El 12 de junio de 2016, once días antes del referéndum en el que los británicos votaron a favor del Brexit, el periódico Daily Express publicó un artículo criticando la presencia de barcos pertenecientes a españoles y holandeses faenando en sus aguas con bandera inglesa. La noticia calificaba a estos buques como "piratas de la UE", a pesar de ser legales, autorizados por el propio Gobierno del Reino Unido y de actuar bajo una fórmula reconocida por el Tribunal de Justicia europeo. El Daily Express los acusaba claramente de quedarse con la pesca inglesa y valoraba las cuotas adjudicadas a los foráneos en 65 millones de libras, además de citar específicamente los nombres de varios armadores de A Coruña y Lugo, poniendo sobre ellos el dedo acusador.
Aunque se trata de un artículo concreto, este tipo de argumentos han estado muy presentes en la campaña a favor del Brexit y, sin duda, han contribuido a fomentar un sentimiento de rechazo entre la población de Reino Unido. Muchos de sus marineros han defendido el lema Fishing for leave (la pesca, a favor de la salida) y toda esa tendencia social está influyendo notablemente en la forma en la que el Gobierno de Theresa May está manejando la salida de su país de la UE y las reglas de juego que quiere establecer.
En estas circunstancias, la flota gallega que opera en aguas inglesas está más que preocupada por su futuro y por cómo el Brexit puede afectar a su actividad.
Reino Unido posee dos caladeros en los que faenan barcos españoles. El principal se encuentra en el Atlántico Norte y no es otro que el famoso Gran Sol, que hace años llegó a acoger a 300 buques patrios. Hoy son muchos menos: arlededor de 70 con bandera de España y otros 27 propiedad de españoles que pescan allí bajo pabellón inglés.
En el caladero del Atlántico Norte hay 27 pesqueros gallegos que faenan con bandera británica y suman unos 200 marineros
El otro es Las Malvinas, o las Falkland Islands en el idioma de Shakespeare, situadas frente a Argentina y donde operan 25 barcos con enseña española y otros 19 también nacionales pero abanderados allí.
AUTÓCTONOS. En total, entre todos suman 141 buques y la mayoría de ellos son gallegos. Tal y como explica Hugo González, gerente adjunto de la Cooperativa de Armadores del Puerto de Vigo (Arvi), "de los 70 españoles que están en Gran Sol con bandera de aquí, unos 40 son de Galicia y están con nosotros en la cooperativa: hay 13 arrastreros que descargan en Vigo habitualmente, otros 13 palangreros (uno de Ribeira, dos de Avilés y diez de entre Burela y Celeiro) y luego hay otro par de arrastreros de A Coruña. Los 27 que faenan con bandera británica son básicamente gallegos y, según un artículo publicado hace poco, en estos trabajan unos 200 marineros de aquí".
Además de los del Atlántico Norte, la presencia de buques gallegos también es muy considerable entre los 44 que pescan en las Malvinas y, tanto en un caso como en el otro, el Brexit está causando mucha inquietud.
Pero, ¿cómo les puede afectar? Tal y como indica Hugo González, en lo que respecta a la flota con bandera española, puede verse dificultado el acceso a esos caladeros y perjudicados los cupos de pesca. "En todas las aguas comunitarias hay unas limitaciones de capturas, lo que se conoce como el TAC (Total de Admisiones de Capturas) y cada estado miembro de la UE tiene un porcentaje de las mismas. Del porcentaje que le corresponde a la flota española, una parte se pesca dentro de las 200 millas de Reino Unido. Esa área ahora se considera aguas comunitarias, pero en el momento en el que se haga efectivo el Brexit, podrán dejar de serlo y pasarán a ser aguas de un país tercero. Lo que le hemos pedido a la Administración es que delimite cuál es el porcentaje de la presencia de la flota española allí y cuántas capturas podrá obtener y que delimite cuál es el porcentaje de cuotas que podría reclamar para sí el Reino Unido. Habrá que delimitar geográficamente cuáles son esas aguas".
¿Y qué sucede con los barcos de titularidad gallega que pescan con bandera británica?
Los que han optado por esa opción lo han hecho, principalmente, para hacer frente a las limitaciones de pesca establecidas por las autoridades comunitarias para el sector pesquero gallego. Faenando bajo pabellón británico, estos buques pueden acceder a cuotas asignadas al Reino Unido. Hay que tener en cuenta que en Galicia el sector pesquero representa el 2,1% de su Producto Interior Bruto y en uno de cada cinco municipios costeros, ese porcentaje supera el 10% del PIB, además de que, según el Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma, suma una flota total de 5.703 barcos (en datos actualizados esta misma semana). Por el contrario, en Reino Unido la pesca solo supone el 0,2% de su PIB y la cifra de barcos en todo el país anglosajón ronda los 6.400.
La presencia de barcos españoles en sus aguas causa rechazo en Reino Unido y ha sido usada en la campaña a favor del Brexit
Eso sí, aunque haya buques gallegos que pesquen allí ondeando la Unión Jack, sus propietarios son de Vigo, O Morrazo, A Coruña..., al igual que buena parte de sus tripulaciones, y las descargas de mercancía también las realizan, sobre todo, en puertos galaicos.
AMENAZAS. Para todos ellos, el Brexit podría ser una losa demasiado pesada. El Gobierno de Theresa May podría dificultar que empresas de capital extranjero accedan a sus aguas, que dejarán de ser comunitarias. Además, podría imponer que una parte de las tripulaciones fuese obligatoriamente británica, lo que dejaría en el paro a bastantes marineros gallegos.
El tercer palo sería el regreso de los aranceles que caerían sobre estos armadores al vender fuera de Reino Unido el pescado capturado en el Gran Sol o en Las Malvinas. En el primero de estos caladeros, los gallegos pescan más de 8.000 toneladas que mayoritariamente comercializan en España, por lo que los impuestos que tendrían que pagar a los ingleses podrían ser considerables.
La cuarta amenaza que hace temblar a la flota autóctona es la posibilidad de que las autoridades de aquel país exijan que las firmas que poseen los barcos tengan una mayoría de capital británico. No sería la primera vez. En 1988, Reino Unido aprobó la Merchant Shipping Act, una ley de registro de buques pesqueros que estableció unos requisitos muy restrictivos y exigía precisamente eso. La polémica norma entró en vigor en abril de 1989 y sacó del juego a un centener de barcos que se vieron obligados a dejar de faenar durante un año y medio en aquellas aguas. Salvo doce armadoras vascas, el resto de damnificados fueron gallegos.
Por aquel entonces, los afectados recurrieron al Tribunal Europeo, que declaró ilegal la actuación del Gobierno británico y le obligó a modificarla. A partir de ese momento se inició una batalla legal que finalmente fue ganada por los españoles. Tuvieron que esperar diez años, pero en 1999 un tribunal de la Cámara de los Lores condenó al Ejecutivo inglés por actuar en contra de las leyes europeas y le ordenó indemnizar con 80 millones de libras a varios armadores españoles.
Ahora, con el Brexit aprobado y si los británicos deciden ponerse duros, podrían crear una nueva Merchant Shipping Act, con la diferencia de que en este caso, fuera de la UE, no tendrían que rendir cuentas ante un tribunal comunitario.
