Efectivos de extinción de incendios denuncian sus precarias condiciones

Trabajadores fijos discontinuos demandan contratos más largos para trabajar en prevención fuera de la campaña de alto riesgo ►Su empleo actual, de tres meses de duración, les impide acceder a ayudas sociales o pensiones ►La Seguridad Social pide que devuelvan el subsidio
Operarios en un incendio en Ponte Sampaio
photo_camera Operarios en un incendio en Ponte Sampaio

Parte de la plantilla encargada de la extinción de incendios en el área de Pontevedra se siente "maniatada" y sometida a unas condiciones laborales que califican de "precarias" y "desiguales" frente a otro tipo de efectivos que operan en las campañas antiincendios. ¿De quiénes se trata? Como bien se podrán imaginar algunos, de los trabajadores fijos discontinuos que son empleados únicamente tres meses al año, por norma general, entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, con el fin de reforzar el operativo durante el período de alto riesgo de incendio.

En el distrito forestal de Pontevedra hay unos 30 asalariados en esta situación y, según explica su portavoz (que prefiere mantenerse en el anonimato), todos se sienten desprotegidos pues, entre otras cosas, su categoría de empleados públicos les impide acceder a las prestaciones por desempleo, ayudas de carácter público y pensiones contributivas. Algunos incluso han sido requeridos por la Seguridad Social para devolver a las arcas estatales ciertas retribuciones de este tipo. Es el caso de un trabajador con plaza fija discontinua en el distrito pontevedrés que, al poco de obtener esta categoría, recibió una carta conforme tenía que devolver el subsidio percibido anteriormente. Como consecuencia, tuvo que revertir al erario público "algo más de 2.000 euros en pleno diciembre, cuando venían las Navidades".

El trabajador denuncia el hecho de tener que cobrar "cero euros durante nueve meses para poder trabajar tres". De hecho, ya se ha planteado en varias ocasiones cambiar de trabajo, pero asegura que hay una cláusula que dificulta su acceso a otros empleos y que ahora mismo el mercado laboral no ofrece alternativas.

Pese a su relación con la Administración, este tipo de plazas no aparecen recogidas en el convenio del personal laboral de la Xunta, que sí rige a los fijos discontinuos que trabajan nueve meses y al resto de personal fijo. Además, aunque la duración de los contratos es corta, las características de los puestos impiden acceder a las listas de contratación de cualquier cuerpo de la Xunta, dado que "para la Administración ya estás ocupando una plaza".

"FRAGMENTACIÓN". Los trabajadores también denuncian la participación de empresas privadas, sobre todo, cuando esto ocurre fuera de la campaña de alto riesgo. En su opinión, esto ayuda a la "progresiva privatización" del servicio y a la "fragmentación" del mismo, "algo que no favorece la óptima coordinación de los entes participantes".

Los afectados consideran que "lo lógico y eficiente" sería contar con un equipo antiincendios público que opere "con unas condiciones laborales dignas" y se mueva por los principios de "igualdad, mérito y capacidad". Y mientras esto no sucede, si es que ocurre, demandan para sí mismos más tiempo de trabajo hasta llegar a un mínimo de seis meses trabajados al año. Según advierten, los beneficios serían dobles. Por un lado, los afectados tendrían derecho a percibir algún tipo de prestación públicas, mientras que el monte contaría con más mano de obra para realizar tareas de prevención. "Hay mucho trabajo por hacer, hay que limpiar los pozos de agua y los cortafuegos, hacer desbroces preventivos... No queremos limitarnos a la extinción, queremos trabajar en el área de la prevención y para esto no llega la plantilla fija que está durante el año. La Administración tiene tractores parados por la falta de conductores", señala el portavoz.

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