Sin duda, Ence es una de las grandes protagonistas cuando toca hacer balance del año en términos de economía. El futuro de la principal industria del municipio está ahora mismo en el aire, pendiente del desenlace de los recursos presentados por el Concello, la APDR y Greenpeace contra la prórroga de 60 años otorgada por el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy en enero de 2016.
La Audiencia Nacional debe dirimir el devenir de la fábrica, que sufrió un revés a mediados de marzo. La Abogacía del Estado anunció entonces que se allanaba en el caso, desistiendo de la defensa judicial de la ampliación de la concesión concedida al amparo de la Ley de Costas de 1988.
La decisión causó un enorme revuelo, y no solo a nivel de la empresa y sus trabajadores, sino también dentro de las firmas auxiliares que trabajan para ella y los sectores asociados, sobre todo el forestal y el del transporte. La sociedad calcula que su cese de actividad afectará a 5.100 familias en toda la comunidad autónoma y que, además, provocará la caída de un 28% del Producto Interior Bruto de la provincia de Pontevedra, la pérdida de la mitad de la actividad portuaria en Marín y la reducción de la inversión programada para la planta, cifrada en 350 millones de euros.
REGLAMENTO DE COSTAS. La creciente amenaza de un posible cierre movilizó a múltiples sectores, públicos y privados. En la esfera política, el presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, se dirigió con prontitud al Ejecutivo de Pedro Sánchez para pedirle una "rectificación" en el allanamiento, mientras que en la esfera empresarial se generó una gran alianza de empresas y asociaciones para reclamar la continuidad de la pastera.
Apoyos. Plantilla y patronal se movilizaron por la continuidad
La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) advirtió de que las cifras que desprende el posible cierre de la factoría "provocan pavor", teniendo en cuenta que Ence dispone de una plantilla fija de 400 empleados a los que suma 2.700 puestos de trabajo de contratistas del área industrial, logístico y del transporte, y 2.100 empleos del sector forestal gallego.
La polvareda se vio acrecentada cuando trascendieron los planes del Gobierno socialista, que inició una reforma del Reglamento General de Costas de 2014 para regular las ampliaciones y futuras ocupaciones del dominio público marítimo-terrestre. El texto, que todavía está en fase de redacción, propone un límite de 75 años para todas las concesiones –incluidas prórrogas– y aboga por prohibir las actividades industriales del litoral que pueden operar en zonas de interior. La patronal y el Gobierno gallego entienden que el marco legal que está sobre la mesa atenta contra sectores claves de la economía gallega, como son las industrias de mar-alimentaria. Por ello, se postularon a favor de una reforma de Costas que ciña el plazo de 75 años a las moratorias.
Los trabajadores emprendieron una ronda de movilizaciones, que llegó a Madrid en dos ocasiones para solicitar a Pedro Sánchez una vuelta atrás en sus planes. La última tuvo lugar en noviembre y llevó a 600 trabajadores de Ence y de empresas auxiliares hasta las puertas del Congreso de los Diputados para reclamar la continuidad de la actividad en Lourizán, donde ahora mismo tiene autorización para seguir funcionando hasta 2073.
Por su parte, la empresa, que ha culminado el proyecto de integración paisajística, exhibió músculo en la celebración del quinto aniversario de la ecoetiqueta Nordic Swan y la Distinción de Oro que le concedió la Comisión Europea. Y antes de finalizar el año, el grupo, que ahora lidera Ignacio de Colmenares, reafirmó su "compromiso" de defender la prórroga de la fábrica de Lourizán "ata as últimas instancias", entre las que incluye el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Pese a todo, cada vez hay más escenarios que contemplan el cierre de la pastera. La propia empresa ha derivado parte de la inversión prevista en Lourizán a Navia y ha anunciado que ya bajara ubicaciones alternativas en Portugal o Sudamérica. Y mientras tanto, entidades ajenas, como la agencia crediticia Moody’s, ya auguran que la firma podría compensar el posible cierre de la planta pontevedresa ampliando el negocio de las energías renovables y reforzando la actividad en Navia.
El Gobierno propone un tope de 75 años para las concesiones
La previsión de la Audiencia Nacional es emitir sentencia durante el primer semestre de 2020, pero lejos de poner fin a la historia. Ambas partes han avanzado que están dispuestas a apelar al juicio de Europa, lo que podría alargar el proceso hasta seis años.
Fuera de este caso particular, Pontevedra también ha sido testigo de movilizaciones de pensionistas que reclaman una pensión digna, y de sindicatos que siguen urgiendo la derogación de la reforma laboral. El municipio llegó a diciembre con 5.509 desempleados, un 3,7 menos que en 2018, y una vez más el sector servicios vuelve a reunir tanto el mayor número de demandantes como activos. La diferencia es que ahora las ofi cinas de Emprego están operativas en Benito Corbal.
