El comité de empresa de la Consellaría de Política Social en la provincia de Pontevedra acaba de iniciar una campaña reivindicativa para denunciar la existencia de deficiencias y falta de persoal en la Residencia de Maiores de Campolongo, pues entiende que estos hechos "repercuten negativamente sobre a calidade asistencial e mesmo pon en risco a saúde dos usuarios", denuncia el sindicato.
Los representantes de los trabajadores de Política Social recuerdan que desde finales de 2015 vienen reclamando mejoras a la Consellería, sin que el departamento autonómico adoptara ninguna medida. En concreto, la CIG reclama la creación de un servicio de enfermería, la reformulación de los ascensores, "por seren insuficientes e non ter unhas condicións axeitadas para a mobilidade das persoas usuarias" y la instalación de tomas de aspiración y de oxígeno en las habitaciones para personas asistidas.
Además, urge la modificación integral del 3º y el 4º piso para adaptarlos a las personas usuarias del centro, la mejora del departamento de cocina, la habilitación de comedores y salas de estar en todas las plantas y la reforma del acceso a la cafetería.
URGENTES. De entre todas las peticiones, la fuerza sindical incide en la importancia de instalar tomas de aspiración y comedores, "xa que moitas das persoas usuarias non contan con estes e outros elementos necesarios para a súa seguridade e ademais teñen que recibir a alimentación nas súas camas pola súa inmobilidade, o que aumenta o risco de morte por atragoamentos".
Otra de las quejas es la falta de la valoración real del grado de dependencia de las personas usuarias, "o que fai que non teñamos un coñecemento real da tipoloxía das persoas que temos no centro". En relación a las necesidades del personal, el sindicato considera prioritaria la contratación de dos personas para enfermería, cinco auxiliares de enfermaría y un profesional de cocina.
Sin embargo, según denuncia, la Xunta de Galicia ha obviado todas estas cuestiones, lo que ha llevado al comité de empresa a desarrollar una campaña de denuncia de la situación que comenzó con el envío de escritos a la Valedora do Pobo, Inspección de Traballo, Fiscalía de Pontevedra, Deputación, Concello y los cuatro grupos parlamentarios gallegos.
