El inminente inicio del curso político ha hecho resurgir el debate en torno al sobrecoste de Pasarón, un campo de fútbol cuyas obras fueron adjudicadas por 7,2 millones de euros y que acabaron costando más del doble: 17,9 millones. Marea Pontevedra reclamará a la Deputación, ahora gobernada por el bipartito PSOE-BNG, que haga público el expediente y las cuentas que provocaron este desfase económico.
El portavoz municipal de la formación, Luís Rei, advirtió el pasado martes a la institución provincial que "se as contas non saen claras" llevará el asunto a Fiscalía. "O escurantismo sobre esta cuestión é absoluto", subrayó.
Las sospechas sobre la reforma del estadio pontevedrés llevó el año pasado al que fuera concejal de Deportes, el socialista Agustín Fernández, a presentar una denuncia ante el Ministerio Público. El pasado mes de mayo, la Fiscalía decidió archivar la querella interpuesta por el representante estatal, que sí advirtió en su escrito de conclusiones de que la actuación llevada a cabo en Pasarón "adolece de importantes y graves deficiencias administrativas".
La decisión del fiscal de Delitos Económicos, Augusto Santaló, supuso un espaldarazo para el entonces presidente de la Deputación, el popular Rafael Louzán, que fue señalado por el PSOE como el supuesto culpable del sobrecoste.
LA TITULARIDAD. La judicialización de las obras del estadio, que utiliza en exclusiva el Pontevedra Club de Fútbol, mantuvo paralizada la recepción del campo por parte del Concello.
A preguntas de este periódico sobre cuándo se formalizará el acta para que Pasarón se convierta a efectos legales en un estadio municipal, el concejal de Infraestruturas, Cesáreo Mosquera, mantiene la prudencia. "Estas cousas levan o seu tempo", asegura el edil del BNG, que recuerda que, en la práctica, el traspaso de la instalación deportiva de la Deputación al Gobierno local "está feito".
La reforma de Pasarón, cuya recepción se mantiene paralizada desde hace casi cuatro años, se inauguró oficialmente con un partido de la selección española de fútbol en septiembre de 2011. La obra fue adjudicada a la empresa Oreco que, desde aquel año y hasta la actualidad, logró varios contratos de la Deputación.
