total ausencia de testigos para perpetrar sus fechorías.
A pesar de la dificultad probatoria, Aladro se apoya en el testimonio de las víctimas. "Desafortunadamente sufren una doble victimización que no se ha podido evitar hasta ahora, pues recuerdan lo ocurrido ante la Policía, en el médico, en el juzgado y finalmente en la sesión plenaria". La persistencia en la incriminación y los informes forenses acerca de la credibilidad de los relatos resultan clave a la hora de valorar unos hechos que suelen acabar en sentencia condenatoria. "Las salas han condenado prácticamente todos los supuestos, salvo en un caso que está pendiente de resolución". Ello es así a pesar de que los autores, salvo en casos muy contados, suelen negar los hechos que se les atribuyen. "Las salas están imponiendo penas duras, que son las que establece el Código Penal. Hemos tenido bastante éxito", apunta el fiscal.
PERFIL. Juan Carlos Aladro desvela que entre las víctimas de las agresiones sexuales (tras la ley del 'Sí es sí' ya no existen los abusos) "predominan menores de 16 años, y se observa que se producen dentro de una relación en la que se crea una subyugación que en ocasiones produce un claro nivel de corrupción, entendiendo por corrupción la imposibilidad del menor de determinarse sexualmente. Es como si, al final, se acabasen 'comprando' estas prácticas". Esa relación de confianza, por una parte, y esa presunta sumisión que, según en qué ambientes educativos, siguen inculcando a las mujeres desde bien niñas, influyen en el desarrollo de estos hechos.
En cuanto al tipo de familias en las que se producen estos hechos, el jefe del Ministerio Público en Pontevedra matiza que "no tienen por qué ser familias desestructuradas, aunque se advierte en ocasiones que se dan en casos en los que hay relaciones reconstituidas". En ellos aparecen las agresiones contra los hijos o las hijas de la pareja, aunque también son habituales las de tíos a sobrinas o abuelos a nietos o nietas, asuntos que se ven todos los meses en las dos salas penales de la Audiencia Pontevedresa.
En cuanto a los números, la Fiscalía explica que entre 2015 y 2016 se registró un aumento del 18 por ciento; del 16 al 17 del 9,1; entre el 17 y el 18 del 27; del 18 al 19 del 18 por ciento, del 2019 al 2020 pareció haber una disminución (en un 16 por ciento, por efecto de la pandemia), y del 20 al 21 se produjo un incremento del 47,52 por ciento. «El aumento en las agresiones se disparó», concluye el fiscal. La media en la provincia está en dos casos diarios.
GALICIA. A nivel autonómico, el incremento no es tan acusado como en Pontevedra, aunque sigue siendo "preocupante", tal y como expuso recientemente el fiscal superior, Fernando Suanzes. La cifra total se situó en 1.614 delitos iniciados en los diferentes juzgados (cerca de 700 solo en Pontevedra) con un incremento interanual del 14,18 por ciento (frente al destacado descenso del 34,05 % del año de la pandemia). Dos tercios de estos delitos siguen correspondiendo al subgrupo de agresiones y abusos sexuales (para adultos), que tuvo un incremento del 33,17 por ciento. Destaca el antiguo delito de abuso sexual (sin acceso carnal), con un aumento del 30 % y un porcentaje de más de la mitad del subgrupo; y agresión sexual (sin acceso carnal), con un elevado incremento del 41,74 por ciento.
El subgrupo de delitos de agresión y abuso sexual contra menores aumentó un 57,43 por ciento en 2021, destacando el aumento del 64,8 por ciento en abusos sexuales (sin acceso carnal), y del 5,26 % en agresiones (sin acceso carnal), también el acoso telemático a menores (grooming), con un descenso del 28,57 %; la producción, distribución y tenencia de pornografía, con un aumento del 35,85%; la utilización de menores con fines pornográficos, que desciende un 39,67%; la corrupción de menores, con un aumento del 75 % y la prostitución de menores o incapaces, con igual aumento. Al respecto, Fernando Suanzes señaló que «en el Ministerio Público somos muy conscientes de que detrás de cada número hay un menor que ha sufrido un impacto extraordinario cuyo alcance puede marcar toda una vida. Como sociedad debemos reflexionar seriamente y mantener una alerta permanente e inflexible desde todos los ámbitos (educativo, familiar y por supuesto judicial) que permita romper con esta dinámica con un criterio único por encima de cualquier otro: el interés superior del menor».
