Siete, ocho y diez años de prisión por recoger alijos desde portacontenedores

Nardo era el cabecilla de una red que cayó tras detectarse la llegada de 52 kilos de cocaína a la ría de Pontevedra en un barco
Los tres acusados, durante el juicio oral celebrado en Pontevedra. POOL MÓNICA PATXOT
photo_camera Los tres acusados, durante el juicio oral celebrado en Pontevedra. POOL MÓNICA PATXOT

El capitán del portacontenedores Cap Beatrice, que realizaba la ruta entre Cartagena de Indias y Amberes haciendo escala en Marín, detectó la presencia de un polizón entre su tripulación. Su aviso puso en alerta a las unidades policiales especializadas en la lucha contra el narcotráfico en Pontevedra, que supieron que las intenciones de aquel hombre eran introducir una importante partida de cocaína en la provincia de Pontevedra. Era primavera. Año 2017. La Policía Nacional y la Guardia Civil idearon un plan para atrapar al mayor número de delincuentes y, con la ayuda de un agente encubierto, consiguieron engañar al joven gallego que, en un pesquero, salió de Portonovo al encuentro del buque, en la confianza de que su colega sudamericano saltaría al bote con la droga. Sin embargo, se encontró con que el que saltaba era el guardia de incógnito, lo que acarreó su inmediata detención.

Semanas después y tirando del hilo, los investigadores determinaron que el cerebro de esta operación (y tal vez de otras más con idéntico modus operandi) era Nardo, un hombre curtido en este tipo de delitos y que dirigía al resto de miembros del grupo y contactaba con varias personas más que no pudieron ser identificadas.

En el juicio celebrado en octubre pasado en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra, tanto el joven gallego que acudía en busca de la droga como el que hacía de mula confesaron su participación en los hechos que se le atribuían. Por ello, el tribunal les impuso penas de ocho y siete años de prisión, respectivamente. La posición de Nardo, sin embargo, fue muy distinta. Esperando que no hubiese suficientes pruebas contra él, optó por acogerse a su derecho a no declarar. Pero las había. Y muchas. Conversaciones interceptadas unidas a hallazgos documentales fueron de gran peso, y acabó siendo condenado a diez años de cárcel. Todos ellos, eso sí, fueron absueltos del delito de organización criminal.