La decisión del Gobierno de no defender la prórroga de Ence en Pontevedra frente a los recursos presentados en la Audiencia Nacional desató en estos días múltiples reacciones e interpretaciones respecto a las consecuencias que tendría una anulación del plazo de 60 años concedido en 2016 por el gobierno de Mariano Rajoy.
La empresa cuenta desde esta misma semana con el beneplácito de sus accionistas para defender judicialmente su actual posición «hasta las últimas instancias». Pero también para buscar nuevas localizaciones a la producción de pasta papel que ahora mismo sale del complejo de Lourizán. El consejero delegado del grupo, Ignacio Colmenares, anunció ante la junta que en caso de un cierre en Pontevedra la compañía buscará alternativas de inversión fuera de España. Además, cifró el coste de esa hipotética "reapertura" entre los 800 y los 1.000 millones de euros.
De la planta pontevedresa de Pontevedra dependen de forma directa e indirecta más de 5.100 empleos y/o familias. La plantilla actual en Lourizán ronda los 400 operarios, a los que se unen otros 2.700 puestos de trabajo de contratistas del área industrial, logística y del transporte, así como cerca de 2.100 empleos en el sector forestal gallego directamente dependientes de la actividad de Ence-Pontevedra.
Quedaba por saber el gasto ordinario que la operatividad de la fábrica provoca dentro de la comunidad gallega. Y una consulta de los accionistas durante la pasada junta general ha hecho que Ence desgrane este volumen de gasto generado a partir del complejo industrial de Lourizán.
Según la empresa, cada día de 2018 Ence compró bienes y servicios por valor de 356.184 euros, de los cuales 150.684 se gastaron en el área de Pontevedra. En total, 130 millones de euros al año, de los que 55 se quedan dentro de la comarca pontevedresa.
Este nivel de generación de actividad económica convierte a Ence en el primer operador local, exceptuando a las administraciones públicas y a las entidades financieras.
De acuerdo con la información facilitada, las compras de maquinaria, instalaciones y equipos de todo tipo sumaron el ejercicio pasado un total de 14,1 millones de euros dentro de la comunidad gallega. Y de ellos, 12,3 millones se realizaron directamente en Pontevedra.
La mayor parte del volumen de gasto ordinario de la compañía en Galicia guarda relación con la compra de materias primas. Estas operaciones efectuadas por Ence Pontevedra a lo largo de 2018 supusieron un gasto ligeramente superior a los 96 millones de euros. Y de esta cantidad, 31 millones se quedaron de manera directa en la comarca pontevedresa.
A su vez, el volumen de las compras para otro tipo de servicios ascendió a 19,3 millones de euros, siempre de acuerdo con las cuentas que facilitó la compañía en relación al ejercicio económico de 2018. De este dinero, la mayor parte, cerca de 12 millones, fue destinado a empresas radicadas en Pontevedra.
La compañía espera que la decisión de la Audiencia Nacional respecto al allanamiento del Gobierno en los recursos contra la prórroga de su concesión en Lourizán se produzca en los próximos dos meses. Los jueces podrían seguir adelante con el estudio de los recursos presentados por el Concello, APDR y Greenpeace o directamente aceptarlos.
En este caso, a Ence le quedaría todavía la posibilidad de apelar ante el Supremo y, después, ante el Tribunal Constitucional. La batalla judicial, de seguir este curso, podría prolongarse durante al menos seis años más según las estimaciones de los juristas.
