El Servizo de Axuda no Fogar (SAF) asiste actualmente a 163 personas en el municipio de Pontevedra, de las que 90 son beneficiarias de la Lei de Promoción da Autonomía Persoal e Atención ás persoas en situación de dependencia y otras 73 son auxiliadas con fondos municipales al no tener la dependencia reconocida. Según los datos facilitados por el Concello de Pontevedra, para atender a estas 90 personas se destinan 847.692 euros, de los que la Xunta aporta 547.080 y el Ayuntamiento 300.612 euros. Esta cifra aumentó el pasado mes de julio, cuando la Consellería de Política Social decidió duplicar el número de horas de atención prestada, pasando de 3.000 al mes a 6.000, lo que permitió abrir el abanico a dependientes que estaban esperando para recibir el servicio a pesar de tener la dependencia reconocida desde tiempo atrás.
Según la ley, que se empezó a aplicar en 2007 con la asistencia a los casos más graves, la dependencia es el estado de carácter permanente en el que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, enfermedad o discapacidad y ligadas a la falta o pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesitan la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar las actividades básicas de la vida diaria. En el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental precisan otros apoyos para su autonomía personal. La dependencia puede afectar a cualquier persona, independientemente de su edad.
Las situaciones de dependencia se clasifican en tres grados, que determinan la cantidad y tipo de apoyo que necesita la persona, con una puntuación entre cero y 99. El Grao I es el dependencia moderada y, en la práctica, no hay ningún pontevedrés que se beneficie de las ayudas con esta valoración.
El Grao II, de dependencia severa, se concede cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida cotidiana dos o tres veces al día pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador.
El Grao III es el de gran dependencia. Lo tienen concedido las personas que precisan ayuda para realizar las actividades cotidianas varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial necesita el cuidado indispensable y continuo de otra persona o necesita apoyo generalizado para su autonomía funcional.
Algunas personas pagaron la asistencia de su bolsillo durante cinco años mientras esperaron a ser reconocidas como dependientes
Asimismo, el grado de dependencia de una persona puede revisarse en función de la mejoría o empeoramiento de su situación.
LISTAS FLUCTUANTES. En las 90 personas que atiende el SAF se incluyen todas las del municipio que tienen reconocido el Grao III y más de la mitad con Grao II, según informó el Concello. Se trata de listas "que se moven constantemente, en cuestión de dúas semanas ou un mes", apuntan fuentes municipales, debido al fallecimiento de los beneficiarios, a la variación del grado de dependencia o al cambio de servicios demandados.
La previsión de la Concellería de Benestar Social Municipal es que de aquí a fin de año se hayan cubierto las prestaciones a todos los reconocidos con el Grao II, ya que se están tramitando las 1.500 horas que quedan sin cubrir de las 6.000 fijadas por la Xunta, y la lista de espera quede a cero.
En Pontevedra es la empresa Clece la que presta este servicio, aunque el Concello tiene en marcha el proceso de contratación para renovar la adjudicación. Este trámite supondrá también la rebaja del precio por hora, lo que redundará en la posibilidad de incorporar a más beneficiarios.
OTRAS OPCIONES. El SAF es una de las opciones incluidas en el catálogo de prestación de atención a la dependencia. Hay dos alternativas a la hora de solicitar las ayudas: servicios públicos (teleasistencia y geolocalización, ayuda en el hogar, servicio de atención diurna o centro de día y residencia) y libranzas, esto es, que la persona recibe una ayuda económica para pagar un servicio privado, ya sea de centro de día o residencia o de asistencia en el domicilio.
Pontevedra solo cuenta con una residencia pública (la de Campolongo, con 97 plazas), aunque sí hay centros privados o con plazas concertadas.
PROCESO. El proceso para solicitar una ayuda adscrita a la Lei da Dependencia comienza con una visita a los servicios sociales municipales. Allí se solicita una valoración que determine el posible grado y nivel de dependencia.
Una vez definida la situación personal, los profesionales de los servicios sociales elaborarán un Programa Individual de Atención (PIA) que incluirá los servicios y prestaciones que el ciudadano necesite y que las administraciones tienen que ofrecerle obligatoriamente, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria y la existencia de vacantes en los servicios demandados.
La espera para recibir la prestación después de tener la dependencia reconocida puede ser de varios meses o incluso llegar a los dos años.
