Los empresarios alertan: "Si no se toman medidas habrá destrucción de empleo"

La patronal pontevedresa urge al Gobierno la declaración de un estado de fuerza mayor con medidas de ayuda para las empresas y los autónomos y una bajada inmediata de los impuestos sobre la energía y los carburantes
camion
photo_camera Un camión con una rueda pinchada este viernes por la acción de los piquetes en la huelga del transporte. DAVID FREIRE

Que el Gobierno central tome medidas y lo haga ya, de forma inmediata, o las consecuencias serán aún peores que las actuales, pues no solo mermarán el crecimiento de la actividad económica, sino que conllevarán la destrucción de puestos de trabajo. Esa es la advertencia unánime del empresariado pontevedrés, que critica que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haya decidido esperar hasta el día 29 para aprobar su plan nacional de respuesta al impacto de la guerra de Ucrania.

"Si durante los dos años de pandemia nos hemos acostumbrado a los reales decretos ley aprobados por urgencia, no entendemos por qué ahora que hay una guerra y se está desencadenando un parón brutal que afecta a la actividad de las empresas, el Gobierno se toma tres semanas. La invasión en Ucrania comenzó hace 22 días y el Gobierno nos está diciendo que aún tenemos que esperar otros 15 días más para tomar medidas, cuando venimos de una etapa de dos años en la que no había ningún problema en legislar un domingo por la noche. Por favor, pedimos coherencia", señaló este viernes el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), Jorge Cebreiros, quien añadió que el argumento esgrimido por el Ejecutivo de esperar a contar con el consenso de la UE no es razonable ni tiene sentido. De hecho, recordó que "Portugal ya ha tomado medidas independientemente de lo que le diga Europa, y también lo han hecho Francia, Italia y Alemania. Que aquí no nos digan que el motivo es que quieren consensuar, cuando llevamos dos años sin consensuar las cosas. Esto es urgente y de extrema necesidad, la construcción ha parado obras, la distribución se queda sin suministros... Esto es serio", urgió.

Portugal ya ha tomado medidas independientemente de lo que diga Europa; y también Francia, Italia y Alemania

 En términos similares se expresó el presidente de la Asociación de Empresarios de la Pequeña y Mediana Empresa de Pontevedra (Aempe), José María Corujo, quien indicó que, "aunque la desvinculación del precio del gas del coste de la factura eléctrica no sea una cuestión exclusivamente española y haya que valorarla a nivel europeo, afrontar la reducción de impuestos, del Iva, sí lo es y no tiene sentido que el Gobierno no la aplique ya".

También el gerente de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía, José Manuel García Orois, indicó que "hay una parte de política general de la energía que efectivamente debe ser tomada de acuerdo con el resto de socios europeos, pero hay cuestiones que son de carácter estrictamente estatal, que son competencia y potestad de cada Gobierno y el hecho de retrasar su aplicación está agravando la situación, que se encona cada día que pasa", dijo. "El paro del transporte es una especie de grito de alarma del sector, porque hay personas para las que su modo de vida está siendo sencillamente inviable", apuntó.

Retrasar la aplicación de medidas por parte del Gobierno está agravando la situación, que se encona cada día que pasa

Pero, ¿cuáles son las medidas que solicita el empresariado de la provincia? Por un lado, "medidas en la línea de desacoplar el precio del gas de la composición del mix energético, porque no tiene ningún sentido que el encarecimiento del gas esté trasladando un gasto excesivo en electricidad a los hogares y a las empresas", apuntó Cebreiros.

Asimismo, ven "urgente" la "declaración de un estado de fuerza mayor que permita a las empresas, y más a aquellas particularmente afectadas, aplicar los nuevos modelos de Erte del mecanismo RED contemplados en la reforma laboral, porque es evidente que muchas no pueden desarrollar su actividad como consecuencia del paro de los transportistas"; y "que se sigan poniendo en marcha procedimientos como el cese de actividad para los autónomos, la agilización de los Erte y la reducción de cotizaciones sociales tanto de autónomos como de empresas", añadió el presidente de la CEP, que recordó que "son medidas puntuales mientras dure esta crisis" y que "poner tope al precio de la electricidad está bien, pero a casi 180 euros/megavatio es aceptar casi el doble de precio que teníamos hace un año".

Las peticiones de la patronal también plantean "bonificar o reducir los impuestos, fundamentalmente el de hidrocarburos", una demanda que repitieron tanto desde la CEP como desde Aempe y la Cámara de Comercio. 

La economía la está desquiciando el precio de energía y carburantes y la parte más grande del pastel la lleva el Estado vía impuestos

"Lo que está desquiciando la economía y provocando tanta inflación es la subida del precio de los carburantes y de la energía en general y la parte más importante de ese gran pastel se la está llevando el Estado vía impuestos. A pesar de que en situaciones de crisis debería haber menos recaudación, se está incrementando y eso es algo que el Gobierno debe afrontar ya. La empresa no quiere subvenciones, sino que no la acribillen", apuntó Corujo.

 "Es importante asegurar una estabilidad en los precios de la energía", añadió García Orois. "Y el grado impositivo al que están sometidos tanto la electricidad como los combustibles es enorme, por lo que es necesario liberar esa carga de manera inmediata".

En definitiva, los representantes del empresariado señalan que "ya estamos viendo las consecuencias de todo esto: parones en las empresas porque no pueden hacer frente al coste energético o porque no pueden distribuir sus mercancías ni colocar sus productos por la huelga de transporte generada por el coste de los carburantes". Así, advierten de que "si el Gobierno sigue sin tomar medidas, afectará no solo al crecimiento de la actividad económica, sino que destruirá puestos de trabajo".