El posible replanteamiento del Ministerio de Transición Ecológica sobre la regulación del dominio público marítimo-terrestre, al aparcar la reforma del Reglamento de Costas para apostar ahora por actualizar la Ley vigente, ha provocado las primeras reacciones entre los sectores más afectados.
Los representantes del empresariado cuya actividad se concentra principalmente en la franja litoral han lanzado varias peticiones al Ejecutivo de Pedro Sánchez: la primera, que se ponga fin de una vez por todas a la inseguridad jurídica existente y se ofrezcan garantías a las empresas para desarrollar su actividad y seguir realizando inversiones en sus ubicaciones actuales; la segunda, que se tenga en cuenta la realidad específica de Galicia, donde las industrias vinculadas al mar juegan un papel tan importante a nivel socioeconómico; y la tercera, que antes de aprobar cualquier medida o reforma legal se negocie y se consensúe con los sectores afectados.
José María Corujo. AEMPE
"No se puede pretener limpiar una franja costera a pesar de lo que sea, porque se están jugando miles de empleos"
CLÚSTER MAR-ALIMENTARIO. El secretario general de Anfaco-Cecopesca (Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescado y Marisco), Juan Manuel Vieites, reiteró este miércoles que en materia de concesiones en el dominio público marítimo-terrestre "no puede haber indefiniciones en la legislación ni crearse problemas de inseguridad jurídica".
El portavoz de esta entidad que representa a cerca de 250 firmas del clúster marino y alimentario recordó que "la reducción de los plazos de las concesiones y el régimen de prórrogas" de los últimos tiempos "creó bastante incertidumbre e incluso pánico" entre las firmas afectadas, que "lo que quieren son garantías".
Vieites está de acuerdo con que "hay que cumplir estrictos controles de carácter medioambiental", pero señaló que "desde nuestro punto de vista no existe ningún impacto medioambiental ni paisajístico, ni un problema asociado a una ocupación que sea necesario replantear", dijo.
De hecho, afirmó que la mayoría de las empresas de este clúster "necesitan el agua del mar" para desarrollar su actividad y "por eso tenemos que estar cerca de él", de ahí que "las reformas del Reglamento de Costas y del artículo 135" planteadas hasta la fecha "lo único que han hecho es perjudicar y producir una distorsión grave a este peso socioeconómico tan importante en Galicia, que contribuye a crear PIB, empleo y cohesión social y territorial".
Javier Touza Arvi. (Armadores de Vigo)
"Antes de aprobar cualquier norma de este calibre primero hay que consensuar con los distintos actores afectados"
En la misma línea, apuntó que "irse a un polígono industrial tiene un coste" para las empresas ubicadas en dominio público y que "las hay que llevan más de 100 años en la costa", de ahí que reclamase "garantías para que puedan seguir invirtiendo en las zonas en las que lo vienen haciendo, cumpliendo que no haya impacto en el medio ambiente". "Queremos seguir desarrollando nuestra actividad y que las concesiones fluyan de manera normal, porque un recrudecimiento de requisitos y de la duración aplicable a las concesiones de las prórrogas podría perjudicar de manera importante a Galicia", declaró Vieites.
Por todo ello, el secretario general de Anfaco indicó que, si el Gobierno aparca la reforma del Reglamento de Costas que estaba sobre la mesa y actualiza la ley permitiendo a estas empresas seguir con su actividad en los emplazamientos actuales "bienvenido sea y aplaudiremos" y "si no, seguiremos exponiendo nuestros razonamientos", sentenció.
ARMADORES. En términos similares se expresó Javier Touza, presidente de Arvi (Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo). En palabras suyas, "lo peor que se puede producir es una situación de inseguridad jurídica", porque "estamos viendo continuos vaivenes y cambios de opinión" y el empresariado, "sobre todo a efectos de garantizar inversiones que en estos momentos están paradas a la espera de que haya una hoja de ruta clara, necesita que haya un texto legal definitivo".
Juan Manuel Vieites. Anfaco-Cecopesca
"Un recrudecimiento de requisitos y de la duración de las concesiones de las prórrogas podría perjudicar mucho a Galicia"
Touza también reclamó al Gobierno central que, a la hora de actualizar la Ley de Costas, "tenga muy en cuenta la realidad de Galicia, una zona muy dependiente de la pesca, 25 veces más que la media en Europa".
El portavoz de Arvi indicó que, con la propuesta inicial para modificar el Reglamento de Costas, "empresas del sector mar-industria estábamos recibiendo resoluciones a peticiones de extensión de concesiones con un margen muy estrecho o que incluso obligan a llevar a cabo demoliciones", de ahí que sea "absolutamente esencial" que "antes de aprobar una norma de este calibre, primero se consensúe con los distintos actores y con el sector privado" para "conseguir un equilibrio entre la sostenibilidad desde el punto de vista socioeconómico y desde el punto de vista ambiental", reiteró.
PYMES. También el presidente de Aempe (Asociación de Empresarios de la Pequeña y Mediana Empresa), José María Corujo, expuso la preocupación existente entre el empresariado, teniendo en cuenta la repercusión que puede tener "en Galicia y principalmente en esta provincia" cualquier cambio en la Ley de Costas, señaló.
Según declaró, no solo es necesario dar suficiente margen para adaptarse a las modificaciones legales sobre el litoral, sino que "hay que hablar, coordinar, facilitar y apoyar al mundo empresarial" porque "no se puede pretender limpiar de infraestructuras una franja costera a pesar de lo que sea. Se están jugando miles de empleos", dijo.
En todo caso, Larriba indicó que es la ley la que regula de forma clara el tiempo de permanencia que una concesión en dominio público marítimo-terrestre puede ser prorrogada y qué tipo de industrias y establecimientos está justificado que se mantengan en dicho dominio público". Por ello criticó la "ceremonia de confusión que ha pretendido extender un modelo que afecta a una instalación concreta a otro tipo de ocupación de dominio publico". En palabras suyas, es "una manipulación interesada que busca generar inseguridad entre los empresarios y, sobre todo, entre los trabajadores".
