La plataforma Osoigo hará llegar a integrantes del Parlamento gallego las reivindicaciones de Iria Novegil de la Fuente, una madre pontevedresa de un niño de tres años con Trastorno del Espectro Autista (TEA) que reclama la "inclusión real" de los menores con necesidades especiales en los servicios públicos.
En realidad su demanda se podría extender a ámbitos como el de la educación o la sanidad, donde lleva tiempo sorteando trabas, pero en este caso la queja parte de su último viacrucis: conseguir plaza en una ludoteca pública del Concello de Pontevedra y, sobre todo, lograr que la atención recibida sea con todas las garantías.
Iria llegó a matricular a su pequeño en la edición de este año de Conciliaverán, un programa municipal dirigido a niños de entre 3 a 12 años que pretende facilitar la conciliación familiar durante las vacaciones estivales. Como viene siendo habitual, la iniciativa la organiza la Fanpa (Federación de Asociaciones de Nais e Pais ) en colaboración con el Concello de Pontevedra, que asume parte de la financiación.
En el momento de la inscripción la demandante advirtió de la condición de su hijo y de que éste utilizaba pañal. Luego comprobó que había sido admitido, pero cuando preguntó por las condiciones en las que sería atendido la organización le comunicó que "durante esos 15 días no había ninguna actividad adaptada" para su hijo y que "tampoco podían estar cambiando pañales".
"Nuestro hijo necesita que alguien esté pendiente, porque se escapa muchas veces y a veces necesita que lo muden. No lo podemos enviar a ciegas"
La familia del pequeño llamó entonces a la puerta de distintas administraciones para ver si era posible alcanzar una solución, sin embargo las (pocas) respuestas obtenidas no lograron desbloquear el problema. El Concello alegó que la organización del programa corre a cargo de la Fanpa y que no podía variar las condiciones impuestas por la Administración autonómica. La federación de anpas no volvió a pronunciarse y la Xunta devolvió la pelota señalando que la única condición que impuso fue la de rebajar la proporción de alumnos por actividad a causa del covid, lo que dio lugar a una ratio de diez alumnos por monitor.
"No es un caso aislado". En ningún momento hubo una anulación expresa de la plaza, pero las condiciones llevaron a la familia a desistir de enviarle a la ludoteca. "Nuestro hijo necesita que alguien esté pendiente, porque se escapa muchas veces y a veces necesita que lo muden. No lo podemos enviar a ciegas", argumenta su madre.
Iria da este pulso por perdido, pero no tira la toalla. De hecho, espera que el traslado de su caso al Parlamento sirva para mejorar "futuras actividades públicas" organizadas en Pontevedra". "Tengo constancia de que mi caso no es aislado. Todas las familias con necesidades especiales nos vemos afectadas por la falta de recursos públicos para garantizar una inclusión real de nuestros hijos. Por este motivo me dirijo a los políticos del Parlamento de Galicia, para pedirles más inversión en inclusión. Que tengan en cuenta mi caso y el de otras muchas mamás que nos encontramos en situaciones difíciles por el simple hecho de pedir igualdad de derechos para nuestros pequeños".
