ENCE, para el responsable de Empresa de la Xunta, es la principal baza industrial pontevedresa, en un sector, el forestal, en el que el gobierno gallego ve un futuro importante relacionado con la nueva economía, más sostenible, limpia y global. Sin embargo, Conde admite que ha sido Ence quien eligió As Pontes para la fábrica que cerrará en Galicia su ciclo productivo. Y recuerda el "papel clave" de los concellos a la hora de "facilitar" las inversiones y, por tanto, también el crecimiento industrial.
¿Han hablado ya con Ence desde que se conoció la sentencia del Tribunal Supremo? ¿qué les han dicho?
Lógicamente, hemos tenido ya un primer contacto. Fue para una valoración de la sentencia, pero también para dar continuidad a los temas que están abiertos. Por ejemplo, los temas relacionados con las inversiones que están vinculadas a la ampliación de la propia concesión. Hay que darle continuidad a todos los compromisos asumidos por la empresa en el marco del plan ambiental firmado en el año 2016. También a todas las inversiones que están previstas por parte de Ence en la nueva biofábrica, sobre la cual ya estamos trabajando. Hay temas que tenemos todavía que trabajar, como la modificación del plan sectorial, para dar cabida a esas inversiones. Pero a partir de ahí nos queda identificar cuáles son las necesidades que tiene la empresa para acometer todas esas inversiones y para dar cumplimiento al pacto ambiental. Y también las oportunidades que se nos abren el camino para consolidar la industria forestal, porque este es uno de los sectores prioritarios en la agenda de transformación económica e industrial en la que estamos trabajando.
¿Qué le ha pedido la Xunta a Ence?
Sinceramente, el marco de relación que la Xunta tiene con Ence es estable. Y además, los compromisos de la empresa están plasmados también por escrito, con lo cual tenemos un escenario lleno de certezas, en cuanto a esas inversiones comprometidas y también en el ámbito medioambiental. La Xunta ahora será una facilitadora de las inversiones, siempre que la empresa asuma un compromiso con el territorio y, especialmente, con Pontevedra.
¿Le han exigido la reactivación inmediata del plan social?
Simplemente tenemos que actualizar la situación, pero no hay ninguna duda sobre el contenido del plan ambiental y tampoco sobre el plan social. Se trata de un plan firmado en el año 2016, y yo le aseguro que Ence no nos ha trasladado ninguna duda sobre la buena disposición para su cumplimiento.
¿Tendrá ese plan social carácter retroactivo, tras haber estado paralizado dos años?
Parece que no hay dudas sobre que la actividad de la empresa ha continuado y, por tanto, los planes firmados están plenamente vigentes. Pero tampoco tengo duda alguna sobre el grado de cumplimiento que Ence está dispuesto a asumir con ese plan social y con todo lo que ello significa para un montón de colectivos y asociaciones asentados en la comarca de Pontevedra.
¿Eso es un sí?
Eso es que efectivamente intentaremos que se plasme ese compromiso y nosotros así se lo demandaremos.
¿Cree que el expediente abierto por Bruselas puede llegar a afectar a Ence o a sus planes de futuro en Pontevedra o en Galicia en general?
Hay que conocer la sentencia del Tribunal Supremo. Pero nosotros entendemos que dará una cobertura de legalidad a la ampliación de la concesión y, por lo tanto, cualquier normativa que se plantee a nivel europeo no debería tener ningún carácter retroactivo. Tendremos que conocer el alcance de esas medidas que pide la Unión Europea y el Gobierno tendrá que aclarar la respuesta que dará a esos requerimientos de Europa. Esperemos que cuente con las comunidades autónomas para trasladar todas aquellas alegaciones que consideremos oportunas. Pero ya le digo que nosotros entendemos que la sentencia del Tribunal Supremo aporta un grado alto de certidumbre para la continuidad de Ence.
"Cualquier norma europea no debería ser retroactiva ni afectar al futuro de Ence"
¿Cree que podría haber novedades en el recurso que todavía está por decidir en el Tribunal Supremo?
Lo normal es que todo discurra en la misma dirección y que este tercer recurso reafirme al tribunal supremo en lo ya conocido.
Ence ha anunciado el cierre de su ciclo productivo, pero no con una papelera, sino con una planta de reciclaje de fibras. Invertirá 125 millones de euros y creará 150 empleos directos y 1.000 indirectos. Le pregunto directamente: ¿por qué no se ha planteado instalar ese proyecto en la comarca de Pontevedra y sí en As Pontes?
Ence es quien elige la ubicación. Lógicamente, la empresa ha hecho un análisis de todos los requerimientos que necesita su proyecto industrial y las condiciones que presentan los distintos emplazamientos. Nosotros como administración hemos sido siempre muy respetuosos con esas necesidades que nos plantean desde el punto de vista logístico y desde el punto de vista de otras necesidades concretas como los accesos a fuentes de agua, energía o cualquier otro tipo de requerimiento. Son proyectos complejos desde el punto de vista técnico y logístico. En realidad, Lourizán está muy vinculado en ese nuevo proyecto de Ence, porque Lourizán va a proporcionar parte de la materia prima para el funcionamiento de la nueva fábrica. Eso no quiere decir que la comarca de Pontevedra no pueda llegar a jugar un papel muy importante dentro del recorrido industrial que tenga el nuevo ciclo de la madera. Y para ello la colaboración entre todas las administraciones será fundamental.
Es Ence quien elige la ubicación. Pontevedra puede jugar un papel clave en el desarrollo del sector forestal, pero los Concellos tienen que colaborar
La Xunta anunció que seguirá la tramitación de la Ley del Litoral. ¿Cuándo estará aprobada?
Estamos respondiendo a todas las alegaciones que nos han llegado, y esperamos que en los próximos meses podamos aprobar un anteproyecto. Creo que en este caso al Gobierno habría que pedirle una corresponsabilidad desde el punto de vista de lo que supone la relación entre distintas administraciones. Le hemos pedido al Consello Consultivo que se pronuncie y ha sido muy claro. Así se lo hemos trasladado al Gobierno, que debería ser sensible a las transferencias que le estamos solicitando sobre la ordenación de nuestro territorio. Nosotros entendemos que esta ley da una solución a una realidad económica y social que hay que gestionar en el ámbito del dominio público marítimo terrestre. Y si me pregunta cuál es esa realidad le diré que se trata de la necesidad de compatibilizar la actividad económica que se está desarrollando en nuestra costa con el cuidado medioambiental. Lo que pasa es que este punto de vista choca frontalmente con la intención del gobierno, que pasa por eliminar cualquier tipo de actividad en la costa. Por eso, entendemos que debe prevalecer nuestro ámbito competencial y nuestro punto de vista. Y entendemos también que la decisión del Gobierno responde a una posición ideológica que está fuera de la realidad.
¿Cuántas empresas en la costa gallega están ahora mismo amenazadas o con el futuro por definir y, por tanto, sus inversiones paralizadas?
Desde luego hay 4.000 edificaciones ubicadas en la costa y afectadas por la ley de cambio climático. Y todas las empresas que están pendientes de una posible ampliación de sus concesiones han paralizado sus inversiones. Estas empresas siguen recibiendo notificaciones, instándoles a que se lleven fuera de la costa parte de la actividad industrial que están desarrollando. Lo que el Gobierno tiene que entender es que, desde el punto de vista de los procesos industriales, hay actividades que no se pueden separar, porque sencillamente sería inviable desde el punto de vista económico. En estos momentos El Gobierno central ha generado una incertidumbre insostenible e incompatible con las inversiones dentro de estos sectores.
"El Gobierno debe transferir estas competencias porque hay que solucionar la realidad económica y social gallega"
Pero el Gobierno ya ha sugerido que recurrirá esta Ley ante el Tribunal Constitucional...
Seguramente por ese malentendido ecologismo y por esa malentendida posición política ante un sector económico que lo que necesita son certezas. Yo lo que le pido al Gobierno es que actúe con responsabilidad ante la economía, ante las competencias de la comunidad autónoma para ordenar su litoral y ante el necesario respeto al medio ambiente. Hay comunidades autónomas en las que estas competencias que nosotros demandamos ahora ya están transferidas.
¿Cree que la comarca de Pontevedra tiene un índice de industrialización suficiente y adecuado?
En estos momentos en Galicia estamos ante el mayor ciclo inversor del siglo XXI, con inversiones que además pueden transformar el panorama industrial para la próxima década. Se trata de inversiones que hemos ido identificando con el tejido productivo en sectores estratégicos. El empeño de la Xunta es llevar todas estas inversiones al territorio, para fortalecer las cadenas de valor de los principales sectores productivos. Todo este trabajo lo estamos haciendo primero colaborando con el tejido productivo, pero luego también colaborando con las distintas administraciones, porque necesitamos al Gobierno central para el acceso a los fondos europeos, pero también a las administraciones locales para que faciliten la captación de inversiones. Aquí la administración local juega un doble papel muy relevante. Primero para facilitar la tramitación administrativa y la concesión de licencias y, en segundo lugar, también para la reducción de impuestos, que nosotros hemos vinculado a través de los Concellos emprendedores. Estos Concellos emprendedores permiten unas bonificaciones fiscales de hasta el 95% en el Icio, el IBI, y el IAE durante los tres primeros años. Esto está siendo también un elemento tractor básico para aquellos concellos que realmente tienen un compromiso con la industria y con los procesos de industrialización. Con estos Concellos estamos teniendo desde la Xunta una discriminación positiva a la hora de las ayudas, de modo que al final les compensemos ese esfuerzo fiscal que están haciendo para la atracción de las nuevas inversiones industriales.
Estamos ante el mayor ciclo inversor del siglo XXI, que además transformará el panorama industrial de Galicia
¿Está diciendo que en la comarca de Pontevedra no se dan esas condiciones y no hay concellos ‘colaboradores’?
Pontevedra en estos momentos tiene empresas tractoras muy interesantes, como puede ser Ence, que genera una actividad importante desde el punto de vista industrial, o también algunas inversiones en el sector de la automoción. Lo que ahora necesitamos para fortalecer la comarca desde el punto de vista industrial es una mayor implicación por parte del tejido productivo y por parte de las administraciones locales. No puede haber planes de industrialización en ninguna comarca si no hay una clara implicación por parte de todas las administraciones.
¿No le corresponde a la Xunta fomentar estas dinámicas de los concellos para mejorar la industrialización?
Mire, hoy los inversores están pidiendo tres cosas. La primera son plazos concretos y lo más ágiles posibles para comenzar a desarrollar su actividad, y ahí necesitamos una implicación directa de los concellos. La segunda cosa que nos piden es cómo poder vincular sus proyectos, desde el punto de vista de la sostenibilidad, con las energías renovables (para reducir sus facturas energéticas y para colaborar en la descarbonización de su actividad industrial). Y la tercera cosa es saber cuál es su marco fiscal, el marco de las ayudas y el de los impuestos locales y autonómicos, Y aquí es donde esa figura de los concellos emprendedores se está demostrando crucial.
