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El Concello de Pontevedra saca a concurso el nuevo contrato del agua

Raimundo González Carballo
Raimundo González Carballo
Raimundo González anuncia que el gobierno municipal destinará unos 180 millones para este servicio, si se cumplen las previsiones

El Concello de Pontevedra licitará en las próximas semanas el nuevo contrato del servicio de abastecimiento de agua y saneamiento, una adjudicación que saldrá a concurso por 20 años y a la que el gobierno municipal destinará, según la previsión inicial, unos 180 millones de euros.

El portavoz del gobierno municipal, Raimundo González, ha avanzado este lunes que los técnicos municipales están ultimando los pliegos técnicos y administrativos de este contrato que serán aprobados antes de que venza el actual contrato, que gestiona la empresa Viaqua, el próximo mes de febrero.

Ante el retraso en la tramitación, el ayuntamiento pontevedrés deberá prorrogar el contrato de Viaqua, aunque lo hará solo durante los meses que dure el proceso de licitación ya que esta prórroga se vinculará con la nueva contratación.

En la licitación, el Concello de Pontevedra incluirá mejoras valoradas en unos 30 millones de euros, una inversión que las empresas que opten a esta adjudicación deberán realizar en los primeros años del nuevo contrato, "probablemente tres", según González.

Con ese dinero, el gobierno municipal quiere dotar de red de saneamiento a todas aquellas zonas rurales que actualmente carecen de este servicio, completar la red separativa de pluviales y fecales en el ámbito urbano y ampliar el suministro y abastecimiento de agua a las parroquias más cercanas a la ciudad.

Los técnicos municipales calculan que el coste de este contrato "apenas supondrá incremento" del coste que este servicio tiene actualmente para las arcas del Concello de Pontevedra, unos seis millones de euros anuales.

El edil del BNG ha añadido además que, a pesar de que se contempla la incorporación a este contrato de "nuevas prestaciones" en el servicio, no se incrementará el recibo que pagan los ciudadanos.

La mayoría de ellos, especialmente las viviendas particulares, podrían ver rebajada la factura al eliminarse del contrato el consumo mínimo establecido, por lo que la empresa solo cobrará a los abonados por el consumo real de cada domicilio o negocio.

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