La anulación por parte del Tribunal Constitucional (TC) de la normativa estatal en la que se basó el Concello de Pontevedra para elaborar la ordenanza que obligaba a cientos de edificios a pasar la ITV municipal abre la puerta a que los propietarios que hayan cumplido el trámite puedan reclamar sus costes.
El dictamen, que da respuesta a un recurso interpuesto por la Generalitat (que advertía al Estado de su falta de competencias de regulación urbanística, que corresponden a las comunidades autónomas), señala que la normativa que se creó invadía las competencias del Gobierno catalán. El Gobierno local de Pontevedra ha pedido un informe al respecto a su asesoría jurídica para establecer un criterio de actuación a partir de este momento. Las primeras noticias apuntan a que el Concello pretende mantener, por el momento, las ITV de los edificios, aunque parece que no podrá hacerlo por mucho tiempo en vista de la sentencia dictada por el TC.
La citada ITV era de obligado cumplimiento para los vecinos que pretendiesen acceder a cualquier ayuda o subvención
La sentencia implica que las comunidades de vecinos de Pontevedra que han cumplido la ordenanza (que afecta a los inmuebles anteriores a 1953 y a aquellas construcciones con protección patrimonial levantadas antes de 1925) puedan reclamar una compensación al Concello, pues fue una ordenanza municipal la que les obligó a contratar a empresas especializadas para que llevasen a cabo la citada inspección de los inmuebles.
Los últimos datos a los que ha tenido acceso este periódico desvelan que 167 propietarios de edificios ya han cumplido con la mencionada normativa (146 en el año 2015 y 21 más en el primer trimestre de 2016).
La ITV tenía como objetivo que la construcción obtuviese el Informe de Avaliación de Edificios que emite la Concellería de Urbanismo, el documento que, supuestamente, acreditaría el buen estado de los mismos.
La ordenanza, que entró en vigor en abril de 2015 al amparo de la citada normativa estatal recién desautorizada, contemplaba exigencias tales como la inspección de la estructura del inmueble, su cimentación, las fachadas interiores y exteriores, las medianeras, las cubiertas y las azoteas, así como las redes de electricidad y gas, saneamiento y medidas de extinción de incendios.
La citada ITV era de obligado cumplimiento para los vecinos que pretendiesen acceder a cualquier ayuda o subvención o incluso para los que quisiesen vender o alquilar, lo que propició un elevado nivel de cumplimiento.
