Dieciséis concellos de la provincia pidieron ayudas para crear planes anti-sequía

A ellos se suma la Mancomunidade do Salnés; ningún municipio dispone aún de proyectos de este tipo pese a ser obligatorio para los de más de 20.000 habitantes
Embalse de Cecebre, en Cambre, durante la sequía en el verano de 2012
photo_camera Imagen de archivo de sequía en Galicia. DP

Un total de 87 concellos gallegos han solicitado las ayudas convocadas por la Xunta para crear los primeros planes municipales contra la sequía. De ellos, 16 ayuntamientos y una mancomunidad (la de O Salnés) pertenecen a la provincia de Pontevedra.

Fue a finales de junio cuando la Administración autonómica publicó en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la orden de subvenciones dotada con 250.000 euros de aquí al año 2020, con el objetivo de que los municipios se pongan las pilas frente al nuevo escenario de cambio climático. Tal y como señaló la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade (de la que depende Augas de Galicia), hasta la fecha ningún concello tiene un plan de emergencia frente a la sequía, a pesar de que es un requisito obligatorio para los de más de 20.000 habitantes.

Por tal motivo, el Gobierno gallego sacó esta línea de ayudas que se repartirán con un tope de 15.000 euros por municipio o mancomunidad y, además, puso a disposición de los concellos apoyo técnico para realizar los planes (de hecho, Augas de Galicia incluye en su página web un modelo de plan de emergencia que puede servir como referencia).

El pasado día 24 finalizó el plazo de presentación de solicitudes y en el caso de la provincia pontevedresa los que han concurrido a la convocatoria han sido los concellos de Poio, Ponte Caldelas, Vilaboa, Marín, Sanxenxo, O Grove, Soutomaior, Oia, A Guarda, Silleda, Cuntis, Lalín, Ponteareas, Moaña, Caldas de Reis, Gondomar y la Mancomunidade do Salnés.

Según precisó la Consellería que dirige Ethel Vázquez, a partir de ahora se les requerirá a prácticamente todos documentación que no han presentado, se analizarán las solicitudes y se valorará la necesidad de ampliar el importe de las ayudas convocadas, algo que ya estaba previsto inicialmente. Además, se priorizará en función de los requisitos establecidos.

Los planes deben estar redactados entre este año y junio de 2020 y con ellos se busca que los municipios hagan prevención de riesgos, tengan definida la toma de decisiones y dispongan de medidas de gestión con anticipación, incluyendo auditorías de cómo se encuentra el estado de suministro, ya que hay localidades en las que se pierde hasta el 40% del agua municipal.

El objetivo es analizar cómo está la red para conocer los puntos débiles. En definitiva, se trata de "definir os protocolos de actuación no ámbito local, establecer as medidas para garantir o subministro á poboación en caso de seca e fomentar o emprego eficiente dos recursos hídricos".

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