La tirantez del desencuentro que mantienen la comunidad de montes de Mourente y la Deputación de Pontevedra por la titularidad de los terrenos en los que está situado el Centro Príncipe Felipe va camino de distensionarse. Días después de haber presentado ante la Audiencia Provincial un recurso contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Pontevedra —que reconoce a la entidad parroquial como propietaria de la parcela objeto del litigio—, la Administración provincial propuso a los comuneros "manter reunións periódicas" para avanzar en la redacción de un acuerdo para la cesión de uso de los terrenos situados en el monte Montecelo, un consenso que garantizaría el mantenimiento de la actividad que se desarrolla en Príncipe Felipe.
La decisión adoptada por la Deputación de recurrir el fallo judicial que da la razón a la comunidad de montes de Mourente en su reivindicación como legítima propietaria de la superficie que ocupa Príncipe Felipe no sentó nada bien a los 133 comuneros reunidos en la asamblea celebrada en la mañana del domingo en el salón de actos de la sede social de la Cultural de Mourente.
Consideran "absurdo" que la institución provincial "se empeñe no enfrontamento xudicial", una vía que consideran "inútil", puesto que ya cuentan con una sentencia que reconoce el carácter vecinal del monte Montecelo, en concreto la que corresponde a la parcela ocupada por el hospital. "Esa sentenza xa foi ratificada no seu día pola propia Audiencia Provincial", argumentan. Además, durante la reunión surgieron voces críticas con la actitud de la Deputación porque obliga a los comuneros a asumir mayores gastos judiciales, un proceder que, advierten, "dificulta o entendemento de cara ao establecemento dun acordo".
La junta rectora que preside Xosé Carlos Morgade informó a la asamblea de que "días despois da presentación do recurso xudicial ante a Audiencia Provincial celebrouse unha reunión entre as dúas partes a petición da Deputación". En ese encuentro, añadió, "os representantes do organismo provincial xustificaron a presentación do recurso por ser norma da casa nos casos de sentenzas desfavorables en Primeira Instancia". Tras esta puntualización, los portavoces de la Deputación "ofreceron —continuó Morgade— a apertura de conversas nas semanas vindeiras para avanzar no establecemento das condicións dun posible acordo de cesión para o caso de que a sentenza da Audiencia Provincial ratifique o carácter veciñal dos terreos de Príncipe Felipe, como no seu día fixera cos ocupados polo hospital Montecelo".
Las personas que asistieron a la asamblea de la comunidad de montes consideraron "incomprensible e indignante" el posicionamiento de la Deputación al mismo tiempo que acusaron al organismo provincial de tener "dobre cara" en este controvertido asunto.
Los contactos tienen como objetivo tratar de llegar a un consenso sobre el pago de un canon y la duración de la cesión de los terrenos
El equipo directivo cuenta con la preceptiva autorización de la asamblea para acudir a esas citas solicitadas por la Deputación, si bien los comuneros advierten de que tienen "moitas dúbidas" de que las intenciones negociadoras de la institución provincial sean "verdadeiras". Con todo, ratificaron su disposición a negociar un acuerdo que garantice el funcionamiento futuro del Centro Príncipe Felipe al mismo tiempo que hacen notar que si finalmente esas instalaciones se tienen que cerrar será debido a la "torpeza e dobre xogo do organismo provincial e non pola actitude dos comuneiros de Mourente".
El planteamiento que defenderá el colectivo parroquial en la mesa de negociación será el de ceder los terrenos que ocupa Príncipe Felipe a la Deputación por tiempo indefinido a cambio de un canon "asumible" y "razoable".
"Sería unha cantidade moi pequena que nos compensaría pola perda das parcelas que nos levaron as administracións públicas", precisa Morgade.
Recogida de firmas para "parar o roubo do monte veciñal"
La comunidad de montes de Mourente se sumó este domingo a la campaña de recogida de firmas en apoyo de la Iniciativa Legislativa Popular con la que la Organización Galega de Comunidades de Montes en Man Común reivindica la elaboración de una Lei de Montes Veciñais.
La entidad que impulsa esta proposición acusa a la Consellería de Medio Rural de "sacarlle os montes veciñais á veciñanza comuneira para entregarllos a diversas administracións públicas e a empresas de diverso índole (forestais, madeireiras, eólicas, mineiras...). Temos que parar este roubo!".
La Iniciativa Legislativa Popular pretende, según sus promotores, "reforzar o carácter xermánico da titularidade veciñal, considerando a veciñanza como único requisito para ter a condición de veciño/a comuneiro/a" y "recoñecer o monte veciñal como unha titularidade distinta e en pé de igualdade coas titularidades públicas e privadas", además de "lograr un monte veciñal multifuncional e sustentable ao servizo da veciñanza comuneira e da sociedade galega no seu conxunto".
El plan de la Organización Galega de Comunidades de Montes también defiende considerar como aprovechamientos y usos de los montes vecinales todos los que se dan en ellos, además de conseguir una fiscalidad "xusta" atendiendo a la figura y las funciones de los montes vecinales, "non considerandoos como meras empresas mercantís".
Declarar a los montes vecinales como una figura de protección medioambiental y cultural en sí misma es otra de las reivindicaciones que constan en el argumentario de la Iniciativa Legislativa.
