A Elnosa el tiempo se le agota. El grupo CUF, propietario de la clorera, asegura que está realizando "todos los esfuerzos a nivel técnico, administrativo y jurídico para mantener su actividad industrial en Pontevedra", pero en la práctica sus intenciones no se acompañan de hechos. Tanto es así que, si no solicita de forma inmediata una prórroga para seguir trabajando con mercurio, tendrá dos opciones: cerrar la planta el próximo 11 de diciembre (la fecha tope establecida por la Unión Europea para trabajar con mercurio) o reducir la producción a la simple fabricación de hipoclorito de sodio.
Ahora mismo está última opción va cobrando fuerza. Falta por ver es si se trata de una fase provisional (mientras no se cambia de tecnología) o definitiva. Lo que se da por hecho es que esto afectaría al cuadro de personal de la factoría pontevedresa. El presidente del comité de empresa, Avelino García, confía en que se trate de "un paso intermedio" en tanto en cuanto la empresa no instala la tecnología de membrana que demanda Europa. Además, espera que no afecte a la dimensión de la plantilla, integrada por 60 personas. Así, confía en que la mitad del cuadro de personal se dedique a la elaboración del hipoclorito de sodio y la otra mitad al desmantelamiento de la tecnología que se ha quedado obsoleta a ojos de la Unión Europea. Con todo, falta por ver si estos pronósticos concuerdan con la hoja de ruta de la compañía, que hasta ahora ha evitado pronunciarse sobre este asunto, tanto públicamente como delante de los trabajadores.
HIPOCLORITO DE SODIO. El nuevo sistema de producción implicaría la importación del cloro que ahora mismo se fabrica en la planta de Lourizán. Se presume que la materia prima procedería de alguna de las fabricas que posee en Portugal el grupo CUF, el tercer productor ibérico de cloro, que tiene una facturación anual próxima a los 300 millones de euros.
Actualmente Elnosa fabrica una parte, concretamente, cerca de 25.000 toneladas anuales. ¿Qué pasará si se limita al hipoclorito de sodio? Por el momento, se desconoce.
La única forma de esquivar los cambios en el sistema de producción y el cierre es obtener una moratoria de la Xunta de Galicia para seguir utilizando el mercurio durante dos años, mientras no cambia de tecnología. Sin embargo, es una opción que va perdiendo peso conforme pasan los días.
La directiva europea obligaría a Elnosa a importar cloro en el caso de que su producción se limite al hipoclorito de sodio
La tramitación de la prórroga es muy farragosa y se da por sentado que dará lugar a la presentación de las alegaciones desde el bando opositor. De hecho, cuatro de las siete productoras españolas de cloro que se han ajustado a la directiva europea ya han advertido de que presentarán sus quejas si este proceso sigue adelante, tal y como lo han hecho en la moratoria que ha empezado a tramitar el Gobierno cántabro para la fábrica de Solvay.
El Concello ha demostrado en varias ocasiones que tocará todos los palos posibles para evitar la consolidación de la clorera, al igual que otros colectivos ecologistas como Salvemos Pontevedra o la Asociación Pola Defensa da Ría, APDR. Además, hay que tener en cuenta que también hay que superar las particularidades de agosto, un mes en el que la Administración suele bajar el pistón a causa de las vacaciones estivales de los funcionarios y cargos con responsabilidad en la materia.
XUNTA Y ESTADO. El presidente del comité de empresa admite que "la verdad es que a día de hoy la cosa está difícil". "Aún hay margen para que concedan la prórroga de mercurio, pero por otro lado no se está moviendo nada", manifiesta García.
Según las fuentes consultadas, el único paso que ha dado la empresa es que ha presentado la documentación para renovar la Autorización Ambiental Integrada (AAI), un trámite que también depende de la Xunta de Galicia y que es requisito indispensable para seguir operando en Lourizán. Sin embargo, ni ha solicitado la prórroga (del mercurio) ni ha pedido que se apruebe un proyecto sectorial de incidencia supramunicipal, una figura urbanística que sí disfruta su convencina Ence y que le permitiría salvar la oposición del Concello a conceder licencia para implantar la tecnología que demanda Bruselas.
La concesión de Costas también dibuja un panorama incierto. El permiso caduca en 2018, pero la empresa no ha podido solicitar la renovación porque todavía adjuntó hace poco las alegaciones al expediente de caducidad (de la mencionada concesión) que abrió el Estado para dar cumplimiento a una sentencia del Tribunal Supremo. ¿Resultado? El tiempo sigue corriendo en contra de la clorera.
Cabe recordar que Ence presentó la solicitud de prórroga a finales de 2013, amparada en la nueva Ley de Costas, que contempla moratorias de hasta 75 años para industrias asentadas en dominio público marítimo-terrestre, como es el caso de Celulosas. La moratoria fue concedida dos años más tarde, en enero de 2016, por el Gobierno en funciones del PP. La resolución fue aprobada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y por un período de 60 años. La preocupación de los trabajadores crece cuando se compara la evolución de Lourizán con Torrelavega. El Gobierno cántabro empezó hace unos meses a tramitar la prórroga del mercurio y, aun así, los empleados de Solvay manifestaron recientemente su preocupación ante el poco margen de tiempo disponible y la posibilidad de que la moratoria no salga adelante.
