Elnosa está cada vez más cerca de borrar su rastro de la ría pontevedresa. El grupo Bondalti, propietario de la clorera, ha dado salida al desmantelamiento de la fábrica y, según indican fuentes oficiales de la empresa, las obras "ya han sido ejecutadas en un elevado porcentaje, estimado en más de un 75% del mismo".
Las máquinas ya han derribado el interior del edificio y retirado buena parte del tejado, si bien cabe recordar que esta primera fase de desarme no afectará a todo el complejo. Por el momento, se dejarán en pie el edificio de oficinas, los tanques de ácido clorhídrico y las depuradoras de agua y salmuera. Será de forma provisional y con fines logísticos, para dar apoyo al siguiente plan de actuación, el de descontaminación y rehabilitación de los terrenos.
Las mismas fuentes de la firma precisan que este último proyecto "se encuentra en fase de contratación para ser realizado en cuanto sea posible", con la idea de "iniciar la operación antes del otoño de este mismo año".
Imagen de las naves sin tejado. DAVID FREIRE
DERRIBO. Elnosa tiene aprobadas ambas actuaciones por parte de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, y también ha recibido el visto bueno del Ministerio para la Transición Ecológica, después de que este último le instase a retirar también las partes subterráneas de la fábrica, incluidos los pilotes y las placas de cemento. No puede quedar ni huella de la clorera.
El Concello capitalino concedió el pasado 13 de abril la licencia necesaria para iniciar los trabajos de desmantelamiento de la factoría, después de que el grupo presentase las autorizaciones de Medio Ambiente y Costas para llevar a cabo los trabajos. "É un paso moi importante para a recuperación da ría", anunciaba entonces la edil de Patrimonio Municipal, Carme da Silva.
Las obras de demolición fueron valoradas en 528.000 euros por la empresa propietaria de la clorera y el plazo de ejecución de las obras ha sido fijado en seis meses, por lo que, salvo imprevisto, finalizarán este mismo año. Los trabajos en cuestión comprenden el derribo de la mayor parte de la infraestructura de la clorera, con la demolición de áreas como la planta de tratamiento, vestuarios, tuberías, decantadores, las naves de almacenamiento de sal y cloro, y los depósitos de sosa, entre otras edificaciones que serán eliminadas para la recuperación del área de la ría que ocupa la factoría.
Sobre el plan de descontaminación se conocen menos detalles, pero las primeras previsiones trasladadas por la firma, cuando aún defendía la continuidad, contemplaban excavaciones de hasta 3,5 metros de profundidad para limpiar el principal foco de contaminación.
En todo caso, la clorera ocupa 13.500 metros cuadrados divididos en 16 áreas, que son propiedad de la Dirección General de Costas y que deberán ser devueltos al dominio público en buenas condiciones.
52 AÑOS DE HISTORIA. Elnosa, que comenzó a operar en 1968 en Lourizán, lleva cerca de dos años sin actividad. Su sentencia fue la directiva europea que prohibió la utilización de mercurio en procesos fabriles como el que desarrollaba la clorera y la no renovación del permiso de Costas para seguir operando en la ría pontevedresa.
En octubre de 2013, Xunta y Elnosa firmaron un protocolo para trasladar la fábrica en la comarca, pero fue un acuerdo que nunca se cumplió porque, según la compañía, los números no daban. Años más tarde el grupo CUF, entonces propietario de la firma, llegó a anunciar una inversión de 40 millones de euros para renovar la tecnología y eliminar el mercurio tal y como demandaba Europa, pero finalmente desistió del proyecto al no obtener la prórroga solicitada a Costas del Estado.
La movilización de los trabajadores y las reuniones mantenidas por la patronal no lograron cambiar la opinión del Gobierno central, que no solo rechazó la ampliación de la concesión (que sí concedió a Ence), sino que decretó la caducidad de la misma por dos causas: la ocupación ilegal de terrenos y la transmisión irregular del accionariado cuando Ence vendió la planta a Quimigal.
La aplicación de la directiva europea en cuestión obligó a la empresa a detener su actividad y eliminar 72 toneladas de mercurio de sus celdas de electrólisis. En febrero de 2018, de modo transitorio, comenzó a fabricar hipoclorito de sodio, pero ya con la amenaza de un ERTE que no tardaría en comenzar a ser aplicado a la plantilla. Unos meses más tarde, en noviembre, la empresa comunicaba oficialmente que abandonaba Pontevedra. Y en eso está.
El resto se vio afectado por un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), cuya última fase estaba previsto aplicar este mismo mes para los asalariados que continúan en activo.