''El sueño'' de varios cooperativistas de Pontevedra ''de tener una vivienda de protección autonómica se ha convertido en la peor pesadilla'', en un callejón sin salida en el que algunos afectados tienen atrapados los ahorros de toda una vida.
Así lo ha denunciado a este periódico la cooperativa Valdecorvos Dos, cuyos socios han invertido una media de 52.000 euros cada uno en un proyecto para el que todavía no se ha colocado la primera piedra: una promoción de 27 chalés proyectados en la zona Este por un precio módico de 181.901 euros más IVA por vivienda.
Los afectados alegan que decidieron apostar por esta iniciativa hace cinco años, ''en un momento en el que los precios de la vivienda se encontraban por las nubes''. Ahora no solo ponen el grito en el cielo, sino que han emprendido ''una batalla legal'' para recuperar el dinero invertido, ya que consideran que la posibilidad de disfrutar algún día de estas viviendas ''ha saltado por los aires''.
''Decidimos apostar por esto en un momento en que los precios estaban por las nubes'', explican los afectados
La cooperativa asegura haber descubierto ''graves irregularidades'' que impiden seguir adelante con el proyecto y, por lo de pronto, ha interpuesto una demanda judicial contra Xestur. El motivo es que, presuntamente, la empresa pública se ha negado ''a devolver las cantidades invertidas'', lo que ha provocado que la mayor parte de los afectados ''tengan paralizadas sus vidas y no puedan comprar una vivienda en la que crecer como familia''.
La cooperativa alega que los propietarios siempre pensaron que, si el proyecto sufría algún revés, Xestur ''podría quedarse con los avales, pero devolvería las cantidades invertidas''. Sin embargo, asegura que ha estado un año presentando reclamaciones ante la empresa pública y que en ningún momento recibió ''una respuesta que invitase a tener la esperanza de recuperar el dinero''. ''A las familias les parece especialmente grave que un organismo público no dé la cara, pues entienden que, al menos, también tenía la responsabilidad de velar por el desarrollo del proyecto'', critica la sociedad.
Al mismo tiempo, los afectados (unos quince pontevedreses), creían que el hecho de que el dinero fuese a parar a una empresa pública era símbolo de seguridad y señal de que ''el proyecto era solvente y contaba con el respaldo indirecto y la supervisión de un ente público''. Tiempo después, el sentimiento común es de máxima decepción.
VERSIONES OPUESTAS. Otro de los frentes contra los que dispara la cooperativa es la empresa Gescomar Galicia S.L, encarga de gestionar el proyecto. Hace unos dos años, los cooperativistas decidieron ''romper la relación contractual'' con dicha entidad, al entender que en este apartado también se daban ''graves irregularidades e incumplimiento de las obligaciones propias de su gestión''. En la actualidad, los afectados están dispuestos a dar un paso más y han ordenado a su bufete de abogados sondear las posibilidades de emprender ''acciones civiles o penales frente a esta empresa o sus responsables''.
Están dispuestos a dar un paso más y ordenan a su bufete sondear las posibilidades de emprender ''acciones civiles o penales''
Las partes aludidas admiten la existencia de contratiempos en el proyecto, pero lejos, muy lejos, de entonar el mea culpa. Los responsables de Xestur empiezan por señalar una ''aclaración importante'', y es que ''las graves irregularidades'' que denunciaron los afectados se ''refieren a la gestora'' (Gescomar Galicia S.L.) y que, por tanto, la empresa pública es ''ajena'' a los problemas de los cooperativistas con la misma.
Xestur asevera que la cooperativa fue la que solicitó la adjudicación de dos parcelas en Valdecorvos para la construcción de los chalés, lo que exigió el depósito de un aval bancario del dos por ciento en cada caso. Posteriormente, afirma que la cooperativa realizó 'varios ingresos a cuenta'', hasta destinar 124.482 euros a una parcela y 181.066 a otra. Dichas cantidades ''fueron entregadas por la cooperativa, no por los cooperativistas a título individual, con los que Xestur no tiene relación alguna''.
La empresa pública señala que las dos parcelas tienen capacidad para 27 chalés, por lo que reduce el cálculo realizado por los afectados y concluye que la cuantía entregada fue de ''11.316 euros por vivienda''. Además, recuerda que el precio de venta de los dos solares supera los 1,25 millones de euros y defiende que en todo momento colaboró ''en la búsqueda de viabilidad de la cooperativa''.
Como ejemplo de esta cooperación, Xestur asegura que aceptó destinar todas las cantidades aportadas a la promoción de una primera fase de los chalés, constituida por once de las 27 viviendas contempladas. ''Las únicas condiciones que puso para concentrar las aportaciones a cuenta fueron que la cooperativa garantizase la financiación de esta primera fase y la conformidad de la asamblea de cooperativistas''.
En cuanto a las perspectivas de futuro, la entidad evita admitir o descartar la posibilidad de revertir el dinero reunido a la cuenta de los afectados. Según dice, sus planes pasan por ''seguir apoyando en todo lo posible a la cooperativa para que sea viable, siempre que se respeten las condiciones establecidas para la adjudicación de las parcelas, que obligan tanto a la cooperativa como a Xestur''.
Los cooperativistas ''no han pagado ninguna factura'' de los servicios ofrecidos, denuncia Gescomar
GESCOMAR. Por su parte, los portavoces de Gescomar Galicia S.L. imprimen un giro de 180 grados a las acusaciones de la cooperativa y aseguran que los cooperativistas ''no han pagado ninguna factura'' de los servicios ofrecidos por dicha empresa como, por ejemplo, los estudios de arquitectura, la gestión de licencias, la publicidad de la promoción o la captación de socios. ''Nos deben unos 200.000 euros, por eso dejamos de trabajar con ellos'', explicaron a este periódico.
Las mismas fuentes afirman que Gescomar ofreció varias alternativas para impulsar la construcción de los chalés, como costear con fondos propios la licencia de una de las viviendas o permutar las cantidades adeudadas por un chalé. ''Dimos muchas facilidades y, aún por encima, nos encontramos con críticas'', añaden.
La promotora preveía iniciar las obras de la primera fase de las viviendas en noviembre de 2011, pero no tardaron en surgir los primeros obstáculos urbanísticos, de captación de socios y de financiación. La fecha quedó postergada hasta la primavera de 2013, pero finalmente no se llegó a licitar los trabajos.
El diseño original contempla la construcción de viviendas de 90 metros cuadrados repartidos en dos alturas. Todas disponen de dos plazas de garaje y un jardín privado de 60 metros cuadrados.
