La guerra judicial en la que se ha visto envuelta Ence sumó este miércoles un nuevo y esperado capítulo. Los representantes jurídicos de la compañía presentaron sus alegaciones contra la decisión de la Abogacía General del Estado de allanarse ante los recursos judiciales en marcha, presentados por el Concello, la APDR y Greenpeace, contra la prórroga de 60 años aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en enero de 2016.
Las alegaciones han llegado en el último día hábil del plazo, con la intención de frenar las consecuencias del allanamiento. La espantada de la Abogacía del Estado aboca a la Audiencia Nacional a aceptar los recursos y dar por hecho que Ence debe abandonar la ría de Pontevedra como muy tarde en 2033, 75 años después de su implantación en Lourizán. El PSOE, desde el Gobierno y desde Galicia, apela a un posible traslado de la actividad industrial dentro incluso de la comarca de Pontevedra. Pero la empresa nunca ha garantizado ni que este movimiento sea viable ni el más barato, ni siquiera el más estratégico para el grupo, que podría seguir ampliando su capacidad de producción en Navia (Asturias).
Los trabajadores de la factoría están llamados hoy a una reunión con los responsables de la pastera
El miércoles, el consejero delegado de Ence, Ignacio de Colmenares, visitó la fábrica de Lourizán y se reunió con sus cuadros de dirección, a los que trasladó la posición de la compañía en el escenario actual. Este jueves, los trabajadores están llamados a participar en una reunión con mandos de la factoría.
Los jueces de la AN no tienen un plazo cerrado para adoptar una decisión. Pero su resolución, sea la que sea, no hará más que iniciar otra larga batalla judicial. Todas las partes han anunciado ya que recurrirán cualquier fallo contrario a sus intereses, lo que trasladará el futuro de Ence en Galicia hasta el Tribunal Supremo en un nuevo procedimiento judicial que podría consumir hasta seis años.
En la Xunta, tras el anuncio del presidente gallego ante los empresarios de Pontevedra, donde aseguró que el Ejecutivo autonómico "ejercerá todas sus competencias en defensa de los empleos de Ence", varios departamentos están ya analizando "todos los escenarios posibles", tanto los que apuntan hacia la permanencia como hacia la desaparición de la pastera. Ese estudio incluye posibles vías de acción al alcance de la Xunta para lograr que Ence se quede en Galicia. Entre ellas, un posible personamiento como parte interesada en el conflicto judicial. El apoyo de Feijóo a la empresa es firme y público. El presidente instó la pasada semana al Gobierno de Sánchez a "rectificar".
Por su parte, la firma ha decidido congelar las inversiones previstas a largo plazo en Galicia, aunque mantiene sobre la mesa las partidas inversoras que asumió en su día, especialmente el desarrollo del plan social pactado con la Xunta y por el que la compañía de Energía y Celulosa destina tres millones de euros anuales a proyectos realizados por colectivos de la comarca.
La Plataforma de Apoyo a la Industria, por su parte, también ha anunciado que ejercerá "todas las maniobras posibles" para conseguir que Ence siga operativa en su actual ubicación. La delicada situación del grupo ya ha sido objeto de debate en la Confederación de Empresarios de Pontevedra, cuyo comité de dirección se posicionó en contra de la decisión del Gobierno de Sánchez que, según expresaron, "genera una inseguridad jurídica que podría repercutir en futuras inversiones".
Sus títulos cotizan este jueves de salida a 5,04 euros. El Ibex 35 cayó un 0,91% en la sesión del miércoles, borrando los avances de la jornada previa, que lo acercaban a los 9.500 puntos. Los mayores retrocesos los sufrieron CaixaBank (-3,43%), IAG (-3,19%), Sabadell (-3,14%), Arcelormittal (-2,82%), Aena (-2,46%) y Acerinox (-2,21%).
