A pocos meses de que la Audiencia Nacional se pronuncie sobre el recurso del Concello de Pontevedra y la APDR contra la prórroga del Gobierno de Rajoy a Ence, una decisión que, se adopte en el sentido que se adopte, abrirá una larga batalla sobre la permanencia de la pastera en la ría, el Círculo de Empresarios de Galicia salió este martes el paso del cambio de actitud del Gobierno sobre las autorizaciones para la ocupación de la franja de dominio público marítimo-terrestre.
La organización empresarial, que agrupa a las principales firmas de la provincia, es crítica con la decisión de la Abogacía del Estado de allanarse en la defensa del recurso contra Ence y denuncia las "consecuencias" del argumento utilizado por el Ejecutivo para cuestionar ahora la prórroga que en su día defendió. Este argumento se basa en un Real Decreto aprobado en 2014 que varía el Reglamento General de Costas y, entre otros asuntos, anula lo establecido en la Ley de Costas de 2013, donde se define como plazo máximo de explotación de las concesiones un total de 75 años, prorrogables por otros 75 más, computados a partir de la fecha de solicitud.
"Conserveras, astilleros o depuradoras podrían irse a A Gudiña, pero lo cierto es que se irán a Matosinhos o Indonesia"
Los empresarios hablan ahora de la "dudosa constitucionalidad" de un reglamento que modifica una norma superior, como es una Ley. "Es llamativo que se recurra a un Real Decreto para modificar un reglamento, cuando dicha modificación varía el espíritu de la ley, sin someterse al debate parlamentario y sin que existan razones de urgencia que justifiquen siquiera la omisión del trámite de consulta pública", sostienen los portavoces del Círculo de Empresarios de Galicia.
Además, inciden en que la decisión es "arbitraria" y "provoca una inseguridad jurídica que introduce una gran incertidumbre en el sector". Critican el "efecto retroactivo" que tiene sobre las prórrogas concedidas con anterioridad a la modificación y también el hecho de que "no se establezca una justa compensación para aquellos que ya cuentan con prórrogas al amparo de la Ley de 2013 y tienen organizados sus planes empresariales o industriales".
Los portavoces de la patronal hablan de un "aumento de la burocracia en un momento en que otros países están eliminando requisitos administrativos" y concluyen señalando que, "si bien es cierto que hoy en día prácticamente todo se puede emplazar en otro lugar, no lo es menos que los costes logísticos son un factor determinante para la viabilidad industrial. Ciertamente, conserveras, depuradoras o astilleros -en caso de que se vieran afectados- podrían irse a A Gudiña, pero la realidad es que se irán a Matosinhos... o a Indonesia", replican.
"La afección de la modificación podría afectar a casi 5.000 edificaciones de 80 municipios gallegos"
IMPACTO PAISAJÍSTICO. Los portavoces del Círculo de Empresarios entienden igualmente que "argumentar un impacto paisajístico para poner en peligro la continuidad de los cultivos marinos supone tanto como ignorar la idiosincrasia de las rías gallegas, en especial las Rías Baixas. Además de las bateas, la actividad del sector transformador de productos del mar se ha convertido ya en patrimonio histórico vinculado al mar y es parte sustancial en la cohesión social e interterritorial de las regiones costeras".
Entienden, por otra parte, que la afección de la modificación propuesta podría implicar "a casi 5.000 edificaciones de ochenta municipios costeros gallegos" y "no valora las consecuencias de la misma en términos de impacto económico y de empleo, ni tiene en cuenta el coste que para la administración van a suponer las pérdidas patrimoniales de las empresas afectadas, que previsiblemente repercutirán en futuros presupuestos".
