El conflicto fronterizo entre Pontevedra y Marín acumula telarañas. Y lo hace sin que se haya resuelto de forma definitiva quién es el legítimo titular de los terrenos ganados en su día al mar en el Puerto de Marín. El expediente del deslinde se abrió en 1989 para determinar qué municipio tenía la razón en esta disputa territorial y no fue hasta 2001 cuando el Instituto Geográfico Nacional (IGN) emitió su informe. El dictamen por la división del recinto portuario lleva 20 años en el cajón y la Xunta, que es la administración que tiene la última palabra en esta guerra, no se ha pronunciado aún.
Aquella resolución avalaba la tesis defendida por Concello de Pontevedra en este conflicto, que se originó en la Praza de Marqués de Valterra. En este caso, la discusión se centra en determinar quién tiene competencias en la ampliación del Puerto, que la Justicia declaró en su día ilegal porque la tramitación de los rellenos se hizo de forma irregular.
La Xunta tiene la última palabra en la disputa territorial entre Pontevedra y Marín, cuyo origen se remonta al año 1989
Marín sostiene que toda la zona de expansión de la instalación portuaria es suya. Sin embargo, Pontevedra introduce un matiz. Considera que debe trazarse una línea imaginaria entre el último mojón en tierra, situado en la Praza de Cantodarea, y el faro de Tenlo, en la Illa de Tambo.
Las conclusiones de la Administración pontevedresa, que son las que avala el IGN, que es un organismo que depende del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, obligarían a cambiar la distribución en el Puerto, censando en la capital provincial tres empresas: Marfrío, Davila Reefer y buena parte de las instalaciones que el Grupo Nogar gestiona en este ámbito.
Al ganar estos terrenos, estas firmas dejarían de pagar sus impuestos en la villa morracense y pasarían a depender fiscalmente de Pontevedra. La opción defendida por Marín obligaría a modificar las fronteras entre los dos términos municipales.
El deslinde obligaría a censar en la capital tres empresas del recinto portuario, ubicadas en terrenos ganados al mar
LÍMITES CON POIO. Pontevedra también tiene abiertos otros conflictos territoriales. El que mantiene con Poio desde la década de los 90 para delimitar los límites entre ambas localidades tampoco se ha resuelto.
El último informe del Instituto Geográfico Nacional, elaborado en 2019, dio la razón a las aspiraciones poienses al aceptar –con pequeñas modificaciones– las fronteras que en 1889 acordaron ambos concellos. Aquel acuerdo se hizo a través de un amojonamiento que se hizo entre el alto del Monte Castrove y Orillamar. Entre ambos puntos se colocaron 28 mojones.
El documento del organismo estatal concluyó que la Comandancia de la Guardia Civil, el Parque Municipal de Bombeiros y parte de la Xunqueira de Alba deben estar censados en Poio. También se sitúa en el municipio vecino un tramo de la autopista; la glorieta del puente de As Corrientes, ubicada en la avenida de Domingo Fontán y la cementera que hay frente al Centro Comercial A Barca.
La propuesta del IGN, que refrenda una anterior, emitida en el año 2016, no resuelve quién sería el propietario del puente de As Correntes. El viaducto se inauguró en 2012. La obra fue impulsada por el Concello de Pontevedra y contó con el apoyo financiero de la Xunta. La infraestructura superó los siete millones de euros.
La decisión del Instituto Geográfico Nacional también afecta a la rotonda de acceso al viejo poblado de O Vao. La glorieta se ubica en suelo pontevedrés a pesar de que tanto Poio como Pontevedra daban por hecho que debía situarse en territorio poiense y así lo hicieron constar en las sucesivas alegaciones a este expediente, que se inició en 1991, es decir, hace 30 años.
La guerra con Poio tampoco se ha resuelto. El IGN sitúa la Comandancia, Bomberos y parte de A Xunqueira en suelo poiense
La división trazada incluye una parte del núcleo chabolista de O Vao en Pontevedra, justo en la zona en la que la Xunta proyectó en su día un vial para conectar la carretera de Vilagarcía con la que sube a Campañó, en A Caeira. Esta obra, que sigue en el cajón, ayudaría a aliviar el tráfico en el nudo de Bombeiros y en la rotonda de A Barca.
La resolución fronteriza también introduce cambios importantes en O Castrove. La de mayor polémica tiene que ver con la gestión de las cuatro antenas de telefonía instaladas en la zona. El informe de 2019 sitúa dos de ellas en terrenos de la Comunidade de Montes de Campañó, otra en suelo poiense y una cuarta dividida a la mitad y que, por lo tanto, tendrían que repartirse los comuneros de la citada parroquia pontevedresa y los de San Xoán de Poio.
En esta disputa territorial será la Xunta la que deba deshacer el entuerto.
