La decisión de la Comisión Europea de expedientar a España por los criterios normativos que utiliza para otorgar concesiones costeras y prorrogarlas suscitó este jueves valoraciones dispares sobre los efectos que puede tener en la costa gallega y, por extensión, en Ence, cuya prórroga de la concesión acaba de ser validada por el Tribunal Supremo.
A un lado de la balanza se sitúan el Gobierno gallego y la empresa, que directamente "descarta" que este procedimiento pueda afectar a su prórroga. Y al otro lado se colocan el Concello, la Deputación y la APDR, que ven en esta pronunciamiento de la CE una prueba fehaciente de que hay opciones para trasladar la batalla judicial contra la permanencia de la pastera al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Ence descarta que los cambios puedan ser retroactivos
Fuentes oficiales de Ence indicaron que, a falta de conocer la sentencia del Tribunal Supremo, el alto tribunal ya ha avalado la "legalidad" de la prórroga concedida hasta 2073 y que, en todo caso, ésta no se verá afectada por "modificaciones legislativas" posteriores.
La compañía precisó en un comunicado que, aún en el supuesto de que el procedimiento de infracción obligase a modificar la Ley de Costas, los cambios no tendrían "carácter retroactivo". Además, recordó que en 2015 el Tribunal Constitucional ratificó la legalidad de las prórrogas extraordinarias que se concedieron al amparo de la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral de 2013, entre las que se encuentra la de propia la pastera.
Ence subrayó que el Constitucional rechazó el recurso que presentó el PSOE contra esa Ley de Costas por entrar en contradicción con la Directiva de Servicios, aunque cabe recordar que es precisamente esta directiva a la que alude la Comisión Europea a la hora de abrir expediente.
La Xunta cree que solo afecta a las prórrogas automáticas
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se pronunció este jueves en una línea similar a la empresa. El popular cree que el expediente abierto por la Comisión Europea no afecta a Ence, pues considera que pone el foco en las prórrogas "automáticas" y no en las que se otorgan con "unha avaliación previa das circunstancias", como dijo que ocurrió en el caso de Ence.
Rueda remarcó que el Supremo se ha pronunciado "claramente", para luego reclamar que "non se volvan poñer en perigo os postos de traballo" y que no se caiga en la "tentación de xerar incerteza".
Rueda se mostró convencido de que, dado que las exigencias de Bruselas a España "non son novidosas", el alto tribunal "coñecía estas circunstancias" cuando valió la prórroga de Ence. Además, descartó que el expediente pueda "entrar en colisión" con la Lei de ordenación do litoral que tramita el Ejecutivo gallego.
El Concello ratifica que seguirá con la batalla judicial
En sentido opuesto, el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, interpretó el toque de atención de Bruselas como la prueba de que la prórroga de Ence "é un ataque á lei de costas" y de que existen muchos "argumentos" para seguir con la batalla judicial contra la permanencia de la pastera. "É positivo porque coincide coa loita que estamos a levar para recuperar os terreos e coa idea de que a prórroga foi ilegal (...). Confirma o noso posicionamento", señaló a preguntas de los medios.
El nacionalista indicó que los asesores jurídicos estudiarán "en profundidade" la sentencia del Tribunal Supremo (prevista para estos días) y que a partir de ahí se establecerán las líneas judiciales a seguir. Una opción es el Tribunal Constitucional y otra el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En consonancia con las palabras del regidor, la presidenta de la Deputación, Carmela Silva, consideró que el aviso de la Comisión Europea demuestra que los socialistas pontevedreses están "en el lado en el que hay que estar" y que tienen "razón" cuando defienden "que los lugares más valiosos de la naturaleza tienen que ser recuperados".
Por su parte, el vicepresidente de la institución, el nacionalista César Mosquera, señaló que los reproches que traslada ahora la Comisión Europea ya figuraban en el recurso que presentó el Concello contra la prórroga de Ence en la Audiencia Nacional. "Os que cantan vitoria diciendo que isto está acabado están cando menos sendo imprudentes", advirtió.
El expediente fue abierto a raíz de "una denuncia"
Según fuentes oficiales, la Comisión Europea incoó el expediente de infracción a España raíz de "una denuncia" dirigida al órgano europeo, aunque sin llegar a desvelar su autoría. Fuentes extraoficiales apuntan que con toda probabilidad la CE "lleva tiempo estudiando el caso", pero que es ahora cuando se ha decidido a abrir el proceso.
Qué se denuncia
La Comisión Europea considera que España infringe la Directiva de Servicios, una norma comunitaria aprobada en 2006 y que pretende "eliminar los obstáculos al comercio de servicios dentro de la UE". La Comisión estima que la Ley de Costas vulnera esta directiva al conceder concesiones en terrenos de dominio público marítimo-terrestres sin garantizar la libre concurrencia y al prorrogar estos permisos por "hasta 75 años" sin recurrir a un proceso "abierto" y transparente" (sin ofrecer estos terrenos a otros posibles concesionarios).
Proceso y efectos
La Comisión ha enviado una carta al Gobierno central para que éste señale si considera o no que se ajusta a la Directiva de Servicios. El encargado de pronunciarse es el Ministerio para la Transición Ecológica, cuyos responsables indicaron este jueves que "se está estudiando" la petición. El procedimiento continúa con una fase de diálogo y, si no hay consenso, la Comisión se reserva el derecho de recurrir al Tribunal de Justicia de la UE. Este último es el que decide si impone sanciones o, si es el caso, ordena un cambio de leyes.
La Unión Europea ya amenazó con sanciones por el estado de la ría
La incoación de expedientes de infracción por la parte de la Comisión Europea es algo relativamente frecuente. En el caso de Pontevedra la Unión Europea incoó en 2001 un expediente sancionador a España por el estado del saneamiento en la ría y en 2014 la Comisión Europea acabó denunciando esta situación ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
En 2016 este último tribunal certificó que en la ría de Pontevedra se incumplía la directiva europea sobre tratamiento de aguas residuales, aunque sin llegar a imponer sanciones económicas debido al compromiso de las autoridades competentes de mejorar la situación. Como consecuencia, llegaron las obras de mejora de la depuradora y los trabajos de instalación de nuevas redes para canalizar aguas pluviales y fecales, de las que algunas todavía están en ejecución o pendientes.
En la ría de Vigo la UE llegó a comunicar (en 2005) una multa de 20 millones de euros por contaminación.
Celulosas se adhiere a la Alianza Industrial Gallega del Hidrógeno Verde
Ence se adhirió este jueves a la Alianza Industrial Gallega del Hidrógeno Verde, una organización que cuenta con la participación de más de 700 empresas, instituciones y agentes sociales y que pretende convertir la comunidad gallega en una "referencia internacional" en la generación de este combustible, producido mediante el uso de energías renovables. La firma de se llevó a cabo en Santiago de Compostela, donde la secretaria xeral de Industria, Paula Uría, destacó que la incorporación de Ence supone "dar un novo paso para converter Galicia nun polo de atracción de investimentos".
El acto también contó con la asistencia del director territorial de Ence en Galicia, Antonio Casal, quien destacó que la adhesión constituye "un nuevo paso" en el compromiso de la empresa "con la comunidad gallega, la descarbonización del sistema energético y la sostenibilidad". Además, incidió en que "el hidrógeno verde se presenta como una oportunidad única para seguir avanzando en el desarrollo industrial sostenible".
