Los trabajadores de Elnosa han recibido un nuevo varapalo. Si hace un mes la empresa les comunicaba que aplicaría un Expediente de Regulación de Empleo extintivo para la cuarta parte de la plantilla, ahora se han topado con que la compañía amplía ese Ere a la totalidad del cuadro de personal, integrado en la actualidad por 60 empleados de carácter fijo.
La propuesta de la patronal contempla una aplicación del expediente por fases, que culminaría en agosto de 2019 con el despido de los últimos trabajadores que estén en ese momento en planta. La firma alega criterios de productividad y actividad, y se escuda en que no puede continuar activa si Costas no prorroga la concesión y si el Concello no concede licencia de obras para instalar la tecnología de membrana que demanda Europa. Precisamente, condiciona la aplicación del Ere a estos factores, solo que los trabajadores de Lourizán no están por la labor de firmar un acuerdo con desenlaces hipotéticos.
La proposición de la plantilla que está ahora mismo sobre la mesa contempla un Ere para un máximo de 33 trabajadores que se aplicaría en dos fases. La primera afectaría a 16 empleados y se haría efectiva a partir del 7 de enero, coincidiendo con la finalización de las negociaciones. La segunda fase afectaría a otros 17 y se materializaría en agosto de 2018, para cuando está prevista la finalización del desmantelamiento de la maquinaria asociada al mercurio (prohibido por la UE desde el pasado 11 de diciembre).
El presidente del comité de empresa, Avelino García, afirma que la plantilla no está dispuesta a aceptar ninguna otra propuesta que rebase esos máximos y que, en cualquier caso, peleará para que los empleados afectados abandonen la empresa "en las mejores condiciones económicas y sociales, como hemos defendido siempre".
HIPÓTESIS DEL CIERRE. Hasta hace unas semanas el grupo CUF, propietario de Elnosa, defendía que seguía interesado en mantener la fábrica con actividad y que tenía intención de invertir más de 40 millones para renovar su tecnología. Sin embargo, a finales de noviembre cerró la adquisición de otra planta en España (en Torrelavega), en la que ya ha anunciado que invertirá 55 millones de euros para adaptarla a la directiva comunitaria. La firma lanzó un mensaje de tranquilidad a la plantilla de Pontevedra, que no pudo evitar mirar con recelo la operación. Así, aseguró que dispone de fondos para asumir ambos proyectos, pero lo cierto es que la hoja de ruta planteada ante los trabajadores refuerza la hipótesis de que la química portuguesa podría acabar cerrando sus puertas.
Actualmente la factoría está centrada en el desmantelamiento de la maquinaria que empleaba para trabajar con mercurio y a la espera de recibir los equipos para iniciar la producción de hipoclorito de sodio con cloro importado.
