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Un descuartizador era uno de los testaferros de Gómez Bodaño

Frutos Ayala, durante el juicio por el crimen del congelador. GONZALO GARCÍA
Frutos Ayala, durante el juicio por el crimen del congelador. GONZALO GARCÍA
La Audiencia confirma la sentencia que constata la disolución de Gómez Bodaño por fraude fiscal

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha dado carpetazo (provisional, pues cabe un último recurso ante el Supremo) a la investigación por fraude fiscal que se saldará con la disolución de la inmobiliaria Gómez Bodaño, que, tras cambiar de manos, navegó entre testaferros al tiempo que defraudaba al fisco. Lo inquietante del asunto es la identidad de uno de sus aparentes administradores (él mismo se definió como un hombre de paja): Juan Antonio Frutos Ayala, el individuo que, sierra radial en mano, descuartizó a un narcotraficante venezolano en Ponteareas.

La historia del crimen del congelador (en su interior aparecieron los restos del sudamericano) se vinculó desde un primer momento con el narcotráfico. La víctima, Jesús Isasi, era el contramaestre del pesquero San Miguel, un barco de río que partió del delta del Orinoco y que fue interceptado por la Policía Nacional cuando llegaba a Galicia con más de tres toneladas de cocaína. Grandes capos de las Rías Baixas fueron detenidos como responsables del alijo, pero ninguno de ellos resultó condenado. "Todo fue por el barco de la droga", declaró la hermana de Isasi poco después de conocer que le habían asesinado. El venezolano era un cabo suelto. Sin embargo, el juicio que se celebró en la Sección Cuarta (mediante la fórmula del jurado popular) no sirvió para acreditar conexión alguna con la coca. Frutos Ayala, que en esa etapa ya no tenía conexión con la constructora, reconoció haber descuartizado a Isasi, pero nada se supo de presuntas conexiones mafiosas. Intentó escurrir el bulto declarando que se había golpeado en el marco de una discusión y que él solo le siguió agrediendo "para que no sufriese", pues, según él, ya estaba medio muerto. Los ciudadanos emitieron un veredicto de culpabilidad y las magistradas le impusieron doce años de prisión por asesinato.

El asesino del congelador era el administrador de la histórica constructora pontevedresa tras su venta por parte de sus fundadores

En cuanto a su relación con la histórica constructora pontevedresa, no hay más que acudir a Internet para encontrar al descuartizador como su administrador, al menos durante algún tiempo. Los fundadores de la firma, que nació en la década de 1980, salieron absueltos del proceso. Habían traspasado sus participaciones a cambio de un euro en 2011, en plena crisis del ladrillo, y el delito de fraude fiscal que se investigó se produjo en el ejercicio 2012.

Un grupo inversor del Golfo Pérsico pareció interesarse por los activos de la inmobiliaria, pero, al menos que se sepa, no invirtió en una firma de la que sus antiguos dueños mantenían ciertos derechos sobre inmuebles.

El dictamen elaborado por el Juzgado de lo Penal 4 de Pontevedra tras un juicio de lo más complicado se saldó con dos condenas: diez meses de prisión para Frutos Ayala y dos años de cárcel para el que, a ojos de la Justicia, era uno de los auténticos propietarios de Gómez Bodaño cuando eludió sus responsabilidades con Hacienda. En su caso, le impusieron dos años de prisión y una multa próxima a los 300.000 euros.

El delito concreto fue un impago a la Agencia Tributaria tras el ingreso de 2,7 millones de euros por la venta de inmuebles. Tras los oportunos cálculos, Hacienda y Fiscalía fijaron en 142.000 euros la cantidad pendiente de pago.

El hombre al que mató era el contramaestre del pesquero San Miguel, un barco atribuido a grandes capos de la droga

Sobre la vista oral, el descuartizador se presentó como un testaferro al que pagaban una cantidad por prestarse a figurar como administrador. El juez le consideró cooperador necesario, de ahí la pena de diez meses de cárcel y la multa de 43.000 euros.

En cuanto a la histórica firma pontevedresa, que está detrás del recurso que acaba de ser desestimado por la Audiencia, el tribunal es claro, ordenando "a disolución de la sociedad, con la pérdida definitiva de su personalidad jurídica, así como de la capacidad para actuar de cualquier modo en el tráfico jurídico, y de llevar a cabo cualquier actividad aunque sea lícita". En resumen: el descuartizador, un extraño testaferro en este asunto, seguirá en prisión, y la constructora, si el Supremo no dice lo contrario, dejará de existir.

Un descuartizador era uno de los testaferros de Gómez Bodaño
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