Ence Energía y Celulosas presentó este martes el recurso de casación que había anunciado contra la reciente sentencia de la Audiencia Nacional que anula la prórroga de su concesión, otorgada en 2016 por el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy hasta el año 2073.
La compañía insistió en que agotará "todas las vías jurídicas" en defensa de la prórroga y de los 5.100 empleos directos e indirectos vinculados a su actividad. No obstante, también contempla el supuesto de que la batalla judicial termine en contra de sus intereses y, de hecho, ya ha hecho números de lo que costaría este escenario. Hace tres meses la sociedad pidió tiempo extra Comisión Nacional del Mercado de Valores para intentar cuantificar el coste de la crisis de la fábrica pontevedresa y el martes presentó las cifras. El resultado es que "la sociedad ha registrado en sus cuentas el impacto de un eventual cierre de su biofábrica de celulosa de Pontevedra por importe de 196 millones de euros", que atribuye a las sentencias dictadas en julio por la Audiencia Nacional.
Según informó la propia compañía, la clausura obligaría a hacer un desembolso de 48 millones (para costear operaciones como el desmantelamiento de la fábrica y la liquidación de contratos), así como un importe por cuantificar "del Ere" que prevé aplicar a la plantilla (integrada por cerca de 450 trabajadores directos). A esto se suma el deterioro del valor de los activos vinculados a la fábrica a causa de la batalla judicial, valorado en 148 millones.
En todo caso, Ence comunicó que ha vuelto a beneficios en el segundo trimestre de 2021, sobre todo por "los altos precios de la celulosa y la eficiencia y buen desempeño operativo" de sus plantas. Concretamente, obtuvo beneficios de 12 millones entre abril y junio, frente a las pérdidas de 13 millones que contabilizó ese periodo el año anterior.
Ence asegura tener "un balance muy saneado", con una deuda de 43 millones en el negocio de Celulosa y otra de 133 milones en el de Energía Renovable, y más de 380 millones de caja disponible.
En la opinión de este último, se debe explorar "calquera solución" en la dirección de anclar los puestos de trabajo, pero exige que las fórmulas de escape sean "reais" y se puedan llevar a cabo.
Para este comité el escenario planteado por la Xunta es "preocupante" pues teme que el objetivo se limite a "deixar correr o tempo enredándonos en consultas legais, que podían ter feito". Los trabajadores insisten en que el tiempo corre en su contra y en que hace unos años ya se hizo un intento para pasar los terrenos al puerto de Marín que resultó frustrado. Por ello, sigue "firme" en la defensa de que se analicen todas las soluciones posibles, incluidas el traslado, pero rechazando fórmulas de distracción.
"O que non queremos é que as administracións se desentendan do noso problema enredándonos con cantos de sereas", señalaron.
"NO ES VIABLE" LA INCORPORACIÓN AL PUERTO. La propuesta de traspasar los terrenos de Ence a la Autoridad Portuaria de Marín para permitir la continuidad de la fábrica en Lourizán tiene un recorrido difícil para llegar a buen puerto y, como era presumible, ha suscitado reacciones opuestas. A favor están la Xunta y el comité de oficinas, que defienden la continuidad. Y en contra las administraciones estatal y local, que reclaman el traslado.
La estrategia de incorporar la pastera al recinto portuario fue planteada por CC OO y apadrinada por la Xunta para intentar sortear la reciente sentencia de la Audiencia Nacional, que ha declarado nula la prórroga de la concesión vigente. Sin embargo, el Gobierno central, del que depende que se ejecute o no esta maniobra, ya advirtió en la última mesa de diálogo que no cabían más fórmulas que la del traslado y ahora, frente a esta propuesta del Gobierno gallego, reincide en esa idea. En que, salvo que el Supremo diga lo contrario, la legislación vigente impide a la fábrica de celulosas seguir en Lourizán.
Guillermo Meijón. Diputado socialista
"Lo que debería hacer la Xunta es convencer a la empresa para que busque una nueva ubicación"
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, encargado de regular este tipo de concesiones, evitó este martes declaraciones, pero sí se pronunció el diputado socialista Guillermo Meijón, quien considera que la Xunta "está tratando de burlar la ley" con esa propuesta y quien avanza que "cualquier solución que pase por burlar la legislación no nos parece viable ni legal".
Al igual que hizo hace tres semanas en Pontevedra el secretario de estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, el socialista cree que "no está bien crear falsas ilusiones con fórmulas de este tipo" y que, a su juicio, están condenadas al fracaso. En su opinión, "lo que debería hacer la Xunta es convencer a la empresa para que modifique su posición y entre en el diálogo para buscar una nueva ubicación", para la que el Gobierno central continúa ofreciendo medios y ayudas.
El PSOE insiste en que el traslado es factible y por ello pone en entredicho el informe presentado por Ence, en el que una consultora concluye que ninguna de las 440 localizaciones examinadas en Galicia cumple los requisitos para una pastera.
CONCELLO. Por su parte, el Concello de Pontevedra mantiene su rechazo a que Ence se adscriba al puerto de Marín. Lo hizo en 2005, cuando Alberto Núñez Feijóo era conselleiro de Política Territorial en la Xunta de Manuel Fraga y planteó esta medida para sacar adelante el proyecto de fábrica de papel tisú; continuó en 2011, cuando se discutía el fin de la concesión a la pastera y vuelve a hacerlo ahora. "Volver a esta vía é crear espectativas absurdas e marear os traballadores", señaló este martes el concejal de Ordenación do Territorio, Cesáreo Mosquera.
El edil del BNG recordó que cuando el Gobierno gallego planteó este escenario hace 16 años obtuvo el informe negativo de tres técnicos municipales, entre ellos juristas e ingenieros, y el no de Francisco Javier Jiménez de Cisneros, ponente de la Ley de Puertos, de la Ley de Costas y de la Lei do Solo, y que aseguró en sus conclusiones que la idea era "irracional".
Cesáreo Mosquera. Edil de Ordenación do Territorio
"Os terreos de dominio público marítimo-terrestre gozan dun carácter inalienable e imprescriptible"
Mosquera apeló a estos documentos, que indicaban que la regulación no contemplaría la posibilidad de vincular la actividad industrial de la pastera al puerto, y recordó que la iniciativa que ahora rescata el PP en la Xunta y que apoyan los comités de empresa, vulnera la Ley. Los terrenos de dominio público marítimo-terrestre, que es donde se asienta Celulosas, gozan de un carácter "inalienable, imprescriptible e inembargable", un precepto que también se recoge en el artículo 132.2 de la Constitución española. "Neste momento sería peor porque sería saltarse unha sentenza. Tería moito menos percorrido que o plantexado no ano 2005", dijo en referencia a la resolución de la Audiencia Nacional que anuló la prórroga de 60 años otorgada a Ence por el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy.
El nacionalista indicó que la propuesta que el Ejecutivo de Feijóo trasladará al Gobierno central busca "vías fraudulentas e prevaricadoras" y puso en entredicho el contenido del informe que se encargará al Consello Consultivo de Galicia para comprobar la viabilidad de la recalificación de los terrenos. "Todos sabemos como funciona", señaló en referencia a la elección de los miembros de este organismo, que para emitir cualquier informe precisa la firma del presidente y uno de sus cuatro consejeros. "É previsible que saque calquera ditame esotérico. Un paso sen ningunha relevancia", añadió.
Mosquera reiteró que "non hai alternativas" para que Ence mantenga su actividad industrial al lado de la ría de Pontevedra y recordó que la Autoridade Portuaria de Marín está sujeta a casi las mismas reglas del dominio público. "Só se pode ocupar por cousas imprescindibles", señaló.
Rafa Domínguez. Portavoz del PP local
"El alcalde no está respetando a las 500 familias que se van a ir al paro; pido a todo el mundo que se rebaje la tensión"
PARTIDO POPULAR. A quién sí le parece bien adscribir Ence al puerto de Marín es al PP local. Su presidente, Rafa Domínguez, compareció este martes ante la prensa para asegurar que esta alternativa puede "mantener la actividad" de la empresa en Lourizán y que "tantas familias mantengan el empleo incluso con una sentencia en contra".
El líder del principal partido de la oposición aseguró que esta es "la única solución viable en este momento" y pidió al alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, y al PSOE a nivel nacional, que valoren esta opción, que ya se descartó en la última mesa del diálogo impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica.
Domínguez también hizo una petición pública para no caldear el conflicto de Ence. "Le pido a todo el mundo que rebaje la tensión", dijo tras referirse únicamente a Lores, a quien culpa de "no respetar a las 500 familias que se pueden ir al paro" y de gobernar "desde el rencor y la prepotencia". "Llamar a los trabajadores Enceborroka no ayuda", subrayó.
