El impago de tasas paraliza la licencia para construir el nuevo edificio judicial

El futuro edificio judicial de A Parda vuelve a ser víctima de la burocracia. El impago de la tasa por prestación de servicios urbanísticos mantiene paralizada en el Concello la tramitación de la licencia para construir la ciudad judicial de Pontevedra. La encargada de alertar del posible retraso del proyecto fue la concejala de Urbanismo, Carme da Silva, que este miércoles señaló que la situación no puede desatascarse hasta que se consigne la correspondiente tasa, que equivale al uno por ciento del coste de los trabajos, valorados en más de 20 millones de euros.

Los servicios municipales no podrán reactivar la tramitación del nuevo edificio judicial hasta que no se depositen los más de 200.000 euros de la citada tasa. La encargada de realizar este pago es la futura concesionaria de las obras, que la Xunta de Galicia todavía no ha adjudicado. De hecho, el proceso de licitación de la actuación se cerrará el próximo 9 de noviembre. El Gobierno gallego tiene dos opciones para agilizar este imprevisto: adelantar el pago del impuesto o esperar a que la adjudicataria se haga cargo de él cuando se cierre el contrato.

Da Silva recordó que el Ejecutivo autonómico podría haberse ahorrado tiempo y dinero si hubiese optado por otra fórmula para construir esta nueva infraestructura: la aprobación de un proyecto de incidencia supramunicipal. Esta figura de ordenación del territorio no solo evitaría el gasto de dinero en tributos fiscales, sino que permitiría a la Xunta ejecutar los trabajos sin el permiso del Concello.

La edil de Urbanismo aseguró, por otra parte, que los servicios del Gobierno local han recibido llamadas de empresas interesadas en saber cuánto dinero tendrían que pagar en concepto de impuestos para sacar adelante el proyecto.

LAS CARACTERÍSTICAS. La nueva ciudad judicial de Pontevedra comenzará a construirse el año que viene. Los trabajos cuentan con un presupuesto de 20,7 millones de euros, impuestos incluidos, y cuentan con un plazo máximo de ejecución de 24 meses.

Las empresas que opten al contrato podrán introducir mejoras, como la reducción de los plazos de construcción.

La apertura del edificio judicial de A Parda, para el que la Xunta ha reservado cinco millones de euros en los Orzamentos de 2016, supondrá la reunificación de las salas que actualmente están dispersas en tres sedes distintas en Pontevedra. El inmueble albergará 28 unidades judiciales, aunque comenzará su actividad con solo 15.