La Deputación de Pontevedra interpondrá en los tribunales un recurso contencioso administrativo para que la Xunta de Galicia cumpla con las "obligaciones" que, según el gobierno provincial, tiene de ejecutar obras de mantenimiento en el Pazo de Lourizán.
El uso del histórico inmueble, propiedad de la Diputación, fue cedido en su día a la Xunta de Galicia para albergar un centro de investigaciones forestales y ambientales y, desde hace años, ambas administraciones disputan quién debe hacerse cargo de su rehabilitación.
El pleno de la corporación provincial, con los votos a favor de PSdeG-PSOE y BNG, ha acordado la interposición de este recurso que llega, según ha recordado el socialista Carlos López Font, tras cuatro requerimientos previos a los que la Xunta "nunca ha dado respuesta".
López Font ha señalado que ante los "incumplimientos" y la "falta de diálogo" del gobierno gallego la vía contenciosa es la "única que tenemos" para defender una "joya pública de todos los pontevedreses".
El dirigente socialista ha explicado que la finca de Lourizán está cedida a la Xunta por 30 años y abarca todos los edificios, instalaciones y plantaciones existentes, y ha subrayado que el convenio establece que le corresponde a la Xunta efectuar las obras de conservación necesarias para mantener la zona noble del conjunto.
Una y otra vez, ha lamentado Carlos López Font, la Diputación se ha encontrado con el "silencio" de una administración pública que "no atiende a sus competencias" y que "desatiende flagrantemente sus compromisos", por lo que "no nos dejan alternativas".
El diputado del PSOE ha calificado además de "incomprensible" la postura del Partido Popular, que ha defendido una propuesta de rehabilitación, presupuestada en cinco millones de euros, y que financiaría la empresa Ence a cambio de que parte de esta finca se le cediese para crear un nuevo centro de I+D Forestal.
Esta propuesta, según López Font, tiene el "simple objetivo de lavarle la cara a Ence", y ha recordado que la evaluación técnica de las deficiencias que registra el Pazo por la "negligencia" de la Xunta supera los 14 millones de euros.
La portavoz del PP, Pepa Pardo, ha lamentado que al gobierno provincial "sus palabras se las lleva el viento", ya que ha señalado que hace menos de un mes, en la investidura de Carmela Silva como presidenta, prometían "diálogo, consenso y lealtad institucional" con la Xunta y, en el primer pleno, "judicializan este asunto".
Pardo ha defendido que la Xunta "jamás" ha eludido sus responsabilidades con respecto a estas instalaciones y ha acusado a la Deputación de Pontevedra como "propietaria y responsable legal de su conservación" de ser quien ha "impedido" cualquier reforma.
"Lo único que han hecho PSOE y BNG ha sido condenar al Pazo de Lourizán a la decadencia y echarle la culpa falsamente a la Xunta", ha añadido la diputada popular, que ha reclamado al gobierno provincial que se pongan "manos a la obra" y asuman "de una vez por todas" sus responsabilidades como propietarios de la finca.
