El retraso en la implantación del nuevo sistema de basuras, que hará obligatorio el reciclaje de restos de comida para producir compostaje, ha obligado al Concello a prorrogar el actual contrato con Ferrovial Servicios (la antigua Cespa). La Xunta de Goberno local aprobó este lunes la moratoria, que será de un año, hasta el 9 de junio de 2018.
El servicio, que incluye la recogida de residuos y la limpieza viaria en todo el municipio, no sufrirá modificaciones. Costará lo mismo (más de 5,9 millones de euros), mantendrá la misma plantilla (125 empleados) que hasta ahora y no introducirá ninguna contraprestación. La única diferencia es que el antiguo sistema convivirá con el nuevo, el del compostaje (que avanza a un ritmo más lento de lo previsto), durante el próximo año.
Durante este período, el Ejecutivo nacionalista deberá cerrar varios flecos pendientes. Uno de ellos es la compra de la red de composteros: los comunitarios, que se instalarán en los barrios urbanos para el reciclaje de los residuos orgánicos, y los individuales, que se distribuirán fundamentalmente en el rural para que los vecinos realicen esta misma operación en sus propias casas.
El nuevo sistema de reciclaje de los restos de comida a través de composteros convivirá con el tradicional plan de recogida de basura
En paralelo a este trámite, que es el paso previo a que el compostaje se extienda a los distintos vecindarios, como el de Campolongo o Monte Porreiro, el Concello deberá tramitar el plan de explotación del futuro contrato de basuras. A pesar de que todavía serían posibles nuevas prórrogas a Cespa, la intención del Gobierno local es introducir cambios en el servicio y sacar a concurso una nueva concesión.
La principal característica del futuro contrato será la introducción del compostaje en el sistema de basuras. Su puesta en marcha obligará a aumentar el personal que presta este servicio, que deberá recibir formación específica para atender los centros de compostaje, y a variar las rutas y las frecuencias de la recogida de residuos, sobre todo en el rural, en donde ya no se recogerá la basura orgánica debido al reparto de los composteros individuales.
A CANICOUVA. Otra de las modificaciones que deberá resolver Pontevedra tiene que ver con la posible instalación de un nuevo cubo, de color marrón, en el casco histórico y otras zonas del centro. En él se deberán depositar los restos de comida, que irán a parar a la futura planta de compostaje de A Canicouva, un proyecto que se ha reformulado y que todavía no está cerrado.
Las características del nuevo servicio de basuras, que pretende reciclar el 70% de los residuos orgánicos que se generan en el municipio, se especificarán en el Plan de Residuos que la Deputación diseña para Pontevedra.
La construcción y puesta en marcha de esta central reducirá los envíos de basura a la fábrica que Sogama tiene en Cerceda, que se encarga de su incineración, una práctica que se trata de evitar a nivel europeo. Según las últimas estimaciones, A Canicouva reciclará los restos de comida de 39.000 pontevedreses, lo que supondría tratar un mínimo de 5.700 toneladas de basura al año.
La implantación del servicio de compostaje y la activación de la citada planta conllevará, según el Concello de Pontevedra, un ahorro en el recibo: de entre diez y 30 euros al año. Eso sí, siempre y cuando el sistema funcione de forma correcta.
