La Xunta autoriza la licitación del nuevo edificio judicial de A Parda

El proyecto del nuevo edificio judicial de A Parda, empantanado durante años en una maraña administrativa y en un conflicto entre Concello de Pontevedra y Xunta de Galicia, ha cogido el impulso definitivo. El Consello del Gobierno autonómico autorizó este jueves el expediente de contratación de las obras, por procedimiento abierto, tramitación ordinaria y sujeta a regulación armonizada. La inversión prevista supera los 20 millones de euros.

El futuro edificio judicial contará con más de 21.000 metros cuadrados y espacio para albergar 28 unidades judiciales. Permitirá agrupar todos los juzgados dispersos ahora mismo en la ciudad en hasta tras sedes distintas y estará comunicado a través de una pasarela con el actual edificio judicial para formar un único complejo. La infraestructura comenzará su actividad con 15 unidades, que se corresponden con los cuatro juzgados de lo Social y dos de lo Mercantil de la Audiencia Provincial, los tres juzgados de lo Contencioso-Administrativo de las dependencias de la calle Xermán Adrio y seis juzgados de Primera Instancia ubicados en A Parda. En la práctica, significaría absorber todas las salas en las que no se traten asuntos de carácter penal, que se mantendrían en los viejos juzgados, en los que habría más espacio para la Fiscalía. Los representantes del Ministerio Público contarán con una planta más para mejorar la prestación de su servicio.

La futura construcción tendrá además dos sótanos, un archivo y un parking con capacidad para 240 vehículos. El aparcamiento estará reservado para funcionarios y demás plantilla del edificio.

El contrato incluirá también una serie de cláusulas sociales para garantizar condiciones de trabajo digno y fomentar la contratación de empresas de inserción laboral.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, informó este jueves de la licitación y, tras repasar el resto de infraestructuras judiciales impulsadas por su Ejecutivo en la comunidad, manifestó que solo falta que el Concello de Vigo actúe "coa mesma colaboración" de Pontevedra para que se pueda licitar la ciudad de la justicia olívica.

Lo cierto es que el cruce de reproches entre administraciones fue constante. Pontevedra pagó las expropiaciones en 2012, pero tardó en formalizar la cesión de los terrenos por complicaciones administrativas.