La crisis de Nexia Infraestructuras ha activado las alarmas en una nueva administración, la Deputación de Pontevedra. Su presidenta, Carmela Silva, informó este martes de que la institución está ahora mismo examinando los proyectos adjudicados a la empresa constructora, cuyas deudas ya ascienden, según los acreedores, a 8,5 millones de euros. "Estamos estudando os contratos para tomar decisións, co fin de que isto non afecte ás obras que estaban en marcha nin á prestación de servizos na provincia", manifestó la socialista.
Según denuncian proveedores y subcontratas, la compañía ingresó en el último año importantes cantidades por las certificaciones de obra que fue justificando, pero sin liquidar a los acreedores, que aportaron medios, maquinaria y personal con sus propios recursos. Esto, sumado a las deudas contraídas con los suministradores de material, provocó la paralización de varias obras públicas que la firma tenía adjudicadas.
La mayor parte de los contratos vinculados con la institución provincial son por obras en distintos ayuntamientos de la provincia con cargo al Plan Concellos, que este año tiene previsto financiar inversiones municipales por un importe de 29,7 millones de euros.
Una venta con dudas
La firma fue vendida el pasado viernes 17 de enero a una pequeña sociedad que, según afirman fuentes próximas, se dedica al alquiler de maquinaria y tiene sede social en Salvaterra do Miño. Pablo Valiñas Monteagudo presentó al nuevo responsable, Javier López, como el representante de una empresa solvente, pero las dudas no tardaron en surgir. Sobre todo cuando, según los trabajadores, anunció que contrataría una auditoría catalana para examinar el estado de las cuentas, tras hacer efectiva la compra.
RESCISIONES. Los concellos de Pontevedra y Poio también se han puesto manos a la obra para solucionar la paralización de los trabajos adjudicados a Nexia. En el caso del segundo, fuentes oficiales confirmaron este martes que el plazo otorgado a la empresa para que facilitase información sobre las obras pendientes "expiró sin que hubiese noticias por su parte". Como consecuencia, la Administración municipal ha iniciado "los trámites pertinentes" para rescindir los contratos, que comprendían la construcción de un nuevo vial en A Caeira, la humanización del núcleo de A Seara y la rehabilitación del Camino Lameiriña (Raxó), que ni siquiera ha empezado. La medida implicará volver a licitar las obras, con el consecuente retraso respecto a las fechas previstas.
En el caso de Pontevedra la obra comprende la rehabilitación de los accesos a O Rial, Rorís y Meán (sitos en Lourizán) y fue adjudicada a la empresa por 101.278 euros, 51.456 menos por el que salió la obra a licitación. Los trabajos pararon antes de Navidad y no han vuelto a ser retomados, lo que ha suscitado numerosas quejas por parte de los vecinos afectados.
La empresa tenía hasta las 23.59 horas del martes para comunicar su hoja de ruta prevista, pero no consta que haya hecho el trámite. Por ello, la Administración local estudiará qué medidas adoptar, entre las que se contempla la rescisión de contrato e incluso el veto de la sociedad en el departamento de Contratación para que no vuelva a ejecutar ninguna otra actuación municipal.
El Concello de Vilagarcía ya dio el paso y ha rescindido el contrato de las obras de humanización de Vázquez Leis por la "prolongada demora" que arrastraba la actuación. Y en Pontecesures se presume que el nuevo parque infantil y las nuevas aceras también se pasarán de fecha.
El caso ha superado incluso las fronteras de Pontevedra, puesto que la Deputación de A Coruña no descarta anular la ajdudicación a Nexia de la ampliación de la carretera de Besta (Oleiros) y la construcción de un nuevo puente en Lousame. Ambas obras se encuentran paradas y las subcontratas ha advertido que llevan "meses sin cobrar".
Mientras tanto, el grupo de acreedores afectados, que prevé formar una asociación y depurar responsabilidades por la vía penal, suma nuevas incorporaciones. El martes ya eran 37, aunque calculan que en total Nexia adeuda facturas a 300 proveedores y empresas prestadoras de servicios.
