El 75% del plantel de Restauración apoya el escrito a la Fiscalía por "enchufismo"

El 75% del profesorado de la Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia (ESCRBBCC) firmó el escrito dirigido al fiscal jefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, en el que denuncian la creación de una plaza ad hoc para una profesora que resulta ser familiar de un cargo de la Xunta de Galicia. El escrito fue presentado ayer en la Fiscalía Provincial.

Según la información aportada por los firmantes, la beneficiaria de la supuesta plaza fraudulenta, Beatriz Seco González, tiene una hija en común con el hermano de la secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella.

De los 20 profesores que componen la plantilla docente de la escuela, que depende directamente de la Consellería de Cultura e Educación, 15 firmaron el escrito. En él ponen en conocimiento del fiscal los hechos "en relación á oferta e adxudicación por concurso de traslados dunha vacante en Restauración e Conservación de Documento Gráfico, especialidade que non existe na comunidade autónoma de Galicia, por considerar que poden ser constitutivos de delito".

55 FIRMAS. Asimismo, la petición abierta en la plataforma change.org para denunciar públicamente estos hechos logró 500 firmas para presentarlas ante el presidente de la Xunta, el conselleiro de Educación, el director xeral de Centros e Recursos Humanos y la Secretaría Xeral Técnica con el objetivo de acabar con el "enchufismo". "Parece inasumible que a día de hoy el criterio de selección del personal en la Administración pública sea el amiguismo. Y si bien es insoportable en cualquier sector, lo es aún más en educación", sostienen.

En la ESCRBBCC se adjudicó una plaza "de forma extraordinaria, creemos que irregular (lo dirá la justicia), y desde luego saltándose todos los procedimientos habituales", denuncian.

ÚNICA SOLICITANTE. En el escrito presentado ayer en Fiscalía dan cuenta de los hechos relacionados con el procedimiento administrativo, iniciado el 19 de enero de 2016 con la publicación en el DOG del concurso de traslados. El 8 de marzo se publicó la lista de plazas vacantes, en la que se incluía la de Documento Gráfico, que no existe en la escuela pontevedresa, donde se imparten las especialidaes de Arqueoloxía, Escultura y Pintura. El centro solicita información telefónica y advierte del "erro", pero mientras Inspección afirma desconocer el caso, la Consellería "insiste na creación e adxudicación desta vacante". El día 11 se publicó la adjudicación provisional del concurso de traslados, que recayó en Beatriz Seco, "única solicitante en toda España da vacante creada na ESCRBBCC".

El 18 de marzo 16 profesores del centro enviaron reclamaciones individuales a la Subdirección Xeral de Persoal para la anulación de la vacante y de la adjudicación provisional. Ni los escritos ni las reuniones (la Xefatura Territorial de Educación se desvinculó totalmente del caso) evitaron que el 9 de mayo se publicase en el DOG la adjudicación definitiva del concurso de traslados, con la vacante concedida a Seco González.

Profesores y alumnos, con el apoyo de los sindicatos del sector, subrayan que no se creó ninguna otra vacante y que desde 2007 no se convocaron oposiciones en el centro. La beneficiaria es funcionaria del Principado de Asturias y fue nombrada directora del Museo Pedagóxico de Galicia (Mupega) en abril de 2015 en comisión de servicios. En 2013 ya había sido incluida, fuera de plazo, en una lista de interinos de la especialidad de Conservación e Restauración de Bens Pictóricos. "A reclamación por parte dos interinos prexudicados supuxo a súa saída desas listas", explica el escrito.

Los indicios, añade el texto, señalan que Seco, "prevalecéndose dunha información privilexiada, obtivo trato de favor para que se convocara unha vacante nun centro de ensino público, pese a que a súa especialidade non se imparte en Galicia". Así, piden al fiscal que abra las diligencias oportunas para esclarecer los hechos y, en caso de haber delito, que ejercite las acciones penales oportunas contra todas las personas físicas o jurídicas que pudieran ser responsables de actividades delictivas.