Los procedimientos de embargo iniciados por no pagar los recibos de las hipotecas también siguen una senda preocupante en Pontevedra, donde el incremento con respecto al arranque de 2020 es ya del 59%, con un total de 88 casos contabilizados por el TSXG, frente a los 51 del primer trimestre del ejercicio anterior (en el inicio de 2019 habían sido 104). En este apartado la provincia de Pontevedra es la más perjudicada de Galicia, ya que en el primer trimestre de este año las ejecuciones hipotecarias caen en A Coruña (-8,1%), y en Ourense (-27%) y crecen únicamente en Lugo, donde aumentaron un 41%.
En general, el número de desahucios (lanzamientos ordenados judicialmente) experimentó un crecimiento en Galicia del 9,2%, con un total de 465 desahucios entre enero y marzo, frente a los 426 registrados en el mismo período del año anterior.
De ellos, según los datos del Tribunal Superior, 106 se produjeron como consecuencia de procedementos de ejecución hipotecaria, frente a los 55 que se habían realizado por este motivo en 2020, lo que supone una subida interanual del 92,7%.
En el conjunto del Estado, los lanzamentos ejecutados en el primer trimestre subieron un 13,4%. A su vez, las ejecuciones hipotecarias iniciadas en Galicia en ese período se incrementaron en un 15,2%, con 189 procedimientos frente a los 164 del año anterior. En toda España se presentaron 7.280, lo que supuso un incremento del 56,3% respecto al mismo trimestre de 2020.
En esos primeros meses del 2020, el inicio de la pandemia hacía presagiar un cambio de tendencia notable en la estadística. Los últimos 17 días de marzo estuvieron marcados por la inactividad tras decretarse el estado de alarma el 14 del mismo mes y aplicarse en el país el primer confinamiento masivo de la población desde la guerra civil.
Ese parón provocado por el coronavirus explica, en parte las cifras, pero los técnicos del INE no atribuyen en exclusiva a la pandemia este aumento de los procedimientos de embargo en el conjunto del Estado. Ya en el tercer y cuarto trimestre del 2020 se detectó un crecimiento de las ejecuciones hipotecarias próximo al 80% sobre los mismos períodos de 2019. Entonces se apuntó a la paralización general de la actividad durante el primer estado de alarma. Ahora, sin embargo, esa circunstancia no podría considerarse la única explicación, ya que los juzgados y registros de la propiedad acumulan al menos nueve meses de actividad ininterrumpida.
Sin duda, las dificultades económicas de las familias como consecuencia de la crisis estarían detrás del aumento de los embargos o de los desahucios. No hay que olvidar en este sentido que el Gobierno aprobó el 17 de marzo de 2020 una moratoria hipotecaria para flexibilizar temporalmente las condiciones de pago para los poseedores de algún crédito. También se habilitó una línea de préstamos con aval del Instituto de Crédito Oficial (Ico).
Sobre el total de fincas, Comunidad Valenciana encabezó el número de ejecuciones, con 1.731, seguida de Andalucía (1.526), Cataluña (1.426) y Madrid (691). Por su parte, Navarra (16), La Rioja (50) y Extremadura (68) registraron el menor número.
Conviene recordar que las ejecuciones hipotecarias no acaban necesariamente en desahucios. Son un procedimiento inicial por el que se reclama la propiedad de un inmueble tras el incumplimiento de los pagos correspondientes a la hipoteca. Solo en caso de que no sea posible un acuerdo entre las partes se dilucida esta cuestión en un juzgado, que es quien puede ordenar el lanzamiento de los habitantes de una vivienda. En España, la mayoría de los desahucios no se corresponden con problemas hipotecarios sino con impagos del alquiler por parte de los inquilinos. A finales de 2019, el Supremo zanjó otra vieja polémica sobre en qué momento podía una entidad financiera iniciar una ejecución hipotecaria. El tribunal español determinó un mínimo de 12 meses de impago o un 3% del capital adeudado, en caso de que el préstamo se encuentre en su primera mitad, o de 15 impagos o un 7% del capital adeudado si los recibos pendientes corresponden a la segunda mitad del plazo estipulado.
Las denuncias por cláusulas suelo también suben un 51%
El número de casos que llegó a los juzgados en el primer trimestre del año se cuatriplicó en A Coruña y aumentó casi un 1000% tanto en Lugo como en Ourense
Sea o no un efecto de la crisis sanitaria y económica, lo cierto es que además de los desahucios y de la ejecución de hipotecas, el tercer crecimiento espectacular en la provincia de Pontevedra y en Galicia está siendo el de las denuncias de cláusulas suelo en los juzgados, tal y como confirmó ayer el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
Estas cláusulas suelo fijan un tope mínimo de intereses que los clientes de contratos hipotecarios deben pagar. El modelo impidió a los afectados beneficiarse de la caída del Euríbor, principal índice de referencia para la mayoría de las hipotecas en España.
El Tribunal Supremo consideró abusivas estas cláusulas, al entender que los consumidores no habían sido informados de la carga económica y jurídica que se les imponía, pero fijó en la fecha de la sentencia, el 9 de mayo de 2013, la retroactividad máxima para que su nulidad sólo tuviera efectos de cara a futuro.
Aún así, el número de denuncias por estas prácticas bancarias crece exponencialmente. En el primer trimestre de 2020, En Pontevedra se presentaron 403 denuncias, frente a las 267 del mismo período de 2020. En A Coruña fueron 639 ahora, por las 130 que se habían presentado en el arranque del año pasado.
El caso más espectacular es el de Lugo, donde la estadística del TSXG localiza 1.689 casos entre enero y marzo del presente ejercicio, por 158 del primer trimestre del pasado año. Ourense, por su parte, acumuló este año 844 denuncias y partía de las 81 del 2020.
El estudio judicial refleja además que en el primer trimestre los juzgados gallegos ingresaron 11 demandas por ocupación ilegal de viviendas en casos en los que los propietarios son personas físicas, entidades sien ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social, frente a las 24 do período anterior. En total, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2021, se resolvieron 12 procedimientos de este tipo y se dejason 50 en trámite.
