La confrontación política que desató la construcción de los nuevos juzgados entre el Concello y la Xunta de Galicia parece haber llegado a su fin. Al menos así se desprende de la comisión de seguimiento del proyecto que se celebró este lunes en Santiago de Compostela, donde los representantes municipales y los autonómicos acordaron empezar a estudiar en conjunto la propuesta que hay encima de la mesa para construir el edificio y avanzar en la tramitación de la licencia de obras.
Las fuentes oficiales del Concello aseguraron que el encuentro se desarrolló en un clima de "diálogo e cordialidade" y que, al fin, se consensuó una fórmula para ceder los terrenos a la Administración autonómica. Esta pasa por un nuevo acuerdo del Gobierno local para transmitir a la Xunta la titularidad de las 32 parcelas afectadas, que ya han sido agrupadas en un solo solar de 6.600 metros cuadrados de superficie en el Catastro y el Rexistro.
La cesión se hará "libre de cargas e gravames" y requerirá de un último acuerdo de aceptación por parte del Consello de la Xunta de Galicia.
CINCO AÑOS DE TRÁMITE. El aparente desbloqueo de la actuación tiene lugar cinco años después de que el Concello y la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza firmaran un convenio de colaboración para construir el inmueble judicial.
La aprobación de un plan especial urbanístico y la expropiación de los terrenos complicó el proceso desde un principio, si bien el concejal de Patrimonio, Vicente García Legísima, recordaba hace unos días que la superficie ya fue puesta a disposición de la Xunta en febrero de 2013. Por su parte, el Gobierno gallego siempre se escudó en la falta de la titularidad de los terrenos para no licitar la obra, además de alegar que imprimió la máxima celeridad al proyecto licitando el diseño antes de tener esa titularidad.
La obra está presupuestada en 20 millones de euros y, si se respeta la propuesta ganadora del concurso de ideas, el nuevo edificio judicial tendrá una superficie de 12.000 metros cuadrados y una capacidad para más de 30 unidades judiciales y 15 salas de vista. Su ubicación está proyectada en los terrenos anexos a los actuales juzgados de A Parda.
El objetivo de su puesta en marcha será descongestionar las instalaciones judiciales de Pontevedra, tanto las de la zona Este como las de la Audiencia Provincial y del edificio de Xermán Adrio (recuperado provisionalmente para ubicar algunos juzgados sin espacio). Según los últimos datos publicados por las autoridades judiciales, en estas dependencias operan algo más de 370 trabajadores que atienden a unos 112.000 habitantes.
